José Vicente Pachar: '(Tenemos) un presupuesto de supervivencia que nos obliga a tomar medidas de austeridad'

Durante dos periodos, José Vicente Pachar ha estado al frente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y conoce al dedillo las necesidades de la institución.

El médico especialista en medicina forense reconoce la necesidad de dotar de mejores recursos a la institución para invertir en infraestructuras y reforzar el personal para los peritajes.

El 90% de los locales de la institución son alquilados, muchos están deteriorados y no existen los recursos para poder mejorar las instalaciones, y mucho menos para construir propias.

En Jueves de entrevista con La Estrella de Panamá, Pachar habló de las denuncias de espionaje de las que ha sido objeto. Aclaró que está dispuesto a defender su honra. Y por la gravedad de las denuncias, pide a las autoridades deslindar responsabilidades a la mayor brevedad posible.

Empecé a ejercer el cargo de director en 2018, cuando el SPA estaba implementado en todo el país. Una de las primeras acciones que tomé fue reactivar la oficina de implementación del SPA, que son las encargadas de realizar los enlaces interinstitucionales. A partir de ese momento lo que se ha hecho es establecer mesas de trabajo con el Ministerio Público (MP), para coordinar las acciones periciales y para que la prestación de servicios sea continua. Entonces, básicamente el papel de esta administración ha sido darle continuidad a los proyectos de la administración anterior y mantener esas mesas de trabajo.

Cuando se iba a implementar el SPA, como cualquier proyecto, debió haberse hecho un estudio sobre todos los participantes. En el SPA, la prueba científica pasa a ser el elemento clave de las investigaciones y ya no tanto las pruebas testimoniales.

Debió haberse dotado de los recursos presupuestarios para mejorar la infraestructura y los laboratorios, contar con más peritos y reestructurar la institución, porque recordemos que el Imelcf es el resultado de la fusión de lo que inició como Medicina Forense y posteriormente el Instituto de Medicina Legal. Pero a partir del año 2008 se incorpora criminalista y los laboratorios de lo que era la Policía Técnica Judicial (PTJ). Esa nueva institución, que es el Imelcf, debió haber sido dotada de todos los recursos humanos, presupuestarios y financieros para mejorar todas las instalaciones, para tecnología de punta y para capacitar a todos los peritos.

Tanto en la administración anterior como en la actual se hizo énfasis en que los recursos presupuestarios eran insuficientes.

El presupuesto tiene dos áreas: funcionamiento e inversiones. La mayor parte que se le asigna al instituto es para funcionamiento, para salarios, para las prestaciones de todos los funcionarios. Es importante señalar que pese a la crisis no ha habido recortes salariales ni se ha despedido a funcionarios. Por el contrario, se han honrado todos los compromisos, con todos los grupos.

Empezando mi administración se formulaba un presupuesto más acorde con la realidad. Pero lamentablemente el año pasado llegó la pandemia, que ha incidido en la disminución de los recursos del Estado. Todas las instituciones hemos sufrido recortes. Ahora, en el presente año tenemos un presupuesto estimado de $50 millones y básicamente el 82% se va en funcionamiento, es decir, en salarios y en otros renglones como alquiler, viáticos y combustible. El resto, que es una proporción mínima, para inversiones, lo que es una limitante seria para poder construir locales.

El 90% de los locales de la institución son alquilados, muchos están deteriorados, y no hay recursos para poder modificar las instalaciones, aunque lo ideal sería construir propias.

La situación se agrava porque con la pandemia se han hecho proyecciones al año 2024 y nos quedamos con el mismo presupuesto. Eso quiere decir que es un presupuesto de supervivencia que nos obliga a tomar medidas de austeridad para maximizar los recursos.

En el área de medicina forense tenemos médicos que son los que van a las diligencias de levantamiento del cadáver y practican las autopsias. Allí tenemos también médicos de la parte clínica, médicos legales, que son los que examinan a las víctimas de agresiones físicas, de delitos contra la libertad sexual. Además, están los psicólogos y los psiquiatras, que son muy escasos, pero que también están allí trabajando. Tenemos deficiencias en la formación de psiquiatras forenses; no hay. Tampoco hay un programa de formación de psiquiatras forenses. Por eso a medida que se van jubilando no tenemos quien los reemplace, una situación que es parecida a la de los patólogos forenses.

