Un hoyo negro en el Registro Público

PANAMÁ. Por el crimen de Darío Fernández hay nueve personas acusadas. De esos nombres tres se repiten varias veces en los documentos de una red que tendría al menos cuatro demandas en los tribunales y una en el Registro Público por usurpar identidades y propiedades, y que aparentemente habría sido descubierta por el exgobernador de Coclé.

Se trata de Mayra Hall Conte, detenida por ser supuestamente cómplice del asesinato de Darío; su primo Julián Nouvet Conte, quien supuestamente transportó al sicario que asesinó al exgobernador; y Ricardo Martínez Quirós, prófugo de la justicia y acusado de ser la presunta mente maestra en el crimen.

En el complejo entramado, estos nombres aparecen dentro de una cadena de sociedades anónimas relacionadas a compras fraudulentas de terrenos.

Todas copian el sistema que se utilizó en el caso del Grupo Terracorp, sociedad que intentó quedarse con la propiedad de la finca 070 en Piña, costa abajo de Colón.

Grupo Terracorp alegaba haberle comprado las 12.5 hectáreas de esa finca en el atlántico a Juana Jaén, la madre de Darío, en 390 dólares. El problema es que Juana no había vendido esa tierra, pues nunca la compró en realidad. Es ahí donde la familia Fernández denunció el proceso y detuvo la cadena de transacciones que con esta última completaría cinco traspasos en siete meses.

Aunque pueda parecer sospechoso, esa cantidad de traspasos no es nada raro para las sociedades y nombres vinculados a Ricardo Martínez Quirós.

Una cadena de al menos siete sociedades, alrededor de 15 personas y tres notarías es lo revelado hasta ahora. Esto sin olvidar que en el Registro Público también deben existir otras personas involucradas y que en los documentos de este escándalo se mencionan dos sociedades más.

CÓMO FUNCIONA

Llegar al fondo del entuerto es complicado, pero la fórmula con la que ha operado parece muy simple.

Se trata primero de ubicar terrenos ‘accesibles’, es decir fincas que parezcan descuidadas y usurpar la propiedad inicial.

Así pasó en el caso de la finca 070, registrada en 1967 en Reforma Agraria y que según los documentos demandados, apareció con otro dueño en 2008 en el Registro Público.

En esos tiempos Ricardo Martínez Quirós habría sido funcionario de esa entidad. Después de ese primer paso, se teje una cadena de transacciones por precios irrisorios entre sociedades, todas de nombres repetidos y aparecidas en varios casos.

Otras veces se usurpan nombres o se levantan actas fraudulentas apropiándose de sociedades anónimas y sus bienes. Es decir, se trata de un golpe en las entrañas del Registro Público, el alma del sistema de propiedades públicas y privadas del país.

LAS CINCO DEMANDAS

Esa ecuación está repetida en los cincos casos divulgados por La Estrella. Demuestran hasta dónde la red opera sin límite alguno.

El primero es el caso Hannaman. Un buen día en 2011, Joan Sabatino de Manfredo, albacea de los bienes de Rose Hannaman en Panamá, supo que tres años antes una finca de la señora de nacionalidad estadounidense en San Carlos había sido vendida por poco más de 2 mil dólares en la Notaría Cuarta de Circuito.

Cuando Joan supo de la venta, no dudó. Esa venta era imposible. Rose no podía haber visitado la Notaría Cuarta en esta capital en 2008 por una razón simple: ya había muerto para entonces. Además en 2006 habría vendido ese mismo terreno a Joan Sabatino de Manfredo.

Es decir, los contactos de la red de usupardores se extendían hasta la Notaría Cuarta. Pero ahí no queda todo. El caso Hannaman es solo el primero.

Muy cerca de la finca Hannaman en San Carlos, Lilia Martínez de Gordón estuvo a punto de perder su terreno. También en 2011 debió acudir a los tribunales. La razón: demandar una cadena de traspasos y venta de la finca 6540 de su propiedad, sobre la cual pedía un secuestro para preservarla ante la inminente usurpación de su identidad.

En el caso, se había inscrito en el Registro Público, en 2011, una venta que supuestamente sucedió 13 años antes, donde aseguraban que Lilia vendió su terreno.

