La discapacidad en las políticas públicas

Entendida como el conjunto de lineamientos que configuran y direccionan el cómo y el quehacer del Estado, las políticas públicas dirigidas a la población con discapacidad, demandan un examen integral que contribuya a la toma de conciencia sobre lo importante que significa adoptar uno u otro enfoque en este campo, particularmente en materia de discapacidad.

En las últimas décadas, en América Latina se han desarrollado políticas públicas hacia la población con discapacidad, teniendo como disyuntiva el enfoque de la focalización versus el enfoque de la transversalización. Disyuntiva que no solo se observa en el campo de la discapacidad, sino que también abarca el resto de los grupos vulnerables, mujer, niñez, juventud, entre otros.

Luego de abandonar el modelo rehabilitatorio y segregativo de atención, no pocas han sido las discusiones sobre cuál es la mejor manera para impulsar el desarrollo de las personas con discapacidad.

Esta discusión gira en torno a disyuntivas como: transversalización versus focalización; entidades verticales versus entidades horizontales.

El principio de transversalización se contrapone al de focalización, toda vez que el primero supone la supresión de toda entidad dedicada a la atención específica de una población determinada para dar paso a una atención transversal, esto es, que cada entidad del Estado brinda al ciudadano el servicio que corresponde de acuerdo con sus competencias.

La focalización, que supone la atención especializada a través de alguna entidad, argumenta que a través de tales entidades se garantiza servicios especializados, personal técnico, pero ante todo la separación de un presupuesto del Estado. Presupuesto que pudiese diluirse o hasta perderse con la aplicación de políticas transversales, al quedar incluido en distintas entidades.

A la focalización se le ataca su carácter segregacionista, en tanto que a la transversalización se le acusa de promover políticas economicistas destinadas a eliminar servicios a fin de minimizar costos.

La disyuntiva entre verticalidad versus horizontalidad, enfrenta los criterios de eficacia versus estabilidad, y se relaciona con el lugar que ocupa la entidad dentro de la estructura del Estado y su nivel de eficacia en el cumplimiento de sus tareas.

El carácter vertical de tales entidades (entidad adscrita a la presidencia), implica quedar dependiendo de los vaivenes políticos; pero a la vez, dada su ubicación en la cúspide de la estructura, ello posibilita cumplir con mayor eficacia la misión de promover el cumplimiento de los servicios que corresponden a cada institución.

El carácter horizontal o paralelo de tales entidades (entidad autónoma o adscrita a algún ministerio) tiene como debilidad, que se le dificulta cumplir con eficacia la misión de impulsar la inclusión y el desarrollo de servicios destinado a esta población, toda vez que suele no reconocérsele como autoridad dentro de la estructura estatal; de otro lado, se afirma que la naturaleza autónoma de tales entidades garantiza el desarrollo permanente de políticas sobre discapacidad dentro del Estado.

Pero, ¿cuáles son los grandes desafíos que, en materia de políticas públicas hacia la discapacidad, urge enfrentar en los actuales momentos?

Las respuestas a esta interrogante son por demás complejas, sin embargo, caben algunas premisas para el debate:

Primero: la priorización de acciones según cada tipo de discapacidad; en tanto cada tipo de discapacidad es un universo en sí misma, con sus particularidades. Para esto es indispensable que cada tipo de población con discapacidad logre consensos sobre sus demandas más apremiantes, según criterios de cobertura, pertinencia y efectividad; y a partir de allí, una agenda de la discapacidad para el próximo quinquenio.

Segundo: la estrategia comunicacional que resuelva al menos de forma aceptable, el problema de las barreras de los estudiantes sordos en el sistema educativo y le asegure acceso a la información; pues la lengua de señas como único medio, los hace dependientes y reduce sustancialmente la posibilidad de que todos o la mayoría puedan acceder a procesos de aprendizajes reales y efectivos, dado que los servicios de intérpretes son en extremo limitados.

Tercero: el acceso sostenible al mercado de trabajo en el caso de las personas ciegas constituye el talón de Aquiles para esta población, y esto obedece a la falta de un servicio especializado en formación técnica destinada a personas ciegas, cuyas capacitaciones se fundamenten en las posibilidades y capacidades de estas personas, y además respondan las demandas del mercado laboral.

Cuarto: la política pública integral que brinde especial atención al acceso a los servicios de salud y educación a personas con discapacidades en las zonas de extrema pobreza, campesinas e indígenas; quienes por desconocimiento, temores o conformidad, aceptan que sus hijos e hijas con discapacidad, se queden en casa pues les parece natural que, por su condición, la maestra de la comunidad se niegue a aceptarlos en sus aulas de clase.

Según Naciones Unidas las estrategias para la inclusión implican la incorporación de un “enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos que, junto con otras medidas específicas, convertirá las preocupaciones y experiencias de las personas con discapacidad en una dimensión esencial de la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y los programas en las esferas política, económica y social, a fin de que las personas con discapacidad se beneficien igual que las demás. El objetivo final es lograr la igualdad de resultados y fomentar una cultura inclusiva dentro del sistema de las Naciones Unidas”.

Desde esa perspectiva quedan pendientes otras líneas de acción, como el tema de los cuidadores de personas con parálisis cerebral, la inclusión comunitaria de personas con trastornos psíquicos, el transporte para la población con movilidad reducida, la orientación a la ciudadanía acerca del autismo, el desarrollo funcional de la población con discapacidad intelectual y discapacidades múltiples, así como la formulación y desarrollo de políticas específicas que para todas las discapacidades debe desarrollar cada entidad estatal. Lo importante finalmente es insistir en la urgencia de procesos eficaces, eficientes y efectivos para una población que espera, se resigna, o se vuelve héroe por su estoicismo.