Sugieren buscar “otras alternativas” tras la suspensión del ‘Corredor del Caribe’

La Asociación ADOPTA Bosque Panamá (ADOPTA), recomendó buscar otras alternativas para el proyecto Corredor del Caribe tras la decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de ordenar la suspensión provisional del proyecto Corredor del Caribe, que se desarrolla en la provincia de Colón.

“Las autoridades deben buscar la mejor solución para conectar la Costa Arriba de Colón, pero que esto no involucre la destrucción de los ecosistemas naturales y la devastación de un Corredor Biológico Mesoamericano. La [opción] que mejor beneficia a más personas, en este caso, sería la ruta existente, la vía Sabanita hasta Puerto Pilón hasta la Costa Arriba”, solicitó Guido Berguido, biólogo y director ejecutivo de ADOPTA durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Es decir, añadió Berguido, “ampliar a cuatro carriles, hacer puentes, rotondas, todo lo que sea necesario en el trayecto de Sabanita hasta Puerto Pilón y de allí a la Costa Arriba”.

El Corredor del Caribe tiene una inversión de $91.6 millones. El 31 de octubre de 2022, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, entregó la orden de proceder al Consorcio Transeq S.A.– Ingeniería Estrella para que ejecutara el proyecto Corredor del Caribe con el objetivo de unir la autopista Panamá-Colón con la Costa Arriba de esta provincia.

El proyecto Corredor del Caribe abarca dos fases o tramos: el primero desde María Chiquita a Sierra Llorona (el cual estaba en ejecución), y el tramo 2 desde Quebrada Ancha hasta Sierra Llorona. En este último tramo aún no ha sido aprobado el Estudio de Impacto Ambiental.

La CSJ ordenó la suspensión provisional de la Resolución No. DEIA-IA-055-2023 del 13 de julio de 2023, que aprobaba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría II por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), el cual aprueba la construcción de la ‘Carretera Quebrada Ancha- María Chiquita’. El documento fue firmado por la magistrada María Chen y los magistrados Carlos Vásquez y Cecilio Cedalise el 18 de junio de 2024.

El Edicto N° 1822 detalla que la demanda contenciosa administrativa de nulidad, fue interpuesta por la abogada Susana Aracelly Serracín Lezcano, actuando en nombre y representación de Noel Bennet Rowe, dueño de la Reserva Privada Sierra Llorona. Pero ADOPTA Bosque Panamá es quien custodia la Reserva Privada Sierra Llorona.

“Es curioso, porque el estudio de impacto ambiental nosotros lo revisamos de manera muy minuciosa y logramos identificar una serie de irregularidades, entre ellas, que el estudio de impacto ambiental está sub-categorizado; es decir, que tiene una inferior categoría a la que debería estar enmarcado el proyecto. Es categoría II cuando debería ser categoría III”, detalló Serracín a este medio durante una gira en Sierra Llorona.

De acuerdo con datos proporcionados por la Asociación ADOPTA Bosque Panamá, la Reserva Privada Sierra Llorona consta de 200 hectáreas. “Es uno de los sitios más visitados por los turistas, observadores de aves y científicos, por la diversidad ecológica de ecosistemas, además de ser considerado un excelente observatorio de aves. La erosión generada como consecuencia de la inexistencia de cobertura vegetal genera una disminución en la actividad hídrica en capas profundas del suelo”, señala un documento de la oenegé.

La organización ambientalista plantea que la construcción de carreteras puede fragmentar el hábitat natural, dividiendo poblaciones de especies y dificultando la migración y dispersión de animales. “Esto puede tener un impacto negativo en la biodiversidad y la salud de los ecosistemas”, consideran.

Esta área se llama Sierra Llorona, aseguró Guido Bergido, “porque la zona es extremadamente lluviosa y si no se toman en cuenta los controles pertinentes sobre el proyecto, se dará este tipo de lixiviado y la contaminación de las aguas. De hecho, las medidas de mitigación que parecieran ser implementadas han sido mínimas. Se ven pedazos de plásticos que, realmente no retienen la erosión del área”.

Según Domiluis Domínguez, director nacional de Evaluación de Impacto Ambiental de MiAmbiente, este proyecto “no afecta a la reserva privada (...) Tampoco afecta al Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Portobelo”, subrayó Domínguez a ‘La Decana’.

¿Cuál sería el futuro de esta obra que se desarrolla en la provincia de Colón? Se consultó al MOP, ente encargado de la iniciativa, sin embargo, no contestó a este medio al cierre de esta nota.