Renovación de tres poderes de control del Estado

Tres entidades en las que se concentra el mayor rol de control del Estado relevan hoy sus titulares: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

Pocas veces se experimenta esta coincidencia, en que se renuevan de manera simultánea los mandos de estas instituciones. En el caso del Ministerio Público, ocurre a raíz de la renuncia de Kenia Porcell, luego de conocerse el contenido de su conversación telefónica con el entonces mandatario Juan Carlos Varela publicada en el sitio “Varelaleaks.com”.

El contralor Gerardo Solís sustituirá a Federico Humbert, nombrado en la administración Varela, y cuyo período venció el 31 de diciembre pasado.

En el caso de la Corte, tres nuevos integrantes seleccionados a través de una metodología minuciosa (dos en la Sala Penal, uno en la de lo Contencioso Administrativo) refrescarán la imagen de esta institución colegiada que hoy se dispone a escoger un nuevo presidente.

La Corte tiene muchas deudas pendientes con la sociedad, “parte de los retos es romper con la visión de que los magistrados pertenecen a cada gobierno, ahora son minoría (tres de nueve) los recién nombrados. Tal vez arriben con un modelo distinto al instalado, tendrán que irradiar al resto de los integrantes esa mística de una nueva cultura”, manifestó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.

La elección del nuevo presidente de la CSJ pareciera más que un tema de capacidades, un asunto numérico, pues de los nuevos integrantes, María Eugenia López ha mostrado su intención de postularse para presidirla.

Una fuente de esta institución dibujó el panorama para la escogencia del próximo presidente. Por un lado López podría contar con el apoyo de los magistrados Olmedo Arrocha, Maribel Cornejo y José Vásquez, lo que sumaría cuatro votos. Por otra parte, se ha mencionado la intención de Ángela Russo o Hernán De León para presidir este órgano. En ese caso, restan los votos de los magistrados José Ayú Prado, Cecilio Cedalisse y José Luis Fábrega. La elección está programada para las 4 de la tarde. Antes, José Vásquez y Maribel Cornejo deberán tomar posesión del cargo en la Presidencia de la República.

Entre los desafíos de ésta entidad se cuentan dar una vocería que genere confianza en un órgano caracterizado por temas de división entre magistrados motivado por el carácter de cada uno que impide en muchas ocasiones que la idea de uno sea acompañada de la mayoría. “Cada uno hace valer su criterio, pero por lo general el presidente de la Corte no habla en nombre de todos”, añadió Araúz.

Hay un hilo de esperanza fundado en la población que exige eficiencia en la administración de justicia. “Tiene que haber cambios de políticas, en el Judicial se palpa la idea de que será para bien, al igual que en la Procuraduría”, comentó Magali Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia.

La Corte ha sucumbido ante la percepción o idea de que los fallos responden a intereses económicos, o que beneficiaron a una de las partes a cambio de dinero, o que los adinerados se salen con la suya mientras que los pobres reciben las condenas más largas.

En este sentido, el reto, según Araúz, está en concebir una voz que genere confianza. “El nuevo presidente se debe de convertir en el vocero de todas las críticas, desde los jueces municipales hasta magistrados”. Este vocero debe basar su actuación en un régimen disciplinario que respalde sus acciones.

Aunado a lo anterior, el modelo en cómo la Corte interactúa con el resto de los órganos del Estado también se ve colapsado. Esto se evidencia, incluso, al momento de solicitar el presupuesto anual, sometido a recortes, que se emplea solo para sufragar los gastos de funcionamiento.

Por su parte, Eduardo Ulloa, quien asume hoy como procurador de una institución sumamente cuestionada por el sesgo y selectividad en las investigaciones de alto perfil. Una administración que dejó un manto de duda ante la existencia de un grupo compuesto por abogados y políticos denominado “la taquilla”, dedicado a la venta de libertades en casos sensitivos. Ulloa se sienta hoy en el despacho de una institución con una credibilidad muy debatida, cuya antecesora se caracterizó por una relación inexplicable con el entonces mandatario, que de los casos de alto perfil investigados solo uno logró condena (Luis Cucalón, exdirector de la extinta Autoridad Nacional de Ingresos); Rafael Guardia, exdirector del Programa de Ayuda Nacional efectuó un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. El resto de los casos de alto perfil fueron desestimados en los juzgados, lo que dejó un sinsabor que cuestionó la labor de investigación de los fiscales.

“El procurador debe hacer una auditoría de los casos más importantes. El país necesita justicia independiente no cercana a los partidos políticos. El único norte es la ley, revisar su equipo de trabajo, tener gente de confianza trabajando a su lado y respetar la estabilidad del servidor público”, recomendó Castillo.

“En algunos casos hay apelaciones y en otros se tomarán decisiones”, añadió Castillo.

Diversas voces exigen pesquisas transparentes, y para Araúz, el mejor camino no es político como antes parecía Kenia. “Su papel debe fortalecerlo en capacidades, evacuar las carpetillas, dar los resultados que espera la ciudadanía. Ente técnico que resista el debate para ser el diferenciador del gobierno anterior”, aconsejó Araúz.

Agregó que si él ocupara el cargo de Procurador, “estaría preocupado en cómo, cuando se aparezcan los fantasmas del anterior, tener la contundencia de explicar si hay o no caso, no cargar la cruz ajena porque en los asuntos donde se conjugó la política en los asuntos judiciales, debe ser indiferente. Saber si puede o no avanzar y explicar a la ciudadanía los elementos que existen en las carpetillas para ver si amerita o no avanzar en la investigación”.