'Llegamos a la política con las mismas nefastas prácticas clientelistas': CEP

La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) lamenta que el país atraviese de nuevo por un “ambiente político electoral, con las mismas prácticas clientelistas, de denuncias de corrupción, de despilfarro de fondos públicos, de mal uso de los recursos del Estado para favorecer actividades político-partidistas y el excesivo dinero en las campañas”.

Los obispos de la Iglesia católica del país concluyeron este viernes la segunda asamblea anual ordinaria que comenzó el pasado lunes. En un comunicado manifestaron sus inquietudes por la campaña política que arrancó con las primarias de los partidos.

“Los ciudadanos, a la hora de elegir entre los candidatos a puestos de elección popular, debemos tener criterios para discernir, como ver: hoja de vida y familiar, planes realistas, promesas de campaña y fuentes de financiamiento”, se lee en el comunicado.

A renglón seguido, solicitaron “descartar a candidatos corruptos, verificar el compromiso por la defensa integral de la vida y el cuidado de la creación. No permitamos que la actividad política sea capturada por quienes solo se preocupan de sus propios intereses y su facción”.

Los obispos consideraron que el propósito como Iglesia –en las próximas elecciones– es promover la adopción de criterios y compromisos éticos, con la participación de los ciudadanos, y estimaron al citar las encíclicas del papa Francisco, que “se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores”.

“Por ello, consciente de que el ejercicio de la democracia trasciende el acto electoral, la Iglesia católica se compromete a desarrollar espacios de formación ciudadana sobre la ética de la política para que los laicos participen desde una actitud de servicio”, señala el comunicado.

La Comisión de Justicia y Paz, de la Iglesia católica, asumió la responsabilidad de la observación electoral para las elecciones generales del 5 de mayo del 2024.

La Conferencia Episcopal Panameña, además, se refirió al crecimiento económico que ha experimentado el país tras la pandemia, y mostró su posición respecto al contrato minero.

“En Panamá vivimos la paradoja de haber experimentado, en los últimos años, el crecimiento económico más significativo de América Latina, incluso después de la covid-19, pero no se refleja en una mejor calidad en los servicios de salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana y seguridad social, cuya crisis está afectando a cientos de jubilados y pensionados”, destacaron los obispos.

“¿De qué sirve el crecimiento económico si no genera una mayor justicia social, si no se genera un verdadero desarrollo que tenga como centro la persona y el bien común?, se preguntaron los obispos. Este es, sin duda, el talón de Aquiles del actual modelo de crecimiento del país, que ha generado mucha desigualdad y se muestra incapaz de incluir a las grandes mayorías en sus beneficios”, añadieron.

Ante el tema minero, la CEP señaló que sorprende que diversos gobiernos hayan otorgado licencias de exploración y explotación mineras en diversas regiones del país, sin haber realizado consultas efectivas con la sociedad y, especialmente, con las poblaciones directamente afectadas.

La decisión de convertir a Panamá en un país minero –según la opinión de personas y organismos entendidos en la materia– compromete el futuro con graves riesgos para el medio ambiente, para la vida y salud de los panameños y para la soberanía nacional.

En cuanto al contrato del Estado con Minera Panamá, los obispos consideraron que a pesar del proceso ya cumplido, existen justificadas disconformidades de las comunidades, organizaciones y líderes ambientales que han advertido de los efectos dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente.

“Es indiscutible que para los contratos mineros el Estado panameño debe respetar el marco constitucional y las normas internacionales que han firmado, relativas a la protección de los recursos naturales”, recalcó el comunicado.

Los obispos exhortaron a las autoridades a no otorgar más concesiones de licencias de exploración minera hasta que la actual ley de minería sea revisada y reformada.