Aquí me voy a referir a lo que ocurrió en el año 2020, con el impacto de la pandemia, ue empezó en el mes de marzo. Para abril, las medidas sanitarias, la paralización de las actividades en todo el país, influyó en las estadísticas de fallecidos por eventos traumáticos, que cayó. Posteriormente y a medida que se iban reabriendo los diferentes sectores del país y de la economía, las cifras volvieron a subir y alcanzar los estándares del año 2019. En lo que va del año 2021, entre enero y junio se registraron 1,416 casos de muertes violentas.

Fue marzo, con 305. Entre las provincias que registran la mayor cantidad de casos por muertes traumáticas está obviamente la capital, en donde hay 495 casos. En segundo lugar Chiriquí, con 230, Bocas del Toro con 158 y Panamá Oeste con 140. Estas son las áreas más calientes en cuanto a muertes violentas. La mayoría son muertes por armas de fuego y en gran parte son homicidios, aunque también pueden ser suicidio con arma de fuego. Pero esta es la causa número uno de muerte traumática: las armas de fuego. Después están los hechos de tránsito, por colisiones y por atropellos. Luego están las distintas formas de asfixia, de traumas contundentes, de quemaduras, pero son la minoría. Como le mencionaba, es preocupante que la mayor parte de los hechos traumáticos sean con arma de fuego, que son homicidios... Nosotros únicamente establecemos la causa de la muerte, pero la circunstancia, la vinculación que puede existir con la actividad criminal lo analizan otros estamentos del Estado.

Eso es variable y afortunadamente ha ido mejorando... Unos son cuerpos no reclamados de personas no identificadas que pueden ser extranjeros e indigentes y en donde no hay familiares, no hay amigos, no hay nadie que se interese por reclamar los restos. La otra es que hemos tenido casos donde los familiares no retiran los cadáveres debido a situaciones económicas por el efecto de la pandemia. Eso ha incidido, porque todo lo que tiene que ver con funeral son gastos. Eso, en un momento dado, llegó a ser un problema en los depósitos de cadáveres. La norma establece un mes, pero nosotros lo prolongamos por razones humanitarias para comprender las situaciones. Lo que hacemos es que cuando estamos en un límite de la capacidad del depósito de la morgue, procedemos con el entierro de solemnidad.

Hemos sabido cómo manejarnos. No se ha desbordado la capacidad de las morgues. Sí tenemos problemas porque son morgues obsoletas, especialmente la de Panamá. Y es por eso que es fundamental recibir los recursos para ampliar o construir una nueva. Pero con los recortes presupuestarios, lamentablemente no va a ser fácil.

Como servidor público sé que estoy sujeto a denuncias y querellas. Un abogado llamó a una conferencia de prensa e hizo una serie de afirmaciones públicas. Primero, me parece que es una falta a la ética, porque si se hace una denuncia hay una reserva de elementos que al ventilarse públicamente se da por sentado como si fueran ciertos.

Si bien es cierto que se debe hacer una investigación cuando se presenta una denuncia, eso es únicamente el primer paso para comprobar si efectivamente hay o no elementos. Pero no es lo ideal salir a hacer juicios mediáticos y a ventilar situaciones que afectan la honra de las personas y de una institución, y esto responde a oscuros intereses.

Yo ya me notifiqué, yo no me incapacito, estoy dando la cara, estoy afrontando la denuncia y estoy abierto a que se me investigue. Todos los elementos que se quieran investigar están a disposición de las autoridades.

Las personas que supuestamente están involucradas, están obligadas a declarar bajo la gravedad del juramento. Es más, por la naturaleza y la gravedad de las acusaciones que se han hecho, yo solicito que se deslinden responsabilidades lo más pronto posible. Tenemos derecho de defender nuestro honor. Tengo una trayectoria de 40 años como médico en este país, 30 dedicados al Imelcf y nunca ha habido nada que manche mi trayectoria y reputación. Mis ejecutorias profesionales hablan por sí mismas, para que a estas alturas se trate de hacer una campaña organizada que tiene propósitos y que responde a oscuros intereses.