¿Qué nos dicen los datos del censo 2023 sobre la demografía y planificación urbana de la ciudad de Panamá?

El pasado 20 de diciembre se conmemoraron 34 años de la invasión a Panamá. Un trágico hecho que tuvo entre sus consecuencias el despoblamiento del histórico barrio obrero de El Chorrillo, debido al bombardeo que sufrió como parte de las acciones bélicas del ejército norteamericano. Los datos del censo de población de 1980 indican que para aquella fecha El Chorrillo tenía una población de 25.145 habitantes. En 1990, justo después de ocurrida la invasión, este corregimiento había perdido 4.657 habitantes.

Diez años después, el censo 2000 indicaba que su población se encontraba en 22.632 habitantes. A partir de esa fecha el barrio ha ido perdiendo paulatinamente población, encontrándose, en la actualidad en 16.335 habitantes.

La pérdida de población que registra el corregimiento de El Chorrillo es parte de una tendencia generalizada que afecta al Casco Antiguo de la ciudad, en mayor o menor medida, desde la década de 1970. El último censo indica que en los corregimientos que conforman el Casco Antiguo –San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo– junto con Calidonia y Curundú habrían perdido un total de 11.397 habitantes (15% de su población) entre 2010 y 2023.

El tradicional ‘ganador’ en este proceso progresivo de pérdida de población del centro urbano del área metropolitana de Panamá ha sido la periferia este, oeste, norte y el distrito de San Miguelito. Los datos que aportan los censos indican que para 1960 la periferia de la ciudad contaba con una población de casi 49.000 habitantes. A partir de este momento, cada década se ha registrado un incremento poblacional en este sector que promedia los 170.000 habitantes, llegando en la actualidad a concentrar una población de 1.071.678 habitantes.

Al hablar de la periferia en el contexto de los distritos de Panamá y San Miguelito, hay que indicar que hablamos de cuatro sectores distintos, Panamá norte, Panamá este, las áreas revertidas (Ancón) y el distrito de San Miguelito. De estas cuatro áreas, la de mayor crecimiento y concentración de población corresponde a Panamá este, la cual tiene una población, según el censo de 2023, de 511.486 habitantes, habiendo incrementado su población en 122.476 habitantes desde el censo de 2010.

El distrito de San Miguelito es un sector que tradicionalmente había mantenido una tendencia a un crecimiento acelerado, desde al menos la década de 1960, cuando era un corregimiento del distrito de Panamá. Fue justamente la explosiva ocupación por asentamientos informales por parte de población migrante venida del interior del país, la que obligó a la Junta de Gobierno a la creación del distrito especial de San Miguelito –a través del Decreto de Gabinete 258 de julio de 1970– como forma de dar respuesta al desbordante crecimiento de este sector de la ciudad.

Hasta el anterior censo de 2010 el distrito de San Miguelito había mantenido una tendencia al aumento de su población, con un promedio de aumento poblacional de 50.000 personas entre cada década. No obstante, en el período entre 2010 a 2023 la población se ha reducido en 34.242 habitantes. Esta pérdida de población es un fenómeno generalizado en todos los corregimientos que componen el distrito. El impacto es más notable en barrios que se encuentran en los sectores más periféricos del distrito, como Santa Marta (4.856 habitantes), Torrijos Carter (4.294 habitantes) o El Valle de San Isidro (1.131 habitantes).

La pérdida de población, en sectores periféricos plantea un reto distinto al que se presenta en los centros urbanos. Una experiencia que podría servir de referencia sería el caso de Medellín, ciudad que inicia un proceso de transformación urbana que tiene como uno de sus hitos principales la aprobación del primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en 1999. En este documento se plasma la necesidad de desarrollar una política hacia los asentamientos informales en que, “la intervención de mejoramiento estará dirigida específicamente a superar las carencias de dotación del entorno: espacio público, vías, transporte y equipamiento social y productivo, así como también a la legalización integral de predios y edificaciones y el mejoramiento de la vivienda”. A este primer instrumento de ordenamiento territorial le siguieron los planes urbanos integrales (PUI) en 2004, los cuales corresponden a un conjunto de estrategias y proyectos urbanísticos diseñados para mejorar las condiciones de vida en diversas comunas de la ciudad. Los criterios de selección de las comunas en las que se realizarían las primeras intervenciones incluyeron:

a) áreas donde las condiciones de la vivienda y el hábitat fuesen precarias, con falta de espacio público y degradación ambiental;

b) ausencia del Estado y falta de control en el proceso de urbanización; y

c), pobreza, segregación, falta de oportunidades y violencia.

