Las implicaciones de que Panamá aparezca en la 'lista negra' de paraísos fiscales

Panamá volvió a aparecer esta semana en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) porque “aún no ha resuelto este problema” en temas de transparencia e intercambio de información con fines fiscales, pese a los avances en esta materia.

Pero, ¿por qué Panamá no ha podido salir de esta lista negra? Para lograrlo debe tener una calificación que “cumple en gran medida” con los requerimientos del Foro Global sobre Transparencia Fiscal de la Organización para el Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En la revisión de noviembre de 2020, fue calificado como “parcialmente cumple” según el estándar.

“Los desafíos persisten, en particular para garantizar la disponibilidad de información contable”, arrojó en su momento el informe de revisión, previa solicitud del gobierno, que le sirvió al país para permanecer dentro de esta temida lista discriminatoria.

Para el presidente del Colegio de Economistas de Panamá, Samuel Moreno, el país sigue en la lista porque “todavía no ha dado el salto” para zafarse de ella, pero para poder “alcanzar ese estadio tenemos que hacerlo con evidencias y con hechos”.

Y aunque esta no es la primera vez que Panamá está enlistado en este mapa mundial de situación fiscal de la UE (salió en 2018 e ingresó en 2020), el economista Rolando Gordón señaló que el problema radica en que el país puede alegar que hizo todas las recomendaciones de la OCDE, pero los organismos internacionales no solo consideran si estas se tomaron en cuenta o no; o se hagan leyes sobre lavado de dinero o lo que sea, sino que no ven que haya nadie preso ni ninguna investigación seria, por lo que “no” creen que se estén aplicando en verdad nuevas medidas.

¡Ese es el problema!, exclamó Gordón, Panamá “hace la ley, hace los reglamentos pero no cae nadie... No ven ninguna acción punitiva contra nadie, ese es uno de los problemas graves que tiene Panamá ante la Comisión Europea”, sostuvo.

Los economistas también advierten que la inclusión de Panamá en estas listas no van a parar hasta que el país acceda a sus complacencias; y que el problema está en la forma de tributación territorial de Panamá.

“La obsesión con Panamá como paraíso fiscal no va a cesar hasta que cedamos a todas sus exigencias. Ellos no aceptan que Panamá tenga una filosofía de impuestos territorial y que solo grave el ingreso generado en el territorio y no lo generado por los residentes en otros países”, afirmó el economista Fernando Aramburú Porras, quien consideró “injustificada la inclusión de Panamá en la lista negra de la UE o cualquier otra lista similar”.

A la luz de la reciente publicación de la lista negra, el economista Raúl Moreira cuestionó que al redactarse el documento, la UE no incluya sus principales paraísos fiscales en la actualización y utilice un doble patrón para sus países parte.

“Siempre se ha señalado que la UE al momento de redactar estas listas usa un doble estándar, ya que mientras incluye a Panamá en ellas, no lo hace con sus territorios en ultramar que sí son paraísos fiscales”, manifestó Moreira, para quien “el hecho de incluir a Panamá en esta lista tiene toda la intención de dictar –de acuerdo a su propio interés– cuál debe ser nuestra política fiscal, que es un derecho soberano”, afirmó Moreira.

De hecho, una publicación del diario ABC de este 25 de febrero sacó a relucir que la UE se olvidó de los paraísos fiscales reales, pese a que en enero de 2021, el Parlamento Europeo clamó por una reforma integral de la lista, que ampliaría los criterios, para incluir a los Estados miembros que se comporten como paraísos fiscales. Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos han mostrado “rasgos de un paraíso fiscal”, señaló en 2019 la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3).

Perseguir los paraísos fiscales se ha vuelto aún más urgente en esta época del nuevo coronavirus, porque los gobiernos europeos necesitan recursos para financiar la recuperación y reducir al máximo la fuga de importantes ingresos fiscales tanto a países fuera de la UE como a otros países miembros.

Los economistas también advierten del impacto que podría traer la lista negra a la economía del país, la inversión extranjera, corresponsalías bancarias, entre otras, lo cual sería dramático en estos momentos de crisis y en que el grado de inversión del país ha decaído por el exceso de endeudamiento.

“No es bueno para el país estar en una lista negra, ya que inversionistas de Europa o de la UE pueden no considerar a Panamá como un país sujeto para sus inversiones, por lo que hay que afinar estrategias”, expresó Moreno.

Insistió en que “una lista negra no nos favorece, por lo que aquí es donde hay que afinar el lápiz y volver a sentarnos con la UE para que Panamá sea reconocido como un país transparente y cooperador”, más cuando el país está por reactivar proyectos en los que requiere inversión extranjera.

Moreira subrayó que “estar en una lista negra de paraísos fiscales supone, a su vez, una competencia desleal en materia de inversión, porque “al incluir al país en estas listas se les prohíbe a sus gobiernos (de la EU) realizar transacciones con empresas y el Gobierno panameño, lo cual ocurre de aquí para allá, pero no de allá para acá”.

“Se ve cómo empresas francesas como Alstom sí pueden proveer los vagones del Metro, aún cuando Francia es nuestro principal detractor en este tema, afectando las posibilidades de nuestros productores de realizar transacciones con un mercado tan importante”, sostuvo.

Otra consecuencia, según Gordón, que podría traer es que la UE retire sus bancos que están en Panamá, lo que ya ha estado ocurriendo desde que el país fue incluido en la lista negra en años previos.

“Todo eso puede perjudicar las inversiones, que podrían haber provocado mayor empleo y préstamos que quizá (ahora) no se den, etc, etc...”, apuntó Moreira, para quien el panameño común, también está siendo afectado con “todas las regulaciones bancarias y financieras que se les han impuesto”; y cuando cumplimos una exigencia nos imponen otra”, pero “no salimos de la lista”.

Panamá aplica la Ley 47 del 24 de octubre de 2016 para el cumplimiento impositivo fiscal de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act); la Ley 5 del 21 de febrero de 2017 que rige el estándar CRS (Common Reporting Standard); los reportes país por país (Country by Country Report o CbCr, por sus siglas en inglés) bajo la acción 13 del proyecto BEPS (Base Erotion Profit Shifting); y adecúa el portal DGI FATCA & AEOI a la plataforma CTS 2.0 de la OCDE (Common Transmission System), la cual a partir del 1 de marzo de este año reemplazará al CTS 1.0.

Respecto a las deficiencias, Moreno mencionó que recién se acaba de aprobar la Superintendencia de Sujetos No Financieros y cree que allí es donde está el tema, de que en definitiva “no” hay un desarrollo sustancial de la canalización de esa información que pueda ser requerida.

“Panamá debe de dar información cuando sea requerida. Por allí están las fallas y hay que ponerle mayor velocidad”, puntualizó Moreno.

Ayer, 25 de febrero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) también incluyó al país en su “lista gris” de paraísos fiscales.