Roberto Ruiz Díaz: El Estado está en indefensión bajo sus propios funcionarios

El pasado viernes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el parágrafo transitorio del artículo 1 de la Ley 312 de 2022 sobre incentivos fiscales.

Una decisión que zanjó la discusión en torno a esta norma, cuyos críticos consideraban que establecía privilegios para particulares. La Corte les dio la razón, precisando que reñía con los artículos 19 y 20 de la Constitución, que prohiben fueros y privilegios.

Roberto Ruíz Díaz, el abogado que presentó el recurso de inconstitucionalidad, habló en “Portada” de La Estrella de Panamá sobre el impacto del fallo. Sostiene que ese parágrafo estaba pensado para beneficiar a empresarios puntuales dedicados a la “especulación en el turismo”.

“En el año 2019, ya con esta administración (del presidente Cortizo) se hace una reforma (a la Ley 80 de 2012) (...) en la que se eleva del 50% de incentivo fiscal hasta el 100% para las empresas que participaran en actividades turísticas en el interior. Sucede que esa reforma solo tiene una duración de un año, y en ese año entra un grupo de empresas a tratar de favorecerse (...) creándose un privilegio”, explicó Ruíz Díaz.

A criterio del abogado, la idea del incentivo fiscal al sector privado no debe “satanizarse”. Más bien destacó esta política como una buena “herramienta del Estado” para atraer inversiones, sin embargo, no puede darse el 100% (de incentivo fiscal a un privado) ya que el sacrificio es demasiado para el Estado”.

Enfatizó que dentro del mercado deben operar “las mismas normas del juego” para todos y que hay otras medidas para incentivar el turismo como la inversión estatal en infraestructura que impacte tanto a la población como a las compañías en las zonas turísticas.

“A la empresa privada se le está dando un incentivo, pero eso va 'casado' con que tú me tienes que producir algo. Me tienes que generar empleo y actividad económica en algunos pueblos”, señaló Ruíz Díaz. El abogado es de la opinión que deben priorizarse más los incentivos al valor agregado en la inversión.

“(El Estado) hace una carretera que va a beneficiar a las comunidades y a un hotel (privado), eso yo te lo puedo reconocer como un incentivo (...) crea un centro de salud para atender a la gente del hotel que va a necesitar una atención médica, pero también va a beneficiar a la comunidad”, dijo.

Para Ruíz Díaz, situaciones como esta dejan ver que en la administración pública, muchas veces, se deja al Estado inerme ante intereses que terminan afectando el patrimonio estatal.

“A veces el mismo Estado queda en indefensión por sus propios funcionarios que no toman las acciones necesarias para que los intereses del país queden por encima de los intereses particulares”, señaló.

Ruiz Díaz indicó que el fallo no tiene aplicación retroactiva y que aquellas empresas que ya se beneficiaron del 100% del “incentivo fiscal” no debe verse afectadas por la decisión de la Corte, que solo está a la espera que sea publicada en Gaceta Oficial.

“En este momento, mientras estamos hablando, algunos de estos empresarios pueden estar moviendo influencias para que le aprueben su proyecto antes de que se publique en Gaceta (...) es el tema de la demora de los fallos en la Corte”, acotó.