Políticas públicas, descentralización y desarrollo local

Panamá acogió la Agenda 2030 como una prioridad nacional. Por ello, actualmente se impulsa transversalizando la política pública a través de ejercicios de alineamiento utilizando entre otros, el Plan Estratégico Nacional (PEN2030) y el Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB), con un énfasis en la planificación nacional y regional.

Con ello se busca articular políticas, estrategias, programas y proyectos según las prioridades nacionales potenciando la participación de las autoridades, líderes y comunidades.

Desde esa perspectiva, en el marco del desarrollo de la política pública, el desarrollo regional y local emerge como la manera más adecuada de fomentar la realización plena de los derechos de los ciudadanos. Los derechos ciudadanos se convierten así en el punto de partida para la acumulación de capital social, el desarrollo de capacidades para la creación de redes de colaboración y acción social. Es decir, es el primer paso para superar las políticas públicas de enclave.

En ese escenario el municipio se transforma en el primer ámbito de relación entre el ciudadano y los servicios, entre los ciudadanos y las autoridades; entre el ciudadano y el Estado. Las autoridades locales son el ámbito primario de actuación del poder, en el marco de la estructura sociopolítica del país. Al mismo tiempo, el municipio se convierte en el actor privilegiado para modular las intervenciones orientadas hacia el cierre de las brechas. Por lo tanto, si en ese escenario no se registra una adecuada relación ciudadanía-estado-participación-desarrollo, se suceden en su orden, todo tipo de sobresaltos que inciden y reducen el fortalecimiento de la democracia y los derechos de la población.

El acercamiento del Estado a las comunidades, vía el municipio, representa un beneficio directo para la ciudadanía, que cada vez más conoce, reconoce, demanda y defiende sus derechos a través de mecanismos democráticos de control social.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO LOCAL

Panamá inició recientemente el proceso de descentralización. Dicho proceso fue el resultado de las propuestas realizadas desde sectores de la sociedad civil, organismos de cooperación y entidades de crédito en el marco de la modernización del Estado. El proceso de descentralización tiene como ejes relevantes la sostenibilidad democrática, la transparencia de la gestión pública, el uso adecuado de los recursos públicos y la eficiencia del aparato político y administrativo del Estado.

Ciertamente, a través de diversos informes elaborados antes, durante y después de la definición de la ruta hacia la descentralización se constató que los mecanismos para una gestión eficiente y eficaz son limitados. Uno de los mecanismos más adecuados para garantizar la gestión eficiente, el desarrollo de capacidades tiene serias limitaciones para convertirse en la piedra angular del proceso de descentralización. De hecho, el proceso de conversión del desarrollo de capacidades en el eje de la gestión municipal eficiente requiere un adecuado dimensionamiento de la misma, además de su utilización integral en todos los niveles y estructuras municipales.

Actualmente el mecanismo regional articulador de la política pública en las regiones, provincias y comarcas con rango provincial es la Junta Técnica. Es decir, el liderazgo para el fomento gestión pública eficiente recae en cada una de las Juntas Técnicas. Pero subyace la heterogeneidad de capacidades institucionales y la desigual disponibilidad de recursos. No obstante, hasta el momento, dicho mecanismo de coordinación no cuenta ni con la capacidad técnica, ni los instrumentos para seguimiento efectivo de las inversiones, los programas y proyectos dirigidos hacia el desarrollo humano sostenible.

Para alcanzar una gestión pública eficiente en el ámbito local, la descentralización gradual transparente, acompañada del fortalecimiento de la participación ciudadana es un hito importante. Es decir, descentralizar y territorializar la política pública permite fortalecer la dimensión provincial, municipal y local que es donde se observan y sitúan las brechas que facilitarán el cumplimiento del Plan Estratégico Nacional (PEN 2030). En los territorios y regiones que integran los corregimientos y municipios emergen a diario derechos vulnerados y privaciones que generan brechas y con ello pobreza, exclusión y desigualdad. En los últimos años el país ha diversificado los mecanismos para la reducción de la pobreza. Incluso ha realizado incursiones con grados de escalabilidad en el proceso de reorganización de la matriz de la desigualdad. Sin embargo, aún no identifica un dispositivo de gestión efectivo para reducir la exclusión a los servicios de atención prioritaria para la población.

DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL

El desarrollo de políticas regionales plantea fortalecimiento de mecanismos de coordinación regional con capacidad para impulsar, monitorear y evaluar el desempeño de una gestión pública eficaz y eficiente en las provincias y comarcas. Esto implica ver alcances, compromisos, funciones y niveles de coordinación. Por otro lado, supone ampliar la presencia institucional en aquellas regiones con problemas de cobertura de los servicios públicos, principalmente los de atención prioritaria a la población; además de mejorar su calidad donde hay presencia, rescatando la interculturalidad como mecanismo de pertinencia en la atención.

Para que los mecanismos de coordinación regional y local dinamicen la política pública en los territorios se requiere de una herramienta eficiente de seguimiento, además de un mecanismo de participación incluyente. Allí, en ese escenario, la descentralización y territorialización de la política pública con participación ciudadana juega una función estratégica.

El desarrollo de políticas regionales y locales cuenta con algunos avances. Los programas de protección social, protección especial y protección integral tienen un desarrollo importante en el ámbito local. Sin embargo, no existen disposiciones efectivas para la operación descentralizada de la política pública. Es decir, se atienden problemas, pero no se impulsa una gestión pública integral orientada a cerrar brechas y desarrollar intervenciones que eliminen gradualmente las privaciones.

Para avanzar hacia el desarrollo humano sostenible se requiere una gestión y una inversión eficiente que logre resultados y desempeños efectivos tanto en lo nacional como en lo local. Sólo superando la política pública de enclave el desarrollo humano integral del país será una realidad. En ese proceso, el Plan Estratégico Nacional (PEN2030) aporta elementos relevantes para redimesionar la política pública y articular los esfuerzos en torno a metas.

MISIÓN Y VISIÓN DE FLACSO

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es un organismo regional, instituido por la UNESCO para impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de las Ciencias Sociales.

El Programa FLACSO-Panamá busca dotar a la población de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.