Reformas al derecho a réplica amplían castigo a los medios de comunicación

En el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados se presentó un anteproyecto de ley que busca castigar con mayor fuerza a los medios de comunicación que se nieguen a cumplir con el derecho a réplica, establecido en la ley 22 del 29 de junio del 2005, que instituye la figura en la legislación panameña.

El documento, que consta de dos artículos, es una iniciativa de la diputada Zulay Rodríguez, que ha tomado por sorpresa a dirigentes de gremios periodísticos y directivos de medios de comunicación, que al ser consultados por La Estrella de Panamá desconocían el contenido de la propuesta legislativa.

La diputada, Zulay Rodríguez indicó que prefirió presentar el proyecto de ley en la Asamblea Nacional de Diputados para que sea la comisión encargada de la discusión la que haga las consultas necesarias a los diferentes gremios periodísticos y medios de comunicación.

Dicha propuesta de la diputada Rodríguez busca multar con $5,000 y hasta $10,000, a los medios de comunicación que se nieguen a cumplir con la ley de derecho a réplica. Actualmente, la ley 22 del 2005 establece que las sanciones son de $500 a $5,000.

La ley 22 en su artículo 2 indica que “la réplica, rectificación o respuesta deberá tener el mismo espacio que la noticia o referencia que lo agravia, y podrá ser razonablemente mayor conforme a las circunstancias especiales de cada casa, según la disponibilidad del medio”.

Este mismo principio lo indica la propuesta legislativa de la diputada Rodríguez, quien asegura que decidió presentar esta reforma que aumenta las multas, porque en la actualidad los medios no cumplen con este principio legal.

La iniciativa legislativa no termina allí, ya que las multas pueden llegar a los $15,000 “en el supuesto de que la noticia incluya la comisión de un hecho punible”, es decir “que la noticia se pruebe como falsa ante la autoridad competente”.

La semana pasada la diputada Zulay Rodríguez acusó ante el Ministerio Público al grupo Medios Digitales, del que forma parte el medio digital Foco Panamá, por publicar una información que, según la diputada, es “falsa”.

La propuesta de la diputada, que a su juicio sería un instrumento para otorgarle al Estado mayor fuerza para hacer respetar el bien tutelado de la honra, le acorta los términos a los medios de comunicación para publicar el derecho réplica solicitado por una persona que se vea afectada por una publicación.

Según el anteproyecto, el medio de comunicación sólo tendrá 24 horas para hacer la réplica a partir del momento en que se presente el reclamo de la persona agraviada. Mientras que la ley actual otorga 48 horas y un término adicional de 24 horas, siempre y cuando el medio compruebe que le fue imposible realizar dicha réplica. La propuesta de la diputada Rodríguez mantiene la prerrogativa de las 24 horas adicionales.

El anteproyecto de ley fue remitido a la Secretaria General de la Asamblea, quien decidirá a partir del jueves, qué comisión está facultada para discutir si debe ser prohijado y por ende se convierta en proyecto de ley. En este caso podría ser la Comisión de Gobierno o la de Comunicación y Transporte.

El Colegio Nacional de Periodistas (Conape) en reacción a la existencia de este anteproyecto de ley de modificación de la ley 22 de 2005 sobre derecho a réplica se declara en “estado de alerta”.

“La reducción del tiempo de 48 a 24 horas representa una amenaza para el ejercicio del periodismo”, es la respuesta a este diario que ofrece Griselda Melo, presidente del Conape.

La dirigente del gremio de periodistas consideró que esta propuesta legislativa es innecesaria, porque ya existe una legislación que trata sobre esta materia. “Como gremio exhortamos al cumplimiento de la ley existente que legisla esta materia”.

Atenógenes Rodríguez, expresidente del Conape, también es de la opinión que existe una ley de derecho a réplica en la normativa jurídica y que querer legislar al respecto podría interpretarse como una ley mordaza al estilo de la dictadura militar.

“El derecho a réplica ya es parte de la ley, que se quiere reformar, por lo que cualquier alteración a ese principio solo lo que busca es crear una nueva mordaza para una ley que se hizo para acabar con las mordazas de la dictadura militar”, indicó el periodista Rodríguez.

Por consiguiente, este comunicador social califica de “inaceptable” esta propuesta legislativa porque a todas luces va en contra de la libertad de expresión. Además, consideró que es preocupante que la “Asamblea en medio de tantos cuestionamientos a su credibilidad quiera cambiar una ley en busca de crear restricciones solapadas a la crítica y a la denuncia de los medios de comunicación”.

Eduardo Quirós, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), considera que el proyecto de ley desconoce algunos aspectos conceptuales de la figura legal del derecho a réplica.

“La réplica es una consecuencia de un derecho fundamental, que es el derecho de la libertad de expresión, es un mecanismo para corregir una información inexacta y no una sanción a los medios de comunicación”, expresó Quirós a manera de docencia.

El también presidente del Grupo Gese, que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, agregó que la propuesta “al establecer tiempos perentorios tan cortos se inhibe a que el medio de comunicación pueda hacer un análisis para establecer si efectivamente hay una exactitud en la información que pueda ser divulgada. Se está coartando el buen ejercicio del periodismo”.

Comentó que el anteproyecto de ley deja abierto el derecho a réplica contra las opiniones. “Las opiniones no tienen derecho a réplica, sino la información”, aclaró Quirós.

Al mismo tiempo, Quirós calificó el incremento de las multas como un despropósito, porque la figura del derecho a réplica más que establecer una sanción, establece una obligatoriedad moral por parte de los medios.

“En el caso de que un servidor público someta un derecho a réplica hay que probar que la inexactitud de la información fue hecha con intencionalidad, porque lo que debe privar es el interés social de cómo se administrar los bienes públicos”, dijo Quirós.

Guillermo Antonio Adames, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, le preocupa que este tipo de iniciativas legislativas promuevan la mancuerna de la “corrupción y la impunidad, para que no se sepan los escándalos y el abuso de la cosa pública”.

“Estaremos en otra batalla más que se presenta por la decidida lucha por la libertad de información, por la libertad de informar y estar informado”, dijo Adames ante el escenario de consulta y discusión de este anteproyecto de ley en la Asamblea.

“Pareciera que el rencor perfora el pensamiento de algunas personas”, dijo Adames al referirse a este anteproyecto y a otras iniciativas legislativas que se han presentado y que van en la dirección de silenciar a los medios de comunicación.

Por ende, reveló que los diferentes gremios que agrupan el Consejo Nacional de Periodismo han sostenido reuniones con el procurador general de la Nación Javier Caraballo y la presidente de la Corte María Eugenia López Arias, para manifestar esta inquietud que no descarta que se extienda ante organismos internacionales.

Por su parte, Alejandra Araúz, presidenta del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, comentó que el anteproyecto de ley impone sanciones muy severas a los medios de comunicación, lo que considera injusto. Esto considerando que los medios de comunicación no necesariamente denuncian el hecho, sino que es a través de fuentes oficiales que así lo confirman.

“La acción de ampliar las multas y reducir el tiempo para publicar una réplica es una manera de pretender que los medios de comunicación no difundan información de interés público”, destacó Araúz.