Recurso suspende audiencia en el Judicial

La audiencia preliminar alterna programada por el Juzgado Décimo Segundo de Circuito Penal de Panamá para el día de ayer, dentro del proceso seguido a Adolfo De Obarrio y a otros, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, no se realizó por recursos presentados por abogados de la defensa.

Se fijará una nueva fecha de audiencia hasta que los mismos sean resueltos, de forma tal que no se vulneren los derechos de los vinculados.

Esta audiencia alterna, dentro del proceso seguido a De Obarrio y otros por el delito contra la administración pública fue suspendida en primera instancia por una advertencia de inconstitucionalidad presentada el 31 de julio de 2018 por la firma José María Castillo, en la que se solicitaba se elevara la consulta ante la Corte Suprema de Justicia y la suspensión del proceso hasta un pronunciamiento del máximo tribunal.

En tanto, el martes se le notificó al Juzgado Décimo Segundo de Circuito Penal que Víctor Collado Sánchez, abogado sustituto de Adolfo De Obarrio, presentó el pasado 2 de agosto del presente año, ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, un amparo de garantías constitucionales y, por consiguiente, solicitó no se realizara dicho acto de audiencia.

Por otra parte, el Juez Décimo Segundo de Circuito Penal, Oscar Carrasquilla, negó la acumulación de dos procesos seguidos a De Obarrio y a otros, por los delitos contra el orden económico y la administración pública, solicitud presentada por el abogado Eduardo Raúl Sequeira, por lo cual fue objeto de apelación.

El tribunal acotó que las partes estaban notificadas de este acto de audiencia por edicto emplazatorio y mediante oficios. Por consiguiente, el artículo 2621 del Código Judicial hace referencia a que el funcionario requerido deberá suspender inmediatamente el acto de audiencia, mientras se decidan los recursos interpuestos por la defensa.

Esta investigación se inició por una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que da cuenta de que un exfuncionario del gobierno anterior no podía justificar un patrimonio de $3 millones.

Además de De Obarrio, están vinculados Mike Btesh, María Alesandra Salerno Gómez, Yvette Vanessa Barsallo Fábrega, Silvana Edith Manzini de De Obarrio y Gabriel Btesh Btesh.

De Obarrio es objeto de otros procesos penales, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en perjuicio del hoy desaparecido Programa de Ayuda Nacional, un plan de asistencia social del Estado, durante el pasado gobierno .