Juez imputa a Rolando López por tráfico ilícito de armas

El exdirector del Consejo de Seguridad Rolando López alias 'Picuiro' fue imputado ayer por la jueza de Garantías, Janelka Quijano, por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión y tráfico ilegal de armas, y le impuso una medida cautelar de presentarse los días 30 de cada mes, así como el impedimento de salida del país.

Enseguida ordenó a López entregar a la brevedad a la Fiscalía contra el Crimen Organizado los pasaportes que posea. La jueza ponderó el arraigo familiar, residencial y de trabajo a favor del imputado.

Otros ocho exdirectores de estamentos de seguridad, que ejercieron entre el 2012-2019, han sido imputados en una audiencia pasada y forman parte de la misma carpeta de investigación, que se originó con la 'Operación Furia'.

No obstante, en esta ocasión, el fiscal Emeldo Márquez desestimó calificar las armas como de guerra, como lo hizo en anteriores ocasiones. Esta vez formuló cargos por delito de tráfico ilícito de armas. Con esto la fiscalía se sacude el dolor de cabeza de probar, a través de un peritaje especial, que las armas encajan en esta categoría, que se caracterizan por ráfagas automáticas de balas con tan solo accionar el disparador.

Ángel Álvarez, abogado de López, cargaba bajo el brazo un peritaje en el que concluía que las armas que poseía su cliente no encajaban en dicha categoría, a lo que la fiscalía respondió que aún no había concluido todas las pericias de las armas que se incautó la Policía durante los allanamientos practicados el pasado 14 de julio.

Luego de ocho horas de audiencia, fueron muy cortas las palabras tanto de la defensa como de la fiscalía, impidiendo conocer los detalles legales que se discutieron, debido al resguardo de las medidas de bioseguridad que impuso el Órgano Judicial, que impiden a los medios presenciar las audiencias públicas. A pesar de las reiteradas solicitudes que ha efectuado este medio para que se habilite un espacio amplio con circuito cerrado, esta entidad ha hecho caso omiso a los requerimientos.

A las 9:00 de la mañana empezó la primera audiencia sobre control de afectación de derechos que demandó la defensa de 'Picuiro'. Esto se refiere al hecho de que antes de que la fiscalía efectuara los allanamientos, solicitó a la Dirección de Investigación Policial ubicar las residencias de los vinculados a la investigación. En el caso de López, correspondía a su casa ubicada en Río de Jesús, provincia de Veraguas, rodeada de un sembradío de arroz que es necesario atravesar para llegar a la infraestructura. López se percató de que alguien lo observaba y le tomó foto al auto que había ingresado a su finca, por lo que alegó el hecho como una afectación al derecho a la libertad e inviolabilidad de domicilio, y la juez lo validó.

En el allanamiento, la fiscalía confiscó la computadora del exdirector del Consejo de Seguridad, hecho que según su defensa le impide conocer la relación económica de la venta de arroz con sus clientes. Ante esto, el tribunal instó al Ministerio Público que en un plazo no mayor a 15 días entregue al imputado un duplicado con los archivos de las actividades económicas que se registran en el ordenador, para evitar dañar su patrimonio. No obstante, la jueza consideró que el Ministerio Público no afectó el derecho a la presunción de inocencia que reclamó López, a raíz de las publicaciones sobre el caso que se hicieron en los diarios en las cuales se mencionó su nombre.

Una vez surtida la primera audiencia, se pasó a la segunda parte que consistía en la imputación de cargos e imposición de medidas cautelares.

El fiscal indicó a los medios que existía una orden de aprehensión emitida por la fiscalía, que nunca se llegó a concretar, con los estamentos de seguridad. López no estaba en su residencia cuando la Policía ingresó a su casa en busca de las armas. Márquez explicó que el imputado mantenía en su permiso de porte un arma de fuego que se encuentra ubicada en el Servicio Nacional de Fronteras.

“Es un expediente que contiene múltiples aristas en el que hay que esclarecer la situación individual de los imputados y son largas las explicaciones en algunos casos. Se discutieron temas legales sobre interpretaciones de aspectos técnicos”, señaló Álvarez. No se presentaron apelaciones por ninguna de las partes.

Desde ahora la fiscalía cuenta con un plazo de seis meses para recabar los elementos y confirmar su tesis. El fiscal indicó que practicarán varias diligencias para recuperar las armas que les hacen falta.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, aparentemente la empresa Aerotécnica Panamá, y el abogado de la misma, han introducido al territorio una serie de armas de fuego, algunas consideradas de guerra, en la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), como intermediario del Estado en la adquisición de las mismas con la anuencia de altos funcionarios del gobierno en el periodo 2012-2019.

Luego de ser introducidas a las instituciones, eran sacadas de esos lugares y depositadas en el departamento de armas y municiones comerciales de la Dirección Nacional de Armamento de la Policía Nacional, y de ahí a los almacenes de la Diasp que supuestamente autorizó el director de la última entidad hasta lograr el registro de las armas a nombre de personas naturales, importando un arma de fuego ilícitamente para el mercado civil aún cuando en el país había, desde el 26 de octubre de 2010, la prohibición de importar armas de fuego.