Líderes de pandillas mantienen 'planillas clandestinas'

La Policía Nacional estima que los capos de las pandillas distribuyen mensualmente unos $80 mil a grupos que colaboran para mantener la estructura criminal de la organización.

“Cada pandilla puede contar con un aproximado de 30 a 40 miembros que perciben ingresos del capo”, indicó. Al momento en que ocurren las capturas, tomando en cuenta que estos jóvenes por lo general viven del crimen organizado, buscan sustituir esos ingresos con otros actos delictivos, como robos o asaltos”, similares a los ocurridos hace unas semanas en bancos y joyerías, señaló una fuente de inteligencia que conversó con La Estrella de Panamá.

La recomposición puede ser un factor detonante de los homicidios ligados al crimen organizado. Las cifras que interesan a la Policía Nacional (PN) son los homicidios dolosos, es decir, los actos intencionados que buscan producir la muerte de una persona. En este sentido, indican que hasta el 15 de noviembre (2022) se registraron 393 homicidios dolosos, 29 menos que el año pasado.

A diferencia de las estadísticas del Ministerio Público que hasta octubre contaron 401 homicidios, entre los que engloba cualquier hecho que haya cegado la vida de una persona como accidentes de tránsito, situaciones en defensa personal, lesiones, acciones policiales.

El año más violento que registran las estadísticas fue en 2009 con 818 homicidios, alcanzando una tasa del 22.7% por cada 100 mil habitantes.

El mapeo actual proporcionado por la PN revela que el 57% de los homicidios ocurrieron en la provincia de Panamá, mientras que el 22% se registró en la provincia de Colón. El resto, un 21%, se distribuye en el resto de las provincias del país.

El Ministerio de Seguridad (Minseg) atribuye estos hechos a disputas entre diferentes corrientes delictivas vinculadas al crimen organizado y que a su vez responden a fracturas de grupos delictivos o la constitución de nuevas alianzas.

Las estructuras delictivas en Panamá, al igual que en otros países, generalmente operan en forma piramidal bajo el mando de un cabecilla, pero cuando éste es capturado y se rompe la línea de mando, acarrea una reorganización de los nuevos líderes que buscan reemplazar al antiguo jefe. “Los emergentes inician nuevos contactos con los carteles extranjeros a los que les proveían de servicios para afianzarse en la organización y escalar posiciones”, detalló la fuente de inteligencia.

Con esto, la PN intenta explicar que los recientes asesinatos que han atrapado la atención de la ciudadanía, así como los robos a bancos, no están relacionados.

En el caso de los últimos, las autoridades visualizan que ante el faltante del ingreso mensual que recibían del cabecilla, los jóvenes buscan otro tipo de ingresos con robos o asaltos. Especialmente porque estudian el movimiento y el armamento que poseen o no, los guardias de seguridad.

El Banco Nacional fue asaltado en agosto pasado, la sucursal de Betania de la Caja de Ahorros en octubre. En este último la fuente añadió que la entidad bancaria, ha optado por no armar a los guardias para no exponer a los usuarios ante una eventualidad como de la que fueron víctimas. En ese mes, octubre, cinco sujetos ingresaron disfrazados a una joyería en el sector de Obarrio.

Mientras que en septiembre se registró un asalto al Banesco de calle 50.

Estos incidentes crean una sensación colectiva de inseguridad.

La percepción de la violencia, como nos explica el sociólogo Enoch Adames, nunca es individual, es colectiva, familiar o en el entorno barrial, producto de una interacción. “Eso se distribuye de manera desigual por área y sector económico, no es una mirada homogénea, sino una diversidad de miradas que tienen significados distintos”, describe el analista.

Enoch sugiere a las autoridades abordar una estrategia distinta a la tradicional, que aún no han planteado públicamente, excepto de poner en la calle más policías, lo que significa concentrar la acción en una fuerza física. Su impresión es que en el país existen “áreas periféricas donde se producen hechos de sicariato, pandillas, que están totalmente desprotegidas, hay huecos que no están siendo cubiertos por falta de recursos”.

Los datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad atribuyen un 56% de los homicidios al crimen organizado y a la vez indican que han capturado a 424 personas relacionadas a estos crímenes. Esto también da una idea de la penetración del crimen organizado en la sociedad y las instituciones.

La delincuencia no es nueva. Pero la hora de ofrecer un diagnóstico, las autoridades defienden sus propias cifras.

El Ministerio de Seguridad explica que la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en este año es de se 9.2%, la tasa más baja en la última década. En 2021 fue de 11.5% y un año antes de 11.1% (ver tabla). Las cifras, según la fuente, “hablan de una estrategia adecuada en esta materia”.

Ahora bien, ¿debería existir un ente independiente que audite estas cifras? Lo más aproximado ha sido el Sistema Integral de Estadísticas Criminales (Siec) que en pasadas administraciones solía recopilar la información de diferentes instituciones y emitir en forma independiente las estadísticas de homicidios contenidas en el resumen ejecutivo que detallaba el comportamiento criminal del país. Esto incluía información como la hora de mayor incidencia, la edad de las víctimas, el arma, el sexo de la víctima, lugar. Además, proporcionaba a la comunidad de inteligencia y a los medios de comunicación un mapeo claro sobre el comportamiento del crimen y posibles futuras acciones. Hacía un análisis mensual y un diagnóstico del Canal Endémico que alertaba sobre las áreas más calientes y sugería métodos para contener futuros actos delictivos.

De igual forma publicaba un registro semestral y anual de los crímenes en forma desglosada que orientaba a instituciones y organizaciones especializadas en el tema en la toma de decisiones para ejecutar políticas preventivas y estratégicas contra el delito.

Pero desde marzo pasado el Siec está en falta con la publicación de los resúmenes ejecutivos de homicidios periódicos que debe efectuar, a pesar de que por Decreto Ejecutivo es la entidad facultada para emitir las cifras oficiales.

En cambio, ofrece un enlace a las estadísticas del Ministerio Público, cuando debe hacer un trabajo independiente, detallado en forma cualitativa y cuantitativa, de estos delitos.

En el caso de la unidad de inteligencia que murió en un operativo, la fuente lamentó el riesgo al que se exponen los policías al hacer su trabajo.

Dijo que las unidades tenían identificado a un sujeto al que le harían un allanamiento porque se dedicaba a actividades de narcotráfico. “A pesar de que llevaban su chaleco antibalas, esta herramienta de trabajo también tiene sus vulnerabilidades que pueden vulnerar la seguridad”, describió.

La unidad se adelantó para indicar al equipo de asalto cuál era la residencia a allanar. “Hizo la identificación de la residencia que estaba ubicada en una calle sin salida. El vehículo le pareció extraño al sujeto y lo confundió con sus enemigos”. Salió a disparar al carro con la excusa de que era un tumbe. “Ellos sabían en lo que andaban porque si piensan que es un tumbe andan en algo ilícito. No midieron y dispararon contra las dos unidades que iban en el auto y uno de ellos perdió la vida”, detalló. El otro resultó herido en la pierna, pero se encuentra fuera de peligro.

Una vez ocurrió el incidente el equipo de asalto persiguió al agresor y lo capturó en un manglar. En la residencia encontró un arma de fuego y sustancias ilícitas.