Solicitan a la Contraloría auditar el proyecto del "Corredor de las Playas"

La mala planificación del proyecto del "Corredor de las Playas" llevó a la fiscal general de Cuentas, Waleska Hormechea, a enviar la nota FGC-DS-416-21 del 11 de mayo de 2021 al contralor general de la República, Gerardo Solís, y solicitarle que audite el polémico proyecto bajo la cartera del Ministerio de Obras de Públicas (MOP).

La nota de Hormechea tiene su fundamento legal en el numeral 3 del Artículo 26 de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, el cual señala que corresponderá al Fiscal de Cuentas solicitar a la Contraloría General de la República, cuando se tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de un hecho irregular que afecte el patrimonio del Estado, el examen correspondiente con el fin de determinar la corrección o incorrección de las operaciones en el manejo de los fondos o bienes públicos.

La acción de la fiscal surge por la también solicitud que le presentó el 10 de mayo de 2021 el abogado Ernesto Cedeño Alvarado, por posibles afectaciones patrimoniales en el proyecto “Corredor de Playas”, que ejecuta el ministerio, y por el cual, el Estado desembolsó 2% del costo, sumado a las horas de trabajo y trámites previos para la licitación, por lo que el abogado "presume una lesión patrimonial".

Por la “Ampliación a seis (6) carriles Corredor de Las Playas Tramo 1: La Chorrera – Santa Cruz, provincia de Panamá Oeste”, bajo el contrato Al-1-85-17, y con una inversión de $603,260,031.64, incluyendo el financiamiento.

El MOP aclaró que el Consorcio ‘Corredor de Playas’, recibió orden de proceder el 21 de mayo de 2018 y al mes de julio de 2019, con el cambio de Gobierno, tenía un avance físico del 2%.

Consecuentemente, la nueva gestión, ordenó una serie de análisis e inspecciones para validar la factibilidad de la obra, pero en la adquisición de la servidumbre en el contrato original establece un presupuesto de $20 millones y en las proyecciones realizadas posteriormente, de acuerdo a los avalúos del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República, el valor estimado en este rubro supera los $150 millones, afectando a más de 450 fincas.

Además el proyecto inicial tampoco contempló la reubicación de utilidades (servicios públicos), donde lo presupuestado establece $39.5 millones y en lo proyectado la suma supera los $90 millones.

A pesar de lo antes expuesto, el MOP afirmó que adelantó que buscará soluciones, para beneficiar a los usuarios de la ruta.