Jueza valida dos acuerdos de pena en caso Blue Apple

La jueza segunda liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez, validó dos acuerdos de pena previo al inicio de la audiencia en el denominado caso Blue Apple.

El Ministerio Público (MP), informó Edwin Juárez Duarte, fiscal de la causa, había logrado la tarde del lunes 21 de agosto un acuerdo de pena con los investigados Jorge Ruiz y María Lee.

Previo al inicio de la audiencia, la jueza validó los acuerdos. Las personas no están obligadas a acudir a declarar durante la audiencia, que se desarrollará hasta el 11 de agosto, sin embargo, la fiscalía informó que sí estarían dispuestos a acudir al pleno de la Corte por el caso Blue Apple.

La fiscalía planteó la posibilidad, porque en el caso se reportó una ruptura procesal y la jueza emitió el auto vario N° 149, que ordenó elevar la competencia al pleno de la Corte Suprema de Justicia para seguir la investigación de los hermanos Martinelli Linares.

Durante el acto de audiencia, el abogado Rosendo Miranda, quien representa al exministro de Obras Públicas Federico Suárez, indicó que su cliente estaba en proceso de formalizar un acuerdo de colaboración, el cual se encontraba esperando la aprobación del MP.

No obstante, los acuerdos de colaboración de Suárez y de Evelin Vargas no fueron considerados por Marquínez, porque la fiscalía dijo que eran inviables.

Una vez que se validaron los acuerdos de pena, la jueza retomó la audiencia y llamó a cada uno de los señalados para preguntar cómo se consideraban (culpable o no culpable).

Suárez, en su oportunidad, dijo que él se consideraba no culpable de ningún delito. Por su lado, Riccardo Francolini y Jaime Ford Castro también le dijeron a Marquínez que no habían cometido ningún delito.

La jueza segunda liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante auto vario N° 149, ordenó elevar la competencia al pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la causa identificada con la numeración 85028-19, únicamente en cuanto a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.

Ambos procesados fueron juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El tribunal manifestó en la referida resolución su fundamento jurídico que señala: “Corresponde al pleno de la Corte Suprema la investigación y el procesamiento de los actos delictivos y policivos seguidos contra un diputado principal o suplente”.

De la misma forma, la juzgadora indicó que cuando se trate de causas penales que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del Órgano Judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral o en la jurisdicción aduanera, en las cuales aparezca vinculado un diputado principal o suplente, el funcionario o el juez que conozca el caso elevará el conocimiento del sumario o el proceso en el estado en que se encuentre, en lo que concierne al diputado principal o suplente, al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Igualmente, detalla el auto vario que el juzgado es respetuoso del debido proceso como garantía constitucional, el derecho de la defensa y la estricta legalidad procesal a favor de dos ciudadanos, prerrogativas funcionales a razón de su juramentación como diputados centroamericanos suplentes del Parlacen, resulta oportuno elevar la competencia al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Este caso involucra más de $82 millones que se utilizaron en un supuesto blanqueo de capitales, señaló en su momento el Ministerio Público.

La investigación está relacionada con empresas constructoras que entre 2011 y 2014 mantenían contratos adjudicados con el Estado.

Por el caso Blue Apple hay 21 imputados, entre ellos funcionarios del gobierno de Martinelli, por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita.

Este proceso penal se comenzó a investigar en 2017, involucra a la sociedad anónima Blue Apple, que presuntamente fue creada por varios ciudadanos con el propósito de disfrazar o blanquear dinero supuestamente obtenido de coimas y sobornos que recibieron en su momento.

La tarde de ayer en la audiencia se inició la lectura del auto de llamamiento a juicio.