La reforma del Estado en el escenario de ‘shock’

Dónde estamos hoy en Panamá. Desde la sociología, estamos en un ciclo en que el nivel de tensión entre la democracia como régimen político y las lógicas de la acumulación en una economía transitista hiperespecializada, expresan en profundidad el agotamiento de su matriz económica; a su vez, esta resiente cada vez más su incapacidad de generar empleos y estabilidad social.

Se trata de un estilo de desarrollo concentrador y excluyente que se manifiesta en una fuerte caída de la participación de la masa salarial en el PIB. Esta participación cayó 11.2 % en 18 años (2001-2019, J. Jované). Para un país donde el total de los precarios es de un 53.5 % con respecto a la PEA, esto no solo genera subconsumo en la población; también genera estrategias conflictivas de sobrevivencias, degradadas socialmente.

Sin embargo, esta tensión entre lo político y lo económico ocurre como tendencia posinvasión, en la forma de un vaivén reiterado, de oscilaciones en torno a un eje central de políticas neoliberales.

Este vaivén se ha desplegado en 35 años a través de ciclos variados de ajustes económicos y conflictos políticos. Estamos hoy en un ciclo que se piensa de fuerte ajuste o de políticas de shock. Es en este contexto donde hay que situar esta problemática elusiva de tamaño, reforma del Estado o del Gobierno.

El problema político por resolver es qué papel juega el Estado en la superación de la decadencia del transitismo como geoeconomía y cultura, en un sistema mundial de finanzas que ha globalizado las tendencias a las crisis (E. Altvater).

Uno de los problemas del país es esa combinación “perversa” entre una propuesta de democracia que tiende éticamente a la inclusión y a la participación, y un proceso de concentración del poder económico y político que aísla y desacredita las alternativas sociales y políticas capaces de conjurar tendencias desintegradoras de nuestra sociedad. Poder económico-político cuyos intereses dominantes se fundamentan precisamente en la exclusión social y política.

En este contexto, ¿cuál es el papel de los sectores organizados de la sociedad civil en este conflicto? ¿Qué factores son los que determinan que un régimen democrático sea capaz de ampliarse, en integración social e inclusión política?, en la agenda de discusión nacional, ¿qué es lo sustancial, el papel o el tamaño del Estado?

Lo que tempranamente se aprende en ciencias sociales es que semiótica es política. En este sentido, nociones o conceptos que traducen o que caracterizan realidades sociales, muchos de ellos no son simples construcciones epistemológicas sujetas a una validación científica; son “nebulosas ideológicas”, conceptos sin contenido.

Es lo que un politólogo argentino llamó “significantes vacíos” (E. Lacau). Por ejemplo, la noción de “flexibilidad laboral” tan crucial para las políticas de mercado y que propone la “circulación libre” de la masa laboral, lo que esconde es la destrucción del empleo formal y la anulación de derechos adquiridos en el mundo del trabajo (Saxe-Fernández).

Algo similar ocurre con temas o cuestiones de sociología o ciencia política en torno a la problemática relación Estado-sociedad. No obstante, si tenemos un conflicto o tensión política entre estado y sociedad en democracia en Panamá —cosa que es parte de esa relación— ésta tiene que ubicarse entre el régimen político presidencialista, y los procesos de concentración de riquezas y exclusión ciudadana, tanto en el ámbito de la economía, como de la política. Es en este contexto y no en otro, donde habrá que situar el problema de la denominada “disfunción” de la democracia como régimen político de Estado en Panamá.

Sin embargo, son las concepciones de organismos financieros internacionales, a la par de un pensamiento débil local, los que presionan por un “tamaño” mínimo del Estado, y activan procesos cuyas consecuencias sociales y políticas diluyen las bases sociales de la democracia y limitan la realización ciudadana (derechos sociales, económicos y políticos).

Este proceso no solamente cuestiona las posibilidades de afirmación del Estado-Nación, como expresión de identidades plurales y memorias colectivas; también hace superfluo al Estado como fundamento de la ciudadanía.

Se configura así un modelo de democracia que ha sido calificado de pasivo o delegativa, haciendo riesgosa y frágil la posibilidad de una construcción que permanezca en el tiempo político social la participación política de la ciudadanía.

El proceso que constituye justamente una redefinición política es la llamada “reforma del Estado”, proceso que tecnifica las funciones del orden estatal-social, estableciendo límites a la participación política y a la realización ciudadana. Interesa, por lo pronto, analizar este proceso de reconstitución del Estado, en tanto este define nuevas relaciones o vínculos con la sociedad. Las preguntas abren el problema en un conjunto de posibilidades analíticas.

La reforma del Estado que se propone ¿qué modifica? El Estado, su relación con la sociedad. De qué manera.

Define una nueva modalidad de relación de poder y de organización democrática. ¿En qué dirección?

Reduce la participación política a una mera resolución técnica de conflictos o garantiza la inclusión participativa plena. Bajo qué premisas institucionales.

Con todo, la democracia que tenemos –el régimen político de Estado—, no es ni lejos el control que ejercen los ciudadanos con respecto a sus representantes. Lo que tenemos es un juego de poderes institucionales articulados por un tráfico de influencias y/o prebendas, donde los anillos oligárquicos de los partidos políticos lucran parasitariamente.

Este sistema político que tiene como soporte la matriz transitista de la economía, adquiere fuerza a partir de tres factores de poder, del poder histórico postinvasión: la tecnocracia del Estado, la oligarquía de los partidos políticos y las cámaras empresariales.

Debemos establecer que el debate nacional sobre el Estado panameño y su espacio en la constituyente no lo debe colocar como un debate jurídico, porque no lo es. En cuanto forma y contenido sobre el orden político institucional, esta es una cuestión absolutamente política.

Sin embargo, el tono del artículo 5 inciso 1, “Reestructurar y modernizar el Estado mediante la redimensión de la estructura orgánica del Gobierno Nacional y demás órganos del poder público para su adaptación a las necesidades y realidades actuales” (documento de creación de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales), resalta el lenguaje técnico jurídico: el lenguaje del poder de Estado.

Con todo, hay recordar que toda Constitución en un orden republicano, codifica jurídicamente relaciones políticas. O como comentaba un abogado: la “Constitución es el encuadramiento jurídico de un fenómeno político”.

Si lo que tenemos es una lacra política, la tecnificación de la participación democrática solo sirve a un modelo superior de transitismo y de control sobre el ciudadano.

La democracia participativa verdaderamente existente comienza por crear un orden político de instituciones de poder separados y no un orden político de instituciones separadas que comparten el poder político. En este orden, el control ciudadano en crucial.

El autor es sociólogo, docente e investigador de la Universidad de Panamá.