Las intervenciones realizadas a través de estos PUI estaban enfocadas en lograr:

a) una adecuada movilidad peatonal y vehicular, considerando variables como la topografía y la interacción social;

b) consolidación del espacio público, a partir de la recuperación de los espacios existentes y la creación de nuevos espacios, teniendo como norte un diseño de calidad; y

c) la construcción de equipamientos como bibliotecas, que destacaban por su diseño y el nivel del servicio que ofertan a la comunidad.

La implementación de estos planes permitió transformar comunas conocidas por altos niveles de violencia y pobreza, con problemas relacionados con el narcotráfico y la falta de infraestructura adecuada, en áreas que ahora son atractores de turismo a la ciudad y referentes de las transformaciones que se pueden lograr a través de la intervención del Estado, con la participación de las comunidades.

El desarrollo de este tipo de iniciativas requiere la identificación de espacios de oportunidad y de aliados estratégicos para el desarrollo de proyectos piloto. En el caso de la ciudad de Panamá, proyectos como el Metro y la propuesta de construir un Metrocable en el distrito de San Miguelito, abren el espacio a la realización de intervenciones de mejoramiento integral de barrios, como las hechas en Medellín.

El reordenamiento de las comunidades, el saneamiento, la provisión de vivienda digna, la mejora del espacio público, pero sobre todo la generación de oportunidades a partir de la reactivación de la actividad económica, deberían ser los ejes de una política pública de vivienda y planificación urbana que permita que comunidades periféricas, como San Miguelito, reciban la atención que requieren por parte del Estado, para la mejora en la calidad de vida de sus pobladores.

Carlos Gordón

colaboradores@laestrella.com.pa

Panamá

El pasado 20 de diciembre se conmemoran 34 años de la invasión a Panamá. Un trágico hecho que tuvo entre sus consecuencias el despoblamiento del histórico barrio obrero de El Chorrillo, debido al bombardeo que sufrió como parte de las acciones bélicas del ejército norteamericano. Los datos del censo de población de 1980 indican que para aquella fecha El Chorrillo tenía una población de 25,145 habitantes. En 1990, justo después de ocurrida la invasión, este corregimiento había perdido 4,657 habitantes.

Diez años después, el censo 2000 indicaba que su población se encontraba en 22,632 habitantes. A partir de esa fecha el barrio ha ido perdiendo paulatinamente población, encontrándose, en la actualidad en 16,335 habitantes.

La pérdida de población que registra el corregimiento de El Chorrillo hace parte de una tendencia generalizada que afecta al Casco Antiguo de la ciudad, en mayor o menor medida, desde la década de 1970. El último censo indica que en los corregimientos que conforman el Casco Antiguo, - San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo-, junto a Calidonia y Curundú habrían perdido un total de 11,397 habitantes (15% de su población), entre 2010 y 2023.

El tradicional ‘ganador’ en este proceso progresivo de pérdida de población del centro urbano del área metropolitana de Panamá han sido las periferia este, oeste, norte y el distrito de San Miguelito. Los datos que aportan los censos indican que para 1960 la periferia de la ciudad contaba con una población de casi 49 mil habitantes. A partir de aquí cada década se ha registrado un incremento poblacional en este sector que promedia los 170 mil habitantes, llegando en la actualidad a concentrar una población de 1,071,678 habitantes.

Al hablar de la periferia en el contexto de los distritos de Panamá y San Miguelito, hay que indicar que hablamos de cuatro sectores distintos, Panamá Norte, Panamá Este, las Áreas Revertidas (Ancón) y el distrito de San Miguelito. De estas 4 áreas, la de mayor crecimiento y concentración de población, corresponde a Panamá Este, la cual tiene una población, según el censo de 2023, 511,486 habitantes, habiendo incrementado su población en 122,476 habitantes desde el censo de 2010.

