Listas grises y negras: ¿Qué debe hacer Panamá?

Hasta este momento, Panamá continúa en la lista de paraísos fiscales y países no cooperadores de la Unión Europea y del Grupo de Acción Financiera (Gafi), pese a que el Gobierno Nacional asegura que el país ha demostrado “avances tangibles” en el cumplimiento de los estándares internacionales.

El pasado 4 de marzo el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) le dio un ultimátum a Panamá y le pidió “encarecidamente” demostrar progresos significativos en la finalización de su plan de acción antes de junio de 2022 (su plazo expiró en enero de 2021); de lo contrario, daría “los siguientes pasos”, con la consecuente amenaza de meter al país en una “lista negra” de paraísos fiscales, en la que solo están Irán y Corea del Norte.

Pese a estar atrasados en el cumplimiento del plan de acción al que se comprometió el país, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, dijo el pasado 15 de marzo que “no” prevé que Panamá vaya a entrar a una lista negra del Gafi, sin embargo, está consciente de que deben apresurar las acciones para zafarse de esta calificación riesgosa para la economía del país.

Así las cosas, en una carrera contra el reloj, en los próximos meses de mayo y septiembre de 2022, Panamá nuevamente deberá reunirse en un cara a cara con el Gafi donde podrá demostrar sus avances “tangibles”, adelantó el pasado 9 de marzo el viceministro del MEF, Jorge Almengor.

El pasado 11 de enero se realizó la última reunión cara a cara, en la que el país tuvo su oportunidad de dar a conocer los avances del plan de acción al que se comprometió con el Gafi, pero no logró convencer al ente intergubernamental, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas.

“La idea es que durante este año podamos lograr un punto de avance importante que al final nos permita solicitar (al Gafi) una revisión literal”, sostuvo Almengor la semana pasada durante la presentación de la 'Evolución del sistema bancario y su rol en la recuperación económica”, organizado por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Enfatizó que sacar al país de estas listas “es la prioridad número uno a nivel de gobierno, porque independientemente de la recuperación económica que estamos logrando, es crucial y fundamental que el país desde un punto de vista internacional tenga una perspectiva positiva”.

Para el presidente de la Cciap, José Ramón De Icaza, mantener a Panamá en estos momentos en una lista de esta naturaleza “limita la capacidad de Panamá de poder atraer mayor inversión extranjera directa al país”.

Pero también “limita la capacidad de que nosotros podamos seguir siendo competitivos en la plaza internacional. Tenemos que adecuar nuestra plataforma de servicios y esa adecuación de la plataforma de servicios obviamente requiere que podamos ir adaptando nuestro marco regulatorio para poder cumplir con las distintas disposiciones internacionales”, manifestó Icaza.

El gobierno argumenta que con las fechas en contra y a pesar de enfrentar una interrupción producto de la covid-19, el país ha completado 8 de las 15 acciones exigidas, y reconoce que todavía faltan 7 acciones, pero ha presentado avances significativos y tangibles de manera continua.

Entre las 7 acciones restantes se incluyen modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivo de análisis de riesgos, implementación de normativas, desarrollo de un registro de beneficiario final y el incremento en las investigaciones, enfocadas en los delitos precedentes en el extranjero, entre otros, según la información oficial.

“Las medidas que están tomando para salir de las listas son aquellas en las que tienen que profundizar acciones. Una de ellas tiene que ver con el sistema de información, que se está trabajando en ello ... y la otra tiene que ver con el monitoreo constante que debemos tener con respecto a todas esas empresas que están incorporadas a nuestro país”, dijo Alexander en una cortesía de sala en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Almengor, por su parte, dijo que se está avanzando lo más que se pueda, no solamente en lo que ya se había reportado, sino, por ejemplo, en presentar ya públicamente y formalmente la implementación mediante una regulación de un decreto ejecutivo de la ley que establece el registro del beneficiario final, algunos otros aspectos relacionados con cumplimiento, el avance de la provisión de esta información hacia el regulador, y, por supuesto, todo lo que se haya podido lograr en cuanto a respuesta a solicitudes de intercambio de información tanto bilaterales como multilaterales.

