Presidente de Tocumen S.A. entregó contrato a su mano derecha

Durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), Dulcidio De La Guardia fue designado presidente de la Junta Directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A (Aitsa). Al mismo tiempo, De La Guardia fungía como ministro de Economía y Finanzas. Uno de sus más cercanos colaboradores en el ministerio, hasta el mes de enero de 2018, era su jefe de gabinete, Ricardo Zubieta Arias.

‘Queda claro en estos ataques a mi persona que los medios de comunicación utilizados continúan bajo el control editorial de intereses listados en OFAC',

RICARDO ZUBIETA ARIAS

PRESIDENTE DE AEROJATO DE PANAMÁ

Mientras ambos trabajaban en el ministerio, la junta directiva del aeropuerto adjudicó, en la reunión ordinaria del 8 de noviembre de 2017, una concesión para la explotación del negocio de operador de base fija (FBO), para aeronaves de transporte aéreo privado y aviación en general, a la sociedad Aerojato de Panamá, S.A., cuyo presidente es Ricardo Zubieta Arias. Un hecho que consta en la certificación N°097-JD-17 de 20 de noviembre de 2017.

Aerojato de Panamá, S.A. es una empresa dedicada a la aviación privada inscrita en febrero de 1995, según constató La Estrella de Panamá .

El contrato N°.006/DC/19 fue firmado un año y dos meses (el 31 de enero de 2019) después de haberse adjudicado la concesión por el actual gerente de la terminal aérea, Oscar Ramírez , cinco meses antes de la conclusión de la actual gestión gubernamental.

El documento comprende dos etapas: el diseño, construcción, adecuación y equipamiento de una terminal FBO con un presupuesto de inversión de $350 mil. La segunda es la explotación comercial del negocio de operador de FBO.

La construcción incluye las instalaciones principales y conexas de la terminal de FBO necesarias para la operación de aeronaves, prestación de servicios de soporte en tierra, despacho e información previa y posterior al vuelo, atención y servicios de bienvenida a tripulación y pasajeros, manejo de equipaje, migración y aduanas, establecidos en su cláusula cuarta denominada ‘objeto de la concesión'.

La explotación comercial del negocio de FBO permitiría brindar los servicios de cabina, catering , rampa, carga de combustible, mantenimiento de aeronaves, operaciones del aeropuerto, tratamiento de pasajeros, servicio de carga y seguridad operacional.

Según lo establecido en el contrato, el concesionario pagará $2,980.10 mensuales ($1 por cada metro cuadrado de la superficie otorgada en concesión) y un porcentaje no menor al 15% de los ingresos mensuales.

Este documento cuenta con el sello y refrendo de la Contraloría General de la República y su vigencia es hasta junio de 2027, a partir del día en que se firme el Acta de Aceptación de la Construcción.

La voz de Dulcidio

De La Guardia reconoció que Zubieta Arias es uno de los accionistas de una empresa de operadores de base fija, que ha prestado servicios en los aeropuertos de Tocumen y Albrook.

El presidente de Aitsa hizo énfasis en que la sociedad fue creada desde hace ‘muchos años' para ofrecer servicios de aviación en general.

Según él, las políticas administrativas del aeropuerto están encaminadas a ofrecer oportunidades a las empresas que prestan servicios a la aviación en aeropuertos; es decir, que poseen mayores posibilidades para alcanzar contratos.

De La Guardia argumentó que Zubieta Arias ‘como cualquier otro operador de servicios de FBO, se acercó a la directiva del aeropuerto para solicitar el espacio en la terminal aérea'.

Para el presidente de la Junta Directiva de Tocumen , no hubo ninguna irregularidad en el otorgamiento de la concesión a la sociedad anónima debido a que el acuerdo se dio aplicando el criterio de igualdad de tarifas, el mismo que se otorga a otros operadores FBO.

‘No hay conflicto de interés porque la posición del aeropuerto es darle cabida a las empresas que prestan servicios a la aviación', sostiene. Para el exministro, sería un conflicto de interés ‘si se hubiera beneficiado al operador con tarifas distintas a las que tienen los otros'.

Pero, más allá del costo tarifario, lo cuestionable ‘está en el hecho de otorgar una concesión a un alto funcionario de un ministerio, uno de los más cercanos colaboradores del entonces ministro y presidente de la empresa estatal aeroportuaria que dio el contrato', comentó una fuente que conoce el manejo de las concesiones en la principal terminal aérea del país.

La respuesta de Zubieta

En una comunicación pública, Zubieta reaccionó ante estos hechos. Aseguró ser víctima de un ‘acoso mediático' y de ‘anónimos' en redes sociales, impulsados por grupos económicos afectados por las sanciones de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Una mancuerna para hacer negocios

El exfuncionario demeritó las publicaciones de La Estrella de Panamá argumentando que están basadas en especulaciones, vinculaciones fabricadas y supuestos que ‘solo buscan dañar su reputación, actividad profesional y económica'.

Aseveró que este rotativo no ‘le dio la oportunidad de presentar su versión'. Sin embargo, desde que comenzaron estas publicaciones se le intentó contactar, en reiteradas ocasiones, en

Las oficinas de Soho City Center. Asimismo, se insistió en hablar con él en su nuevo despacho del Grupo Tesa: se dejó mensaje y número de teléfono con la recepcionista e incluso se le marcó a su móvil, sin respuesta alguna.

Sobre su rol en Aerojato de Panamá, reconoce que es director y socio de la empresa desde hace una década. Y añade que desde el 2014 se iniciaron unas reclamaciones judiciales y administrativas considerando la vulneración de las operaciones de su empresa con la intención de favorecer a un competidor.

Añadió que finalmente Tocumen, S.A. atendió los reclamos para competir en igualdad de oportunidades, a principios de enero de 2019.

Por último, Zubieta Arias cierra su comunicado diciendo que ‘queda claro en estos ataques a mi persona que los medios de comunicación utilizados continúan bajo el control editorial de intereses listados en OFAC, seguramente en violación al acuerdo que permitió la creación del fideicomiso para lograr su funcionamiento'.