SPI tilda de falsas las acusaciones de jurista por supuesto traslado 'ilegal' de unidades de la entidad a la Policía Nacional

El Servicio de Protección Institucional (SPI), adscrito al Ministerio de la Presidencia calificó de falsas las acusaciones hechas por el abogado Justino González, en los medios de comunicación social y en las redes sociales, en la cual, asegura la entidad, ha expresado señalamientos con calificativos que rayan en lo calumnioso e injurioso.

En un comunicado emitido por el SPI, a través del Ministerio de la Presidencia se señala que estos señalamientos "calumniosos e injuriosos", de Gonz´ález se dan al este afirmar que el señor Director General del SPI, el Comisionado Julio César Jean Louis, ha ejecutado actos con “Desviación de Poder”, al emitir el traslado de treinta y seis (36) unidades a la Policía Nacional, con el visto bueno del señor Vice Ministro Carlos García Molino, sin contar éste con facultad para ello.

Esta afirmación asegura la entidad, constituye una "total infamia", toda vez que mediante Resolución No. 171 de 16 de septiembre de 2019, el señor Presidente de la República, delega en el señor Viceministro y al Director Administrativo del Ministerio de la Presidencia, la firma de todos los actos administrativos de personal y de apoyo socioeconómicos del Servicio de Protección Institucional.

Otro precepto legal, según el SPI, y que según plantean echa por tierra, las afirmaciones del abogado González, lo constituye el Decreto Ejecutivo No. 172 de 10 de junio de 2019, en la Sección 5ta., específicamente en el artículo 93, el cual, establece que el Órgano Ejecutivo podrá autorizar el traslado de miembros del Servicio de Protección Institucional a otra institución de seguridad pública, por solicitud de directores de turnos en el ejercicio del cargo, manteniendo el mismo rango o su equivalente, con todos los derechos establecidos por ley.

La institución negó la afirmación hecha por el abogado González que, dentro de los trasladados, se encontraba el Capitán Miguel Elías Quintero, quien falleciera de covid-19 y que tanto, ni el Servicio de Protección Institucional, ni la Policía Nacional pagaron el sepelio de la mencionada unidad.

Frente a estos señalamientos el SPI indicó que, a través de la entidad, se le tramitó el pago del seguro de vida por la suma de $35,000.00, hecho a los familiares (esposa, madre e hijos) del Capitán Quintero (q.e.p.d.). Este monto, detalla el ente, incluía el pago de los servicios funerarios correspondientes.

"Inclusive su temeridad va más allá de la sana crítica y la lógica común, al imputarle por negligencia, la responsabilidad del fallecimiento de dicha unidad, al Director General del SPI y al señor Vice Ministro del Ministerio de la Presidencia", advierte el organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia.

"Igual falacia, es lo señalado por el precitado abogado, consistente en que las unidades trasladadas, se encuentran en una laguna jurídica administrativa, ya que no son reconocidos, ni como agentes del SPI, ni de la Policía Nacional!.

Estos afirma el SPI, constituye una "afirmación temeraria", ya que asegura el organismo policial que, todas las unidades trasladadas a la Policía Nacional, o viceversa al SPI, se mantienen con todos sus derechos adquiridos, salario, sobre sueldos, rango, ascensos y jubilaciones que han sido mantenidos y respetados hasta la fecha.

Plantea además el SPI que las afirmaciones efectuadas por el abogado Justino González, constituyen afirmaciones que contienen presuntos "calificativos calumniosos e injuriosos" al imputarle actuaciones punibles en grado de negligencia y la ejecución de actos abusivos revestidos de ilegalidad, tanto al Director General del SPI, como al señor Vice Ministro del Ministerio de la Presidencia.

"Esto devenga una conducta totalmente contraria a derecho y a lo establecido en la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley No. 8 de 16 de abril de 1993, que regula el Ejercicio Profesional de la Abogacía", concluyó este organismo de seguridad del Estado.

Frente a lo planteado por el SPI, el abogado Gonz´ález sostuvo que el comunicado emitido por esta entidad, lejos de hacer aclaraciones "se constituye en un acto para meternos terror y miedo, a fin de que desistamos de las acciones legales en favor de oficiales, clases y tropas que han denunciado en esa entidad arbitrariedades, desviación de poder y traslados ilegales".

Asegura además que en el comunicado se hace mención de una resolución en la que se faculta al viceministro de la Presidencia a hacer los traslados. "Dicen que fue firmada por el Presidente... la gran mentira, fue firmada por el ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo", afirmó. 

Explicó que para que haya un traslado de las unidades del SPI debe haber un acto administrativo que contenga el traspaso de las partidas del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Seguridad, para que mantengan su salario y sus derechos adquiridos. "Esto no se dio, por lo tanto los traslados son ilegales", aseguró.

"Este comunicado sencillamente es una proclama amenazante. El lunes interpondremos las acciones penales y contenciosas; ojalá no haya más proclamas amenazantes y menos contra abogados, jueces y magistrados, como en los tiempos de la dictadura militar", precisó González.