Mici y Cobre Panamá, distanciados en negociaciones

Las posiciones entre el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y Cobre Panamá parecen alejarse cada vez más. El primero rompió el hermetismo que mantuvo desde el inicio de las negociaciones y emitió un comunicado para “corregir” varias aseveraciones dadas por Tristan Pascall, director general de First Quantum, durante una conferencia telefónica ofrecida este martes.

Pascall aseguró que Cobre Panamá, operada por su subsidiaria Minera Panamá, está dispuesta a llegar a un acuerdo justo con el Gobierno panameño, y que aceptaría las condiciones económicas impuestas por el Mici. Entre ellas, una de las más polémicas, se refiere al pago mínimo de $375 millones anuales al gobierno en caso de que el cobre se cotice por debajo de $2.75 la libra, y el porcentaje en regalías que debía reajustarse a lo que señalaba el Código Minero que es de un 5% para el cobre y un 4% para oro.

Para el Mici, quedan "más que pocos" desacuerdos pendientes. Faltan por solucionar las regalías, deducciones por agotamiento, medidas internacionales para mitigar la evasión de impuestos, alcance de las servidumbres, incumplimiento sustancial, terminación, y otros. 

De hecho, las propuestas de contrato de Minera Panamá presentadas más recientemente han distanciado aún más a las dos partes. Los beneficios económicos de Panamá se reducen aún más cuando se aplica la propuesta de agotamiento de Minera Panamá. Por lo tanto, para el Mici se debe comparar el paquete de beneficios económicos completo compuesto de regalías e impuestos y no solo un componente, al determinar si es cónsono con los estándares internacionales para contratos mineros.

El Mici también reveló que la mina ha presentado propuestas que le ofrecen más beneficios cuando el precio de cobre es alto y protecciones en escenarios desfavorables cuando baja el precio.

Por ejemplo, señala el Mici: “la propuesta de Minera Panamá sobre el agotamiento disminuye la cantidad de años que pagará el ingreso mínimo garantizado y disminuye los beneficios económicos de Panamá en escenarios de alto precio del cobre y/o alta producción”. Añade, “esto haría que el beneficio económico de Panamá fuera considerablemente inferior al de los países en situación comparable y daría como resultado un beneficio económico asimétrico a Minera Panamá”.

El empresario mencionó un breve contexto sobre las condiciones en que la mina se hizo del proyecto y enseguida enumeró los puntos que la empresa está dispuesta a firmar con el gobierno. El primero fue el pago mínimo descrito arriba, que calificó como único en la región o en cualquier jurisdicción que explote minerales.

El segundo se refiere  al porcentaje en regalías que acata la mina según los lineamientos del gobierno, calculado entre un 12% y un 16%. Un monto superior al que establece el Código Minero vigente, para el oro 4% y el cobre un 5%. Cifra que, según Pascall estarían entre las más altas de América. El Mici, en cambio, apunta que las regalías son solo un componente de los beneficios que recibiría Panamá. Las propuestas en el contrato son más altas porque los otros componentes del paquete económico son nominalmente bajos.

La empresa admitió un fin a la moratoria fiscal y que se definieron las protecciones ambientales, el respeto a las normas laborales y el desarrollo comunitario en las zonas cercanas al proyecto.

A pesar de los puntos de concordancia, aún no hay humo blanco.

Un primer escollo se refleja en el mencionado pago mínimo de $375 millones. El gobierno había anunció previamente que recibiría la totalidad de la suma y en qué se usaría el dinero.  El monto se recibiría desde 2022 Pero en la conferencia telefónica Pascall especificó que dicha suma se negocia en función del precio del cobre, los niveles de producción y los límites impositivos que se calculan sobre la rentabilidad y la capacidad de la empresa para poder hacer frente a este compromiso. Así las cosas, la mina calcula que pagará la cifra completa a partir del año 2026, a menos que el precio del cobre o la rentabilidad caigan sustancialmente. “Después de 2026 suponemos que vamos a pagar los $375 millones e impuestos por $35 millones. Es un gran negocio para Panamá”, señaló Pascall.

Otro punto reiterado por la mina es la seguridad jurídica. No está dispuesta a experimentar en el futuro un escenario similar al que vivió con el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la ley, y por ende el contrato con el estado.  Pascall dijo que a pesar del fallo el gobierno dijo públicamente que el contrato estaba vigente y con base en esa confirmación la empresa continuó su inversión. En la nota de prensa el Mici aclaró en la nota de prensa que “cuando esa sentencia entró en vigor, el contrato quedó anulado. Por lo tanto, se requiere un nuevo contrato para regularizar las operaciones de Minera Panamá”.

