Nelva Reyes: No hay confianza en la Corte y por eso seguimos en la calle

Panamá entra en su quinta semana consecutiva de estallido social antiminero, mientras crece la expectativa sobre la postura que podría asumir la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno a la inconstitucionalidad o no de la Ley 406 que formaliza el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

El 24 de noviembre próximo será un día clave, cuando el pleno de la CSJ entre en sesión permanente.

Pero los tiempos judiciales no acompañan los tiempos políticos y sociales. En la calle hay desconfianza de la Corte, una institución cuestionada mucho antes que estallara la crisis.

“No es intransigencia (de los manifestantes). Si nos vamos a la casa, ¿que cree que va hacer el gobierno? ¿Qué hará la Corte? No tenemos confianza, por eso estamos en las calles y vamos a seguir”, señaló Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), grupo parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida.

Reyes estuvo este lunes en “Portada” de La Estrella de Panamá, donde reiteró la postura asumida por el movimiento social organizado de derogar la ley. A su juicio, es la vía “más expedita” para salir de la crisis y que está enmarcada en la Constitución.

Considera además que la experiencia de la mesa del diálogo de Penonomé durante la crisis de 2022 es un “mal precedente”, luego de que el gobierno “no cumpliera” con lo pactado. En el caso de la Corte, la desconfianza es mayor porque no hizo cumplir el fallo de inconstitucionalidad que emitió en 2017 en contra del contrato-ley de 1997.

Reyes reconoció que los cierres de calles han generado afectaciones. Frente a eso sostuvo que la responsabilidad primaria de la situación y los bloqueos es del gobierno que “provocó” la crisis. Además, indicó que los bloqueos son el resultado de las fallas del Estado en atender las demandas de la población.

Lamentó que los bloqueos sean la “única forma” de que se escuche a la ciudadanía. “Se ha venido hablando de porqué no protestar en la acera. La gente está cansada de hacer protestas y ni siquiera la miran, la única forma de que (las autoridades) miren, es que cierres una calle”, dijo.

Para la docente, el Ejecutivo ha impulsado una estrategia de “jugar al desgaste” de las manifestaciones e hizo un llamado a los sectores empresariales.

“Los empresarios no deberían estar acusándonos a nosotros que estamos en la lucha, sino que le exijan al gobierno que dé una salida cónsona con lo que la población está exigiendo”, remarcó.

Reyes consideró que luego que se defina la inconstitucionalidad o derogatoria, el gobierno debe garantizar que la empresa pague todas las prestaciones sociales pendientes a los trabajadores y que se aplique un plan de cierre de acuerdo con la “magnitud del daño”.