Petro busca que Grupo Aval repare los daños causados al Estado de Colombia

Corporación Financiera Colombiana, S. A. (Corficolombiana), una institución colombiana de servicios financieros controlada por el Grupo Aval, sigue dando de qué hablar después de la multa de $80 millones que le impuso Estados Unidos por pago de sobornos para contratar obras estatales con la constructora brasileña Odebrecht.

Ahora, el presidente del país andino, Gustavo Petro, recomendó usar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer formas de reparación al Estado de Colombia.

El mandatario también ordenó la revisión de todos los contratos que tiene el Estado con el grupo económico, el más importante de Colombia. “He ordenado a la Cancillería de Colombia usar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de Estados Unidos y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado colombiano”, dijo Petro.

Las autoridades estadounidenses determinaron que existía responsabilidad del grupo económico en un esquema de sobornos para adjudicarse con Odebrecht, la construcción del proyecto La Ruta del Sol 2, uno de los corredores viales más importantes de Colombia.

Entre 2012 y 2015 –según documentos judiciales– Corficolombiana pagó más de $23 millones en sobornos a altos funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y, además, a un ejecutivo de la agencia estatal de infraestructura para ganar un contrato para construir y operar una autopista de peaje conocida como la extensión Ocaña-Gamarra. Lo hizo de la mano de Odebrecht SA (Odebrecht), un conglomerado global de construcción con sede en Brasil.

El presidente colombiano no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra la justicia de su país. “Los brasileños que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de la multa impuesta en el país”, agregó.

Con el pago de la millonaria multa, Grupo Aval no enfrentaría procesos penales, civiles y administrativos en la justicia estadounidense.

El exfiscal Martínez respondió hoy a las acusaciones de Petro y afirmó que nunca fue “abogado del consorcio ante el Estado para el trámite y adjudicación de los dos contratos espurios de concesión de la Ruta del Sol, Tramo 2”.

“Es cierto sí que fui el abogado que tramitó el contrato de estabilidad jurídica, por encargo profesional que se me hizo en el año 2010, seis años antes de conocerse que Odebrecht era una empresa corrupta”, agregó Martínez en un pedido de rectificación enviado al mandatario.

Martínez fue fiscal general de Colombia entre agosto de 2016 y mayo de 2019, con lo cual le correspondieron las primeras investigaciones del caso Odebrecht en el país. Previamente había sido ministro de Justicia (1994-1996), de Interior (1998-2000) y de la Presidencia (2014-2015).

“En Colombia, durante los tres años de mi administración, los fiscales de conocimiento identificaron las principales líneas de investigación, recaudaron la evidencia más importante (...) y mientras la justicia internacional hablaba de $11,5 millones en sobornos”, los fiscales colombianos “habían establecido que las coimas en nuestro país ascendían a 84.000 millones de pesos (unos $20,8 millones de hoy)”, señaló Martínez.

Con información de EFE