Pascall dice que no está pidiendo nada fuera de lo  “normal” considerando la magnitud y escala de la inversión autovalorada en más $10 billones. La protección legal y que el contrato sea duradero, a largo plazo, forman parte de los planes de la mina en Panamá. En palabras cortas, se trata de una protección frente a cualquier intención del gobierno en expropiar el proyecto o su rescisión. En este punto se marcan las diferencias en cómo se debe resolver un posible conflicto entre ambas partes y cuál sería el rol del Estado en las diferentes etapas de solución del proceso.

En este aparte el gobierno se resiste a aceptar los derechos de terminación usuales. La mina busca un pago excesivamente alto por ciertos activos en caso de terminación. "Esto es inconsistente con las buenas prácticas internacionales", señaló el Mici.

Las conversaciones siguen su curso a pesar del ultimátum dado por el gobierno el pasado 14 de diciembre, cuando ordenó a la empresa iniciar un proceso de cuido y mantenimiento. Una orden innecesaria, según la calificó Pascall, pero que tampoco se puede tomar a la ligera por las consecuencias que puede implicar. La resolución, no obstante, aún no se encuentra en firme debido a los recursos que interpuso la mina. El Mici negó la reconsideración y la mina apeló la decisión.

Desde la óptica del Mici se trata del cumplimiento del fallo de la Corte dado el fracaso de Minera Panamá en regular sus operaciones. No obstante el fallo, la mina ha continuado operaciones sin un contrato, ”y el statu quo irregular no puede continuar indefinidamente”.

Aun con estas piedras en las ruedas, Pascall dijo estar dispuesto y comprometido a llegar a un acuerdo justo con el gobierno. No hay una fecha límite o un reloj presionando a ambas partes para alcanzar un acuerdo, “el cronograma no está claro”, expresó el gerente.

Entre las consecuencias que enumeró Pascall sobre la ralentización de las operaciones, la principal es el golpe económico que recibiría el país, ya que la mina aporta el 5% al producto interno bruto, lo que se traduce de $5 millones a $10 millones al día para el gobierno. La segunda cosa, según Pascall, es que tendrá un impacto en la educación y los programas que mantienen en las comunidades aledañas. La tercera es la reputación que puede tener Panamá en el exterior y también para la empresa, un riesgo que deben manejar con cuidado.

Por último, el gerente de First Quantum dijo que en esta ocasión no están pidiendo nada inusual o más allá de lo cuadrado en enero de 2022 cuando iniciaron las conversaciones con el gobierno. El nuevo contrato que pretenden plasmar en blanco y negro cuenta con disposiciones legales que superan las dispuestas en 1997 y permitirán más supervisión de la entidad ambiental. De acuerdo con Pascall, Cobre Panamá no está solicitando flexibilizar las normas, sino continuar en las leyes panameñas.

Sin embargo, recientemente el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, manifestó que la empresa solicitó eso mismo, la flexibilización de lo pactado en enero pasado y más terreno para la concesión. “La empresa ha pedido algunos cambios, pero como gobierno no vamos a ceder. Pidió flexibilización de las medidas ambientales y más área para trabajar el proceso industrial de la minería”, explicó el ministro de Ambiente.

Pascall, en cambio, cree que las servidumbres que están otorgadas a Cobre Panamá les dan derecho a todos los depósitos minerales, el cobre y relacionados, aunque aclaró que no buscan expandirse a más terreno que el otorgado en 1997.

Al inicio de la conferencia Pascall anunció que después de 22 años de haberse firmado el contrato original, la empresa logró operaciones comerciales.

En un comunicado interno de la mina, emitido este 9 de enero, suscrito por el gerente general Alan Delaney, se alerta a los empleados de los reclamos sometidos ante el Mici sobre el plan de cuido y mantenimiento que ordenó la entidad gubernamental, cuando las conversaciones se tensaron. Al respecto, la nota interna expresa que podrían verse obligados a suspender una cantidad significativa de su fuerza laboral, algo que no quieren hacer y sería un último recurso. De concretarse, advierte, se hará apegada a las normas del Ministerio de Trabajo. La empresa solicitó una reconsideración al Mici, pero fue rechazada. El paso siguiente es presentar una apelación ante la misma entidad y, de no ser admitida, el curso continúa ante la Sala Tercera de la CSJ.

También consideran recortar los programas y proyectos que realizan con las comunidades.