Suntracs acude a la CIDH; piden auditoría del sindicato

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, para que le ordene al Gobierno panameño garantizar el derecho a la asociación y manifestación, en especial a los 14 miembros de la junta directiva.

Esto, luego de que la Caja de Ahorros, entidad estatal bancaria donde la organización mantenía 18 cuentas bancarias, decidiera terminar la relación con la organización el pasado 13 de noviembre tras haber “detectado movimientos fuera del perfil de la cuenta”, según indicó a este medio una fuente de la banca que solicitó reserva de su identidad.

Entre las cuentas cerradas hablan de la 'cuenta madre' que emplea el sindicato para hacer pagos a choferes, secretarias y planilla en general en las nueve sedes del sindicato a nivel nacional. Hasta ahora se desconoce la cantidad de dinero que mantenía el sindicato en la Caja de Ahorros, tampoco el sindicato lo ha revelado.

En la demanda ante la CIDH, el gremio señala que tanto el mandatario Laurentino Cortizo, como el ministro de  Seguridad, Juan Manuel Pino, han manifestado que el sindicato tiene agendas ocultas y que buscan desestabilizar el país.

En consecuencia, el Suntracs solicita a la Comisión que el Estado panameño adopte las medidas para garantizar el libre ejercicio del derecho de manifestarse en el país.

Una fuente de la organización dijo a 'La Decana' que cuando se acercan a la banca para depositar los cheques que emitió la Caja de Ahorros, “los reciben porque son de gerencia desconociendo la procedencia, pero después (cuando se enteran que son los cheques de las cuentas cerradas) nos llaman para devolverlos”. Los bancos no están obligados a ofrecer explicaciones al cliente al rechazar los cheques, pero los sindicalistas especulan que existe una directriz de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para que no los reciban.

“Es posible –indicó previamente un banquero a La Estrella de Panamá– que el banco en cuestión “observó transacciones sospechosas y con base en eso tuvo que hacer un reporte de operación a la UAF”, adscrita a la Presidencia de la República. Los otros tres bancos donde mantiene cuentas el sindicato, “tal vez no quieren expandir la relación y menos cuando otro banco le cerró la cuenta por actividades sospechosas”, añadió el banquero.

“Nadie se ha atrevido a hacer una cosa como esa a pesar de que hemos participado en muchas protestas”, dijo este jueves el secretario del sindicato, Saúl Méndez, en medio de una paralización nacional convocada por el movimiento Panamá Unido, del cual forma parte el sindicato, que detuvo la actividad del país por 24 horas en reclamo a la derogación del contrato minero suscrito entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals. La jornada de protestas cumplió este jueves 25 días consecutivos.

Méndez calificó la medida como “arbitraria”. Aseguró que el banco no notificó al sindicato sobre los movimientos sospechosos antes de emitir cualquier reporte. La ley obliga a la banca a informar de situaciones atípicas en una cuenta a la UAF, entidad encargada de recopilar información sobre prevención y erradicación de lavado de activos y financiamiento de delitos o terrorismo.

La Caja de Ahorros emitió un comunicado en el que se abstuvo de hablar del caso atendiendo la regulación bancaria, la reserva y confidencialidad. “Mantenemos disponible la información sobre nuestras operaciones para las autoridades competentes y reguladores, mediante los canales correspondientes”, se lee en uno de los párrafos de la nota.

Por otro lado, este medio tuvo acceso a una solicitud del abogado Leonel Sanjur, quien solicitó al contralor de la República, Gerardo Solís, una auditoría integral al Suntracs de los últimos cinco años, “debido a que reciben financiamiento estatal y es prudente conocer el uso de esos fondos que pertenecen a los panameños”, cita la nota.

Con respecto al uso de las cuentas bancarias en general, la Superintendencia de Bancos detalla en el Acuerdo 0001-2019 un “Catálogo de señales de alerta para la detección de operaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo”. Una de ellas, por ejemplo, corresponde al comportamiento del cliente que encierra nueve puntos. Entre ellos se describen alertas a “clientes que se sospeche sean partidarios, simpatizantes o facilitadores clandestinos del extremismos violento o la radicalización o que mantengan vínculos o relación con grupos terroristas”.

Ahora lo que complica la situación del sindicato es que el artículo 377 del Código de Trabajo especifica que los fondos de cada organización social deberán mantenerse depositados en una institución bancaria situada en la localidad donde tenga su domicilio. Enseguida señala que los fondos y bienes de las organizaciones sindicales no serán susceptibles de secuestro, embargo u otra medida cautelar.