Cámara Minera: Arbitrajes contra el cierre de la mina tienen un valor de $57,000 millones

La minera canadiense First Quantum Minerals iniciará este mes de julio un recurso formal de arbitraje contra Panamá por el cierre de la mina de Donoso, después de que a finales de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña declaró inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 del contrato de concesión minera.

Según una publicación de Reuters, esta información fue dada a conocer, recientemente, por dos fuentes allegadas al tema, luego de que en diciembre pasado, First Quantum Minerals y su filial Minera Panamá informaron que habían comenzado un proceso arbitral contra Panamá, en la Corte Internacional de Arbitraje de Miami, Florida, solicitando $20.000 millones por el cierre de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

De acuerdo con la nota, la empresa minera pasará a esta parte del proceso de arbitraje, después de un período de seis meses de la etapa inicial en que los involucrados negocian para no pasar al inicio formal del procedimiento, explicaron las fuentes que reservaron sus nombres. La minera canadiense continúa el proceso adelante, porque si no se cumple el plazo de julio tendría que presentar un nuevo intento de arbitraje que llevaría a otros seis meses de negociaciones.

“First Quantum cumplirá el plazo del 30 de julio para iniciar un arbitraje formal contra Panamá, ya que tiene el deber fiduciario de hacerlo”, dijo una de las fuentes citadas por Reuters, que pidió el anonimato, por no estar autorizada a hablar con la prensa del tema.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha mencionado un enfoque de “abrir para cerrar” la mina; y en mayo pasado, adelantó a los medios locales que él no “iba a aceptar hablar de mina con esos arbitrajes activos”.

“Hay que respetar las leyes, el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el pedido de nuestro pueblo”, afirmó Mulino en su discurso el 1 de julio.

Roderick Gutiérrez, Cámara Minera de Panamá (Camipa), mencionó a los medios de comunicación, el pasado 3 de julio, que el concepto de “abrir para cerrar” no existe dentro de la minería. “Lo que existe es el término ‘plan de cierre’ el cual debe estar listo desde el inicio del proyecto minero, para ir aplicándolo en la medida en que se vayan finalizando las actividades”, expresó.

El líder de Camipa explicó que el proceso de cierre usualmente se financia con las ganancias que genera la propia mina y que, de no concretarse, puede generar consecuencias ambientales severas en la zona de la actividad. “Incluso hay un plan de postcierre, lo que implica muchos años de trabajo”, detalló.

En relación con los arbitrajes, desde Camipa exhortan a la empresa y al Estado a sentarse a dialogar. “Los términos para los arbitrajes tienen fechas y se deben cumplir. Aunque el gobierno pidió suspender los arbitrajes, la empresa tiene el derecho de poder seguir con ellos, de allí que sea fundamental el diálogo”, valoró el también ingeniero ambiental.

Según Gutiérrez, hasta el momento, se han presentado siete procesos arbitrales, contra el cierre de la mina, los cuales han sido solicitados tanto por proveedores como por inversionistas que, en su totalidad, representan un monto de $57,000 millones.

A principios de año, el gobierno de turno presentó un Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) y, hasta hace poco, se sabía que estaban trabajando en la elaboración de un estudio de mercado para la contratación de una Auditoría Integral de Procesos Mineros.

La nueva administración también tendrá que tomar una decisión sobre las más de 130.000 toneladas de concentrado de cobre que llevan almacenadas en Donoso, desde finales de agosto de 2023, y que la minera canadiense había estado negociando con la administración panameña saliente para que le permitiera venderlas.

No obstante, Mulino indicó que bajo las condiciones actuales ese lugar “representa un desastre ambiental en potencia que el gobierno debe evitar”.

Precisó que, de acuerdo con los informes de la administración saliente, “la empresa tiene el control de esa operación de cuidado, mantenimiento y seguridad ambiental; y lo está haciendo a su costo”.

Sobre el concentrado, el líder de Camipa considera que, dado que este fue extraído cuando el contrato Ley estaba vigente le pertenece a la empresa, pero indico que vender ese material no es tan sencillo.

”Para poder exportar ese concentrado se requiere darle un tratamiento especial, porque está almacenado en un lugar que no es idóneo para guardarlo por mucho tiempo”, alegó Gutiérrez, quien detalló que se debe proceso nuevamente para que vuelva a ser manejable.

El mandatario adelantó, en ese sentido, que ordenará una estricta auditoría ambiental de la mina, con los mejores expertos internacionales para que el país conozca la verdad sobre el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora, y los posibles peligros que representa su situación actual al ambiente, estando abierta o cerrada.

“Panamá escogerá la empresa de auditoría, la cual no tendrá ningún costo para el Estado. El plan de abrir para cerrar de forma definitiva, segura y positiva para nuestro país, dependerá del resultado de ese estudio ambiental”, señaló Mulino.

Al ser consultado sobre el proceso de auditoría, el líder de Camipa comentó que es muy necesaria. “Con este proceso se podrá contar con información verídica para tomar decisiones adecuadas sobre la mina”, destacó.

”Nosotros proponemos una auditoría integral de la mina, que vea el aspecto ambiental, pero también el económico, social y político, para saber con más detalle lo que pasa”, abogó Gutiérrez.

El pasado 27 de junio, el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, dijo que lo “más probable es que el tema minero no se vaya a resolver con otro contrato”. “Lo que no puede haber duda es que el Estado es el dueño de los recursos minerales del país. Este tema lo vamos a abordar de manera responsable y transparente”, afirmó Moltó.

En una nota de ANP Panamá, Moltó aseguró que Panamá está preparado para evaluar el estado actual de los arbitrajes en curso, de los cuales solo uno está actualmente activo y es de carácter comercial. Los otros arbitrajes -alrededor de cinco por inversión- están en etapa de intención y no han sido formalmente presentados.

“El Gobierno realizará un análisis exhaustivo de la situación antes de informar con transparencia a la ciudadanía”, sostuvo Moltó.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Panamá disminuya al 2,5% este 2024, en gran parte como resultado del cierre de la mina Cobre Panamá.

Indicó que los riesgos clave incluyen la pérdida del grado de inversión, un mayor malestar social, las consecuencias del fin de la producción de cobre, incluidos los procedimientos de arbitraje internacional y los riesgos externos.

“Las perspectivas económicas a corto plazo están sujetas a un alto grado de incertidumbre y el balance de riesgos se inclina a la baja”, señaló el FMI en un informe publicado el pasado 27 de julio.

La mina contribuyó, directa e indirectamente, con alrededor del 5% del PIB de Panamá.