El distrito de San Miguelito es un sector que tradicionalmente había mantenido una tendencia a un crecimiento acelerado, desde al menos la década de 1960, cuando era un corregimiento del distrito de Panamá. Fue justamente la explosiva ocupación por asentamientos informales por parte de población migrante venida del interior del país, la que obligó a la Junta de Gobierno a la creación del distrito especial de San Miguelito, -a través del Decreto de Gabinete 258 de julio de 1970-, como forma de dar respuesta al desbordante crecimiento de este sector de la ciudad.

Hasta el anterior censo de 2010 el distrito de San Miguelito había mantenido una tendencia al aumento de su población, con un promedio de aumento poblacional de 50 mil personas entre cada década. No obstante, en el período entre 2010 a 2023, la población se ha reducido en 34,242 habitantes. Esta pérdida de población es un fenómeno generalizado en todos los corregimientos que componen el distrito. El impacto es más notable en barrios que se encuentran en los sectores más periféricos del distrito como, Santa Marta (4,856 habitantes), Torrijos Carter (4,294 habitantes) o El Valle de San Isidro (1,131 habitantes).

¿Qué hacer para revertir este acelerado proceso de pérdida de población en sectores periféricos y precarios?

La pérdida de población en sectores periféricos plantea, un reto distinto al que se presenta en los centros urbanos. Una experiencia que podría servir de referencia sería el caso de Medellín, ciudad que inicia un proceso de transformación urbana que tiene como uno de sus hitos principales, la aprobación del primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en 1999. En este documento se plasma la necesidad de desarrollar una política hacia los asentamientos informales donde, “la intervención de mejoramiento estará dirigida específicamente a superar las carencias de dotación del entorno: espacio público, vías, transporte y equipamiento social y productivo, así como también a la legalización integral de predios y edificaciones y el mejoramiento de la vivienda”.

A este primer instrumento de ordenamiento territorial, le siguieron los Planes Urbanos Integrales (PUI) en 2004, los cuales corresponden a un conjunto de estrategias y proyectos urbanísticos diseñados para mejorar las condiciones de vida en diversas comunas de la ciudad. Los criterios de selección de las comunas en las que se realizarían las primeras intervenciones incluyeron, a) áreas donde las condiciones de la vivienda y el hábitat fuesen precarias, con falta de espacio público y degradación ambiental; b) ausencia del Estado y falta de control en el proceso de urbanización; y c), pobreza, segregación, falta de oportunidades y violencia.

Las intervenciones realizadas a través de estos PUI estaban enfocadas en lograr, a) una adecuada movilidad peatonal y vehicular, considerando variables como la topografía y la interacción social; b) consolidación del espacio público, a partir de la recuperación de los espacios existentes y la creación de nuevos espacios, teniendo como norte un diseño de calidad; y c) la construcción de equipamientos como bibliotecas, que destacaban por su diseño y el nivel del servicio que ofertan a la comunidad.

La implementación de estos planes permitió transformar comunas conocidas por altos niveles de violencia y pobreza, con problemas relacionados con el narcotráfico y la falta de infraestructura adecuada, en áreas que ahora son atractores de turismo a la ciudad y referentes de las transformaciones que se pueden lograr a través de la intervención del Estado, con la participación de las comunidades.

El desarrollo de este tipo de iniciativas requiere la identificación de espacios de oportunidad y de aliados estratégicos para el desarrollo de proyectos piloto. En el caso de ciudad de Panamá proyectos como el Metro, -y la propuesta de construcción de un Metrocable en el distrito de San Miguelito-, abren el espacio a la realización de intervenciones de mejoramiento integral de barrios como las realizadas en Medellín.

El reordenamiento de las comunidades, el saneamiento, la provisión de vivienda digna, la mejora del espacio público, pero, sobre todo, la generación de oportunidades a partir de la reactivación de la actividad económica, deberían ser los ejes de una política pública de vivienda y planificación urbana que permita que comunidades periféricas, como San Miguelito, reciban la atención que requieren por parte del Estado, para la mejora en la calidad de vida de sus pobladores.