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- 12/12/2023 17:07
- 12/12/2023 17:00
El Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) solicitó una auditoría externa y la participación de veedores de la sociedad civil ambiental en el proceso de cierre de Minera Panamá.
El comunicado del Comité ha propuesto la realización de una Auditoría Externa específica para la mina de Donoso.
Esta auditoría planteada se deberá realizar por expertos independientes como una medida crucial para evaluar el estado actual de los procesos y el área en la que se desarrolla la actividad minera.
La transparencia y la imparcialidad son aspectos fundamentales de esta iniciativa, que busca proporcionar una evaluación objetiva de la situación.
Además, el Comité ha remitido notas al Ministro de Comercio e Industrias y al Ministro de Ambiente, solicitando formalmente que la Mesa Técnica para el Cierre de Minas, convocada por la UICN, sea reconocida como veedora de la sociedad civil ambiental en el proceso de cierre de la mina de Donoso.
Esta medida, respaldada por el Acuerdo de Escazú, busca asegurar la participación activa de la sociedad civil en la supervisión del proceso, contribuyendo así a la transparencia y efectividad del mismo.
El comunicado también informa sobre la investigación en curso por parte de la Mesa Técnica en relación con posibles irregularidades en el proceso de la mina, destacando la importancia de robustecer la información y las acciones de la Mesa.
La sociedad civil ambiental, representada por el Comité Panameño de la UICN, reitera su compromiso con un proceso de cierre de minas que respete los derechos humanos y el medio ambiente.
A través de estas acciones, buscan asegurar que los intereses ciudadanos sean considerados y respetados en todas las etapas de este proceso crítico para el futuro sostenible del país.
El comunicado emitido destaca la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, la cual aprobaba el Contrato de Concesión Minera de Donoso.
Este fallo, basado en veinticinco violaciones a la Constitución Política de la República, subraya la necesidad de evaluar de manera exhaustiva los procesos relacionados con la actividad minera.