APEDE asegura que el MP no debe abusar de la detención preventiva

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) asegura que todo hecho se debe investigar con transparencia y a todo ciudadano que se investigue, independientemente, de la posición que haya ocupado o que ocupe actualmente, se le debe dar siempre las garantías procesales debidas, respeto al debido proceso y derecho a la legitima defensa a todos.

Apede se pronunció con respecto a la investigación que se realiza por un supuesto préstamo irregular que se otorgó en la administración del presidente Ricardo Martinelli. Este caso ha llevado a indagatoria a Riccardo Francolini y Fernando Correa Jolly, exmiembros de la junta directiva de la Caja de Ahorros, siendo Francolini el más pejudicado porque se le aplicó la medida cautelar de detención preventiva.

El gremio empresarial asegura que el Ministerio Público, pese a que tiene la vindicta pública, no debe abusar de la detención preventiva como único medio que se tiene al respecto.

"Consideramos hay otras alternativas, si genuinamente se considera que hay de forma legitima la posibilidad de que un individuo pretenda escapar de las autoridades que se le ponga la detención preventiva. Existen otras alternativas, como: casa por cárcel, el impedimento de la salida del país, entre otras", expresa en un comunicado Apede.

De acuerdo a Apede no era necesario acudir a las oficinas del periodista Fernando Correa, en pleno noticiero matutino a fin de llevarlo a comparecer a una citación, considerando que hay otras maneras de hacerlo.

“Instamos a que se sepa la verdad, si hay una lesión patrimonial y si en efecto hay un hecho punible, que se responda ante él, en caso tal que no hay una comisión de hechos de cualquiera de estos exdirectivos que se le reinvindique y se den las garantías debidas”, destacó Juan Gabriel González, presidente del gremio empresarial.

Francolini y Correa son investigados por un préstamo de $9 millones avalado para la empresa constructora HPC-Contratas-P&V, a la que se le adjudicó el Centro de Convenciones de Amador, por $193 millones.