Administración de justicia: el problema profundo

Cada día hay más gente que echan mano e invocan el Pacto de Estudio por la Justicia como la panacea que la solución a los problemas de la justicia. No tengo empacho en afirmar que la inmensa mayoría no conoce, es más ni saben de la existencia de un informe de esa Comisión, pues bien esa Comisión presentó un informe al país.

De ese enjundioso informe, 144 páginas, citamos parte de la página 58 y la 59:

Redefinición de la Estructura Funcional y Administrativa del Colegio Nacional de Abogados.

Fortalecer la ética profesional del Abogado, implementado la materia de ética en todas las universidades que ofrezcan la Carrera de Derecho.

La aplicación de un examen de suficiencia académica profesional como requisito para ser Abogado. Este examen se aplicará por una Junta Examinadora adscrita al Consejo Judicial.

Reforzar el secreto profesional extendiéndole a todos los Abogados, y empleados de la Firma.

Crear la Secretaría de Educación Legal Continuada.

Establecer la obligación de conocer razonablemente al cliente, especialmente en la tramitación de las Sociedades Anónimas.

Regular el Ejercicio de la Profesión por Abogados Extranjeros.

Fortalecer el Tribunal de Honor y Disciplina del Colegio Nacional de Abogados estableciendo dos (2) Fiscalías, aumentando el número de sus miembros de 5 a 7, exigiéndoles como mínimo veinte (20) años en ejercicio de la profesión y no formar parte de Partidos Políticos.

Crear la doble instancia para la sanción de faltas a la ética, estableciendo la Sala Cuarta como segunda instancia.

Incorporar como falta la copia intelectual de los escritos, las distorsiones y la inadecuada utilización de los medios de comunicación por los Abogados y el exceso de litigiosidad.

Aumentar a dos (2) años la prescripción para la denuncia o quejas por faltas.

Adicionar como sanción la indemnización civil y la exclusión.

Establecer la obligación de los Abogados de suscribir con sus clientes un contrato de servicios profesionales. Prohibir los ‘Referal Fees'.

Prohibir al abogado funcionario litigar en la Institución en que sea Director, esta prohibición se extiende a todos los miembros de la Firma

De esas tareas, las Juntas Directivas que presidí del 2013 – 2017, creamos la Secretaría de Educación Legal Continua y la parte más importante ‘la aplicación de un examen de suficiencia académica como requisito para ser abogado', presentamos, en conjunto con la Corte Suprema de Justicia el respectivo proyecto de ley. Sin embargo, oscuras fuerzas dentro y fuera de la Asamblea, dieron al traste con ese necesario proyecto.

Algunas de las tareas señaladas en dicho Informe han sido atendidas por leyes posteriores, como la obligación de conocer razonablemente al cliente (ley 23 de abril de 2015). Otras fueron atendidas a través de los Estatutos del gremio; pero, lo más importante, el examen profesional, sigue después de casi 15 años como una materia pendiente. Tan grande y poderoso es e l lobby de las universidades de garaje?

Este examen no es para que haya menos abogados. El número no importa. El examen es para proteger a los ciudadanos de abogados sin suficientes conocimientos jurídicos.

Al respecto, y para una mejor comprensión de la situación crítica, alarmante, de pavor y espanto, presentamos el siguiente cuadro de egresados graduados en derecho de las universidades en los últimos años: (ver gráfica).

El problema fundamental de la justicia radica en el hecho de la falta de un examen profesional, pues esos abogados, graduados sin mayor rigor científico o académico, mañana serán los encargados de impartir justicia, asesorar ministros o directores de entidades o en la empresa privada e igual sirven a la población.

A los ciudadanos, es deber del Estado, garantizarles una buena asesoría jurídica, caso contrario tendríamos abogados sin preparación asistiendo o aconsejando clientes.

Por lo anterior, y muchas cosas más, es que afirmo que es doble moral hablar de crisis en la justicia y no exigir el examen profesional que garantice a los ciudadanos abogados preparados con rigurosidad científica y académica.

PANAMÁ