Según esos documentos el acto se había inscrito en la escritura pública 7071 del 16 de septiembre de 2008, en un sitio familiar: la Notaría Cuarta de Circuito. Pero a pesar de la fe que dio el notario, Lilia no había vendido su tierra a nadie.

PODERES GENERALES

Los casos de Hannaman y doña Lilia no son los únicos. Las cosas han llegado más lejos, han actuado también contra sociedades.

Es el ejemplo que viven los propietarios de un terreno en La Hermita de San Carlos. Ellos lo habían registrado en la sociedad Uscolpa, pero una sesión extraordinaria celebrada el 11 de mayo de 2010 puso a Ismael Coronado en control absoluto de los bienes de la sociedad.

Ese día, según el acta que luego apareció en el Registro Público, Ismael Coronado actuó como presidente y secretario temporal de la sesión. Quizás por eso fue fácil que le otorgaran sin objeción, según el acta, plenos poderes para vender los terrenos de La Hermita.

El acta de Coronado comparte algo en común con la de Hannaman y la de Lilia: fue levantada en la Notaría Cuarta de Circuito.

Aplicando la misma fórmula, en Sonadora de Penonomé se registró un caso similar al de La Hermita.

Esta vez el chico de la suerte en la asamblea de accionistas fue Julián Alfredo Nouvet Conte.

Una escritura pública del 2 de julio de 2008 le dejó el control absoluto a Nouvet Conte de la sociedad Sonadora Heights Inc. El presidente real de la sociedad y accionista mayoritario era Devon Ralls, quien por supuesto no estaba presente en la reunión y ante su ausencia, según el acta, los accionistas pusieron toda su confianza en Nouvet Conte.

El acta asegura que no hubo aviso de convocatoria, quizás por eso Devon no estaba en la reunión; sin embargo, de acuerdo con el acta ‘estuvieron todos los tenedores del 100% de las acciones emitidas y en circulación’, entonces, ¿Devon no tenía participación en las acciones? La respuesta a esta pregunta puede estar en un sitio que ya conocemos: la Notaría Cuarta de Circuito.

En Sonadora las ambiciones del grupo crecieron. Ahí se vendieron cinco fincas. Cada transacción fue demandada por Devon Ralls. Mientras, un día después de visitar la conocida Notaría Cuarta, Julián Nouvet Conte vendió las cinco fincas a Mayra Hall Conte. Dos meses después disolvieron la sociedad Sonadora Heigths.

Incluso representantes legales de Devon Ralls aseguran que el entonces director del Registro Público, Luis Barría, y un grupo de sus asistentes tenían conocimiento de las denuncias de fraudes; sin embargo, no impidieron que Mayra Hall Conte pudiera inscribir la venta de las cinco fincas, antes de inscribir una marginal en las escrituras públicas de esas tierras deteniendo el entramado de traspasos denunciados.

Incluso por el caso de Sonadora se habla de delitos de falsedad de documento público y contra el patrimonio de Devon Ralls.

Así Julian Nouvet Conte, Mayra Hall Conte y Ricardo Martínez Quirós tejen su complicada red alrededor del Registro Público y la Notaría Cuarta.

Todo indica que no hay cabos sueltos en la operación, lo único que parecía representar un peligro para el grupo, era lo descubierto por Darío Fernández Jaén.

DESCIFRANDO LA RED

La operación detrás de la compra de la finca 070 es sostenida por una cuidadosa y experimentada red que opera libremente entre el Registro Público y las notarías y que se extiende hasta verse involucrada en cinco transacciones fraudulentas, la última de ellas, efectuada por Grupo Terracorp.

Esta sociedad tiene como directivos a Eliecer Tuñón Jaén, Alexander Valdés Henríquez y Manuel Espinosa Herrera.

Los tres forman parte de la sociedad Carnes y Franquicias de Colón, la misma que participó en el proceso de compra y venta de la finca de Lilia Rosa Martínez de Gordón (antes descrita).

La señora Martínez de Gordón presentó una demanda y logró poner un secuestro sobre la propiedad. Alega que el terreno le fue despojado de forma ilegal . El secuestro fue decretado por el Juzgado Cuarto de lo Penal del Primer Circuito Judicial y comunicado mediante oficio 3176 de 28 de junio de 2011.