“Es importante llegar a mayo a ese cara a cara con algunos puntos adicionales y tratar de cerrar algunos de los puntos que quedan pendientes de los 7”, expresó Almengor.

De acuerdo con el presidente de World Compliance Association (WCA), capítulo de Panamá, Tabaré Albarracini, el primer problema que tiene Panamá para salir de las listas es “ver los problemas reales que tenemos como país a la hora de cumplir las leyes”.

Indicó que tenemos una Ley 23 de 2015 que ya tiene prácticamente siete años, la cual su ejecución y su implementación no se puede decir que está al 100%. El mismo ejemplo lo tenemos con los reportes y las estadísticas que se pueden ver en la página web de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Ahí, “vemos que mientras el universo de sujetos no financieros es mucho mayor que el sector financiero (el sector no financiero abarca abogados contadores, casas de empeño, bienes raíces, entre otros), los reportes de operaciones sospechosas... son muy por debajo de los que tenemos con el sector financiero con los bancos, financieras, aseguradoras”.

“Eso es una muestra clara de que no hay una implementación todavía efectiva dentro de la esfera privada, de la ejecución de los reportes, con base en las actividades sospechosas; y eso es algo que las autoridades ven a la hora de hacer sus evaluaciones”, expresó Albarracini.

Del mismo modo, subrayó que “hasta la fecha en el país no hay una implementación completa de la ley de beneficiario final que involucra directamente a los agentes residentes, firmas de abogados y abogados independientes que realizan este servicio”.

Indicó que “apenas en diciembre del año pasado y en enero de 2022 se terminó por lo menos con la inscripción de estos sujetos no financieros en la superintendencia de no financieros. Ese es otro punto que se podría decir que estamos cumpliendo parcialmente”.

Otra “deficiencia es el tema de poder demostrar que en Panamá no hay impunidad y que los casos de investigaciones por blanqueo o evasión fiscal terminan en condenas”, expresó el presidente de la WCA.

Para Albarracini, obviamente el caso de evasión fiscal “es algo que se ha implementado hace poco, porque hasta no hace mucho la evasión fiscal no era delito. Así que eso puede tomar un tiempo para que se empiece a dar. Sin embargo, en el tema de blanqueo y casos de corrupción y de alto perfil, hasta la fecha no ha existido nada que haga ruido como para demostrar que en el país no existe impunidad”.

Almengor, por su parte, reconoció que “todavía tenemos retos importantes y mucho que avanzar, y de hecho se han dado designaciones importantes que tienen mucha relevancia en todo el sistema y ecosistema de prevención, principalmente en la superintendencia de sujetos no financieros”, pero “al final del día tenemos que trabajar en una acumulación de esfuerzos de lo que se ha venido haciendo en los últimos meses, y en los últimos años”.

Destacó que los representantes y diplomáticos de los países europeos, aquí en Panamá, por ejemplo, reconocen los esfuerzos que ha hecho el país.

Sin embargo, todavía “tenemos cierta información de efectividad que tenemos que mostrar, pero ese es un proceso natural y una evolución natural de todo el sistema, porque necesitamos, obviamente, que el sistema judicial junto con el Ministerio Público y el sistema de prevención, regulación y sanción sea efectivo, y que así se note de parte de los organismos internacionales”.

No obstante, Albarracini afirmó que “para poder salir de las listas, Panamá necesita una implementación real y contundente, que se pueda probar y que no sean simplemente palabras que los sujetos no financieros están implementando la Ley 23 en temas de prevención de blanqueo y programas de prevención dentro de las empresas, para evitar el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Adicional, se necesita dotar de mayor capacitación al personal técnico de las distintas instituciones que ayudan a fiscalizar todos estos asuntos. “¡Nos queda muy poco tiempo para poder mostrar estos avances y la tarea se ve titánica. Esperemos que el nuevo equipo que se está incorporando en algunos puestos clave para lograr esta meta, escuchen a todos los involucrados del sector para llegar al objetivo común que todos queremos, que es poder sacar al país de las listas!”, puntualizó Albarracini.