Plan de auditoría de la mina se presentará la próxima semana, asegura MiAmbiente

El plan de auditoría que hará el Gobierno a la mina de cobre de First Quatum Mineral, ubicada en Donoso, provincia de Colón, será anunciado en la próxima semana, confirmó Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente.

Navarro dijo que si el proceso de auditoría es aprobado tomaría entre dos a seis meses, un período que permitirá al personal del Ministerio de Comercio e Industria (Mici) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) trabajar mancomunadamente para sentar las bases de los próximos pasos que se decida tomar, a partir de 2025 como ya lo ha dicho el presidente José Raúl Mulino.

“Queremos poner en marcha primero este proceso, y una vez, que esto ocurra, nuestro personal estará en la mina todos los días”, contó el ministro durante su participación al Congreso de Cuencas, que se llevó a cabo, este miércoles 24 de julio.

Para Navarro, es importante que se apruebe la auditoría a la mina, tomando en cuenta los riesgos que representa el almacenamiento de las más de 130.000 toneladas de cobre concentrado, cuyo valor asciende a más de $200 millones.

“Hay un riesgo enorme con el concentrado de cobre que está en la mina. Hay que llevárselo de aquí lo antes posible. Sin embargo, para poder sacarlo de la mina hay que volver a molerlo, eso no lo han explicado los expertos”, explicó Navarro.

Mulino ha informado que la auditoría ambiental de la mina se dará con los mejores expertos internacionales para que el país conozca la verdad sobre el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora, y los posibles peligros que representa su situación actual al ambiente, estando abierta o cerrada.

“Panamá escogerá la empresa de auditoría, la cual no tendrá ningún costo para el Estado. El plan de abrir para cerrar de forma definitiva, segura y positiva para nuestro país, dependerá del resultado de ese estudio ambiental”, señaló Mulino.

En un corto plazo, Navarro adelantó que ya están por aprobar el Plan de Gestión Segura, que presentó la empresa canadiense, en miras de mantener de manera segura lo que está en el área.

Todo esto, tomando en cuenta que los principales problemas ambientales que se han detectado con la mina vienen de los taludes del tajo, que corren peligro con el paso de las lluvias, así como con el almacenamiento del concentrado de cobre, los riesgo de contaminación y otros temas similares.

En medio del debate sobre quién es el dueño de las más de 130.000 toneladas de cobre concentrado, el ministro de Ambiente aclaró que eso es un tema que está determinado por los abogados y los contratos, en base a los tiempos que se molió dicho material.

Asimismo, indicó que el Mici ya está contratando una firma especialista para determinar exactamente ese punto.

“Nosotros queremos que de una manera transparente de la mano de toda la comunidad se pueda ir todo ese material. Tocará económicamente determinar lo que a Panamá le corresponde, a la mina igual. Pero hay que eliminar ese peligro ambiental terrible antes de que sea demasiado tarde”, puntualizó Navarro, quien mencionó que todavía no se ha reunido con el personal que se encuentra en la mina.

A finales de 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley que había entre el Estado y la empresa canadiense, tras la ola de protestas que se generaron por su rechazo.

Esta decisión ha representado el cierre total de la mina más grande de Centroamérica y que representaba el 4.8% del PIB y el 75% de las exportaciones de Panamá, según datos de la empresa, que comenzó a exportar ese mineral en 2019.

Los arbitrajes internacionales interpuestos contra Panamá, por el cierre de la mina, ya representan $57,000 millones.

Mulino ya ha dicho que Panamá “no se va a dejar amedrentar con los procesos arbitrales que tienen diversas empresas contra el país por la suspensión de operaciones de la mina”.

“El Estado panameño tiene muchas demandas gigantes por parte de muchas empresas por el cierre de esa mina, pero nuestro deber es defendernos. No podemos hacer nada para esas demandas”, alegó el mandatario, a la par de considerar que las demandas están “justificadas”, ya que se trata de una inversión muy grande que fue paralizada de forma repentina.