Eliécer Tuñón Jaén también es representante de la sociedad Hermita 47 S.A. Esta sociedad participó en el proceso de traspaso de la finca 157273 de San Carlos, propiedad de la sociedad Uscolpa S.A.

Hermita 47 S.A. compró el citado terreno a la sociedad Consorcio Arena Blanca, el 9 de septiembre de 2010. Ricardo Martínez Quirós aparece como representante de la empresa. El 21 de junio de 2011, Hermita 47 S.A. celebró contrato de compraventa con el grupo Luis J. Varela e hijos, representada por José Luis Varela Rodríguez.

Dentro del Consorcio Arena Blanca se encuentran David Alveo y Oscar Osorio, este último relacionado al supuesto despojo de la finca N° 42560, propiedad de Rose Failla Hannaman. En este proceso también está vinculada la sociedad Zuisa Cash Holding, representada por Ricardo Martínez Quirós y donde también aparece David Alveo.

Zuisa Cash Holding vendió la finca 42560 a Pacífico 2010 Corp., sociedad donde se encuentra a Julián Nouvet Conte.

La familia de Hannaman, al igual que el albacea de sus bienes en Panamá, demandó penalm ente los procesos de venta, alegando haber sido víctimas de una usurpación de terrenos. El Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial propuso al Registro Público inscribir una medida cautelar sobre el bien.

La sociedad Pacífico 2010, donde figura Nouvet Conte, participó también en la compra y venta de la finca Uscolpa II (finca 32327).

La compra la hizo a Ismael Coronado, representante de la sociedad Uscolpa —el acta accionaria que le dio plenos poderes sobre la sociedad a Coronado fue demandada por falsificación— y la minuta de esta transacción fue elaborada por Ricardo Martínez Quirós.

Julián Nouvet Conte también aparece mencionado en la demanda contra la venta de las fincas 6418, 7750, 7751, 8092, 7249, presentada por Devon Anne Ralls, directiva de la sociedad Sonadora Heights.

Según la demanda, Nouvet Conte recibió plenos poderes sobre Sonadora Heights mediante un acta de accionistas falsa.

La escritura pública 9025 de 2 de julio de 2008, mediante la cual Nouvet Conte fue designado apoderado general de Sonadora Heights, pertenece, según la demanda, al Pacto Social de Quiggin Assets Development, Inc.

Aún así, al día siguiente de ser, supuestamente, nombrado por la mayoría de los accionistas director ad hoc de Sonadora Heights, formalizó el proceso de venta de las cinco fincas a su prima, Mayra Hall Conte.

La defensa de la señora Ralls presentó una solicitud ante la Dirección del Registro Público para que se anotara una marginal sobre las tierras, pero antes de que se aprobara la inscripción de la marginal, el Registro Público permitió a Mayra Hall vender las fincas a Tecni- Trac S.A., propiedad de Edwin Camargo.

EL CÍRCULO

En todas las operaciones de traspaso, el método ha sido el mismo.

Se localiza una propiedad cuyos dueños son adultos mayores o han fallecido. Una que no haya tenido movimiento en un largo periodo de tiempo.

La ubicación de la finca se logra gracias a una conexión que tienen dentro del Registro Público. En el caso de las fincas Hannaman, Jubier Salinas, pasante del Registro Público, figura en varias de las transacciones de compra y venta.

Fue el presentante del documento de la venta de Oscar Ochoa Beltran a Oscar Osorio, también presentó los documentos de la transacción entre Zuisa Cash Holding y Pacífico 2010.

En estos procesos actuaron Verónica González Trujillo y Verónica Morrell como testigos. Las escrituras de los traspasos fueron elaboradas en las notarías Primera, Tercera y Cuarta del Circuito de Panamá.

Sobre las transacciones en la finca de Lilia Martínez de Gordón, Verónica Morrell actuó como pasante y presentante de la escritura que permitió a la sociedad Carnes y Franquicias de Colón comprar la finca 6540. Nuevamente figuran como testigos del contrato de compra venta Verónica Morrell y Verónica González Trujillo.

Un entramado que no habría sido posible sin la fragilidad y poca eficiencia en los controles del Registro Público y la complicidad de las notarías dando fe de hechos que jamás sucedieron.