Maiceros: ‘si no es atrazina, ¿qué usamos?’

Los maiceros tienen los ojos hendidos. La presión de la ciudadanía por un mayor control (e incluso prohibición) del uso del herbicida atrazina ha puesto de cabeza al sector, uno de los más frágiles del endeble mercado agropecuario panameño.

La atrazina es el único matamalezas que sirve para el cultivo de este grano, señala Valentín Domínguez, presidente de la Asociación de Productores de Maíz, atrincherada en la provincia de Los Santos, que con 22,000 hectáreas sembradas, es la mayor productora de este rubro en el país.

‘Es el único herbicida que controla la hierba mala que crece alrededor del maíz sin acabarnos el producto’, plantea sin rodeos.

Como técnicos, no nos hemos atrevido a recomendar ningún otro herbicida

La efectividad de la atrazina para los productores parece la piedra en el zapato de las autoridades y el martirio de los azuerenses: la contaminación del río La Villa (de una partícula por billón escaló a 19) ha llevado a suspender, en dos ocasiones en menos de seis meses, el consumo de agua potable en Chitré y La Villa.

También tiene a la compañía Campos de Pesé de cara a la justicia. En julio pasado, el gobierno prometió establecer una restricción general al uso de este químico, una promesa que hasta ahora no ha surtido efectos.

EL RAZONAMIENTO TÉCNICO

Los técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) argumentan que controlar la atrazina no es fácil. El coordinador de Sanidad Vegetal, Darío Gordón, sostiene que si bien el maíz es el rubro más sensible al cambio de técnicas de control de la maleza, el resto de los cultivos que lo utilizan podría también resultar perjudicado. ‘Como técnicos, no nos hemos atrevido a recomendar ningún otro herbicida’, continúa.

Los expertos plantean que el agroquímico en cuestión es de impacto medio y que cualquier sustitución elevaría la huella ambiental de la actividad agropecuaria.

Las opciones se reducen. El alacloro es rigurosamente prohibido por su efecto nocivo a la salud, y el glifosato, la base activa de un producto que la multinacional Monsanto empezó a fabricar en 1974 con el nombre de Roundup, ha sido ligado en Argentina a la contaminación de granos maduros de soja, de la tierra y de aguas subterráneas.

En una reciente entrevista con La Estrella de Panamá, Gordón previó también que sin la atrazina, los productores recurrirían a un peligroso ‘coctel de químicos’ para conseguir el mismo efecto en sus plantaciones. Los maiceros insisten en que el tema debe ser llevado con pinzas. Que una regulación no es necesaria y, menos, insiste Domínguez, en la cuenca del río La Villa, víctima estelar del agroquímico.

‘Allí no hay muchos maiceros y los que hay usan muy poco la atrazina, dice, si acaso, tres litros por hectárea cada año. Y eso en veinte días se va de la tierra porque las plantas de maíz crecen y se encargan de generarle sombra a la maleza y acabar con ella’, añadió.

Sin embargo, un estudio de la Asociación para las Nuevas Alternativas de Desarrollo destaca que el 40% de las tierras alrededor del río La Villa son usadas para la agricultura (principalmente para el sorgo, maíz, caña de azúcar y pastoreo), lo que ha generado un ‘uso excesivo de agroquímicos’, y ha contribuido al primer mal de la cuenca: la calidad del agua.

‘La atrazina es de baja toxicidad’, insistió el viceministro de Salud, Miguel Mayo, quien relativiza los efectos de la sustancia. Aunque no hay estudios concluyentes, los propias fabricantes de agroquímicos reconocen que la exposición crónica tiene efectos ‘graves sobre la salud’ y puede generar efectos negativos a largo plazo en los organismos acuáticos.

REGULACIÓN A MEDIAS

Mayo sostiene que desde julio el uso de la atrazina está prohibido en las cercanías del río La Villa y que el reciente derrame sólo demuestra que alguien burló la restricción total.

Pero el gobierno esquiva algo: el uso de agroquímicos sólo puede ser regulado por la Comisión Técnica Nacional de Plaguicidas, que integran el Ministerio de Salud, el Mida, la Autoridad Nacional del Ambiente, el Ministerio de Comercio, los productores, los distribuidores, investigadores agropecuarios y la Universidad de Panamá. Y la última vez que restringieron algún producto fue en 2011.

Al margen de esa situación, el viceministro señaló ayer que una regulación al consumo de atrazina no puede llegar a todos por igual. ‘El 75% de los productores lo usa’, insistió.

En eso Domínguez lo secunda: ‘es nuestra principal arma’, recalca, aun con las reservas de los ambientalistas de Azuero.