Una mirada a los retos del Canal tras cuatro años de su ampliación

En una semana se cumplen cuatro años desde que se inauguró el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. La fecha es relevante no solo para recordar cómo el cruce de un barco hinchó de orgullo a los panameños aquel 26 de junio de 2016, sino porque aún la obra no se ha finalizado al 100% y tiene tres arbitrajes en proceso.

Al 31 de marzo pasado, el Canal reportó en su informe trimestral sobre la ampliación que el contratista Grupo Unidos por el Canal, todavía realizaba trabajos menores pendientes y corregía “defectos notificados”. Y solo cuando el contratista –cuyo participación mayoritaria la ejerce la española Sacyr– evacuara la lista que en el informe se denomina Programa de Defectos y Trabajos Menores Pendientes, es que GUPC podría solicitar el certificado de finalización de la obra, según reza el contrato para la ampliación.

Otro lastre financiero para el Canal son los tres reclamos pendientes de los cinco que ha interpuesto GUPC en cortes de arbitraje internacional desde 2016. Aunque dos de esos reclamos fueron negados a GUPC y fallados a favor del Canal de Panamá, Sacyr informó a sus accionistas en diciembre pasado que la “cantidad razonable” que esperan recibir es de $2,144.2 millones de los $5,200 millones que reclaman.

Entretanto, la asesoría jurídica y el apoyo técnico de firmas estadounidenses que ha contratado el Canal para estos procesos, representan otros $42 millones en desembolsos que no estaban contemplados en el precio original del proyecto. Un precio controvertido desde el inicio si recordamos lo planteado en los dos informes al país del Grupo Illueca, publicados en 2006.

En ambos informes, uno publicado previo al referendo y el otro publicado inmediatamente después, los autores –el expresidente Jorge Illueca, su hijo el abogado Enrique Illueca, el ex subadministrador del Canal Fernando Manfredo y el economista Julio Manduley– cuestionan la viabilidad financiera y social de la obra, además de las inconsistencias técnicas y morales en todo el proceso.

Manduley planteó posteriormente en su libro Panamá: Estructura-Coyuntura, que GUPC ganó el contrato ofertando $363 millones por debajo del precio de referencia que había calculado la misma ACP; y en consorcio con la local CUSA, empresa de la familia del entonces administrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, quien impulsó la ampliación.

De los cinco reclamos presentados por GUPC, el primero y el quinto le fueron negados. Están pendientes de resolución el segundo, el tercero y el cuarto arbitraje.

El segundo arbitraje es por basalto, fórmulas de hormigón, fallas y laboratorio. Por ello reclaman $463.1 millones. Se celebró la audiencia en octubre de 2019 y se espera el fallo para este año.

El tercer arbitraje es por las compuertas y laborales. GUPC reclama aquí $593.9 millones y presentó su memorial de demanda en marzo de 2020. La ACP debe contestar en octubre de este año.

El cuarto arbitraje, que es por interrupción, prototipo, hormigón general y ómnibus, asciende a $2,901.5 millones. GUPC presentó la primera parte del reclamo en enero de este año, lo que el Canal contestaría en noviembre; en espera de una segunda parte de reclamos. Este es el proceso que apunta a alargar aún más el cierre fiscal de la obra.

El estado de las tres reclamaciones pendientes están detalladas en el informe trimestral del Canal al 31 de marzo de este año, con excepción de los montos. Estos se obtuvieron del informe anual 2019 de Sacyr a sus inversionistas.

Otros retos que presionan el actual modelo de negocios de la vía son el calado, la demanda, y más recientemente, la pandemia. El esclusaje de barcos –como ha operado por más de 100 años– demanda grandes volúmenes de agua, la cual escasea en 6 de cada 10 hogares panameños, según datos de Unicef.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, reseñó en un escrito esta semana que buscan “varios proyectos y alternativas, no necesariamente una opción específica” en cuanto a la ampliación de recursos hídricos. Preseleccionarán a empresas para esta cartera de proyectos en los próximos 12 meses.

Los altibajos en el comercio mundial también están dentro de las proyecciones de la vía por el intercambio entre China y Estados Unidos, principalmente. Y más recientemente, el efecto de la pandemia, que caló con mayor fuerza en mayo al reducir los tránsitos en 21%.

El Canal estimó para su año fiscal (que culmina en septiembre) ingresos por $3,426.1 millones y pagos al Tesoro Nacional por $1,824.1 millones, incluyendo tasa por tonelaje, servicios públicos y excedentes.