Lía Hernández: 'Falta docencia sobre los derechos de la gente a proteger su privacidad y datos'

En un mundo que avanza aceleradamente hacia la digitalización de la información y la vida cotidiana en general, urge una mayor docencia sobre los derechos que tienen los ciudadanos en materia de protección de datos y privacidad.

“Es un derecho que lamentable en la sociedad panameña no estamos tan conscientes de como protegerlo (...) no somos cautelosos con esa información. Es un tema que requiere mucha docencia, la autoridad competente, los medios de comunicación, empresas y sociedad civil”, explicó Lía Hernández, abogada especializada en derecho digital y protección de datos.

Hernández señaló este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá, la importancia de perfeccionar la normativa, en particular la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 que legisla sobre el tema.

“La protección de datos es un mecanismo de defensa que tienen los Estados a través de regulaciones (para) la defensa de un derecho fundamental, inalienable como es la privacidad”, dijo.

La Ley 81 saltó a la palestra tras conocerse de la sanción contra un medio digital local por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso (Antai), que dictaminó que se había “violado” la normativa en una publicación periodística.

Frente a esto los gremios de prensa reaccionaron, cuestionando la medida y presentando luego un anteproyecto de ley que busca fijar una excepción en la norma para garantizar el libre ejercicio del periodismo.

“La preocupación de los gremios es totalmente justificada (...) es una falta de la ley no haber contemplado una excepción para el periodismo”, apuntó Hernández, que considera importante que se diferencie si la información personal publicada es de interés público.

“Qué interés público prima en saber el caso de una persona que está casada con otra (...) interés público primaría en el caso del Ifarhu (Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos) y que no han querido dar los datos de las personas que han sido beneficiadas con auxilios económicos”, destacó.

Según la abogada, debe haber un balance que al final asegure la defensa de garantías fundamentales como la libertad de expresión, privacidad, el acceso a la información o la libertad de prensa.

“La protección de datos nunca puede entrar en conflicto con un derecho fundamental, son derechos que deben convivir en el tiempo. Pero va a haber momentos en que uno prime por encima del otro por causa del interés público, y aquí hay un claro interés público (en el caso del Ifarhu). Aquí hay fondos estatales”, acotó.