Gestión del Agua, Acciones Colectivas y Gobernanza

La celebración del Día Mundial Del Agua confirma que el agua sigue siendo un tema pendiente tanto en Panamá como en el mundo. El “tema agua” sigue presente en la agenda nacional; además de las inquietudes en torno a su conservación, su calidad y distribución. También hay en la opinión pública preocupación para que el agua no se convierta en mera mercancía susceptible de apropiación privada y especulación comercial, en detrimento de su reconocimiento como un derecho humano.

Según el Plan de Seguridad Hídrica de Panamá 2015-2050, Panamá cuenta con un patrimonio hidrológico extraordinario, sustentado por una precipitación media anual de 2,924 litros de lluvia por metro cuadrado. 52 cuencas hídricas desembocan en dos vertientes otorgando al país una disponibilidad de agua de 119 mil millones de metros cúbicos, resultando en aproximadamente 29,000 metros cúbicos de agua dulce per cápita.

Este patrimonio ubica al país como uno de los mejores ejemplos de lo que es “un país impulsado por el agua” (Hídrica, 2016; 11), condición que se hace aún más evidente cuando se analiza el recurso hídrico en función del Canal de Panamá y su importancia para la economía nacional, regional y global. Los datos presentados en el Plan de Seguridad Hídrica demuestran un país con un alto potencial hídrico y que accede de manera constante y sostenida al recurso. A diferencia de otros países de la región latinoamericana, Panamá es un país que no depende de recursos hídricos ajenos y registra bajo estrés de agua.

Panamá posee abundancia de agua; y al ser el agua un recurso finito, es susceptible y vulnerable a la intervención y apropiación por el modelo de producción, tal y como ocurren en todo el mundo. Condición que lleva a Panamá a enfrentar una contradicción: siendo un país rico en recurso hídrico, tiene problemas severos de disponibilidad y calidad del agua. De hecho, el Atlas Ambiental del 2010 ya advertía que 10 cuencas del Pacífico presentaban estados críticos: Chiriquí Viejo, Chico, Chiriquí, Tonosí, La Villa, Santa María, Grande, Antón, Pacora y Bayano. (Panamá, 2010, 40)

Según el informe Calidad de Agua en las Américas de la Red Interamericana de Academias de Ciencia (2019) los principales indicadores del desmejoramiento del agua refieren a la alta concentración demográfica en las zonas costeras del Pacífico panameño, los atrasos tecnológicos del sector agrícola e industrial y la deficiente infraestructura de gestión sanitaria, sobresaliendo las costas de la Bahía de Panamá, entre otras problemáticas.

Autores como, Martínez, Graf, Santana y García (2012) proponen que la gestión del agua incluye acciones desarrolladas de manera integral por los diversos actores que integran la sociedad o una cuenca para la conservación, manejo, suministro y disposición del agua, con el objetivo de garantizar la calidad y cantidad para el desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva, la gestión del agua es una forma de interacción social entre los actores institucionales y el resto de la sociedad, donde se produce un sistema que vincula niveles socio-hidráulicos de acuerdo con la capacidad de distribución del recurso.

Este sistema se arraiga en la cultura, en la estructura agraria, en la infraestructura institucional de entidades públicas y privadas y en la infraestructura material (ecológica y tecnológica), todos estos elementos que se reproducen consecutivamente y cambian a través de interacción sociales.

Panamá cuenta con un marco normativo amplio en materia de gestión del agua, además del marco constitucional; sin embargo, este marco normativo está caracterizado por una gestión del agua a partir de la gobernabilidad, es decir, desde la verticalidad y desde la institucionalidad, con espacios muy reducidos para la participación de los otros actores, en particular de las comunidades. Excepción a esta institucionalidad están, las Juntas de Acueductos Rurales que se sostienen, a partir de la gobernanza expresada a partir de la participación comunitaria para la toma de decisiones sobre la distribución del agua como de la protección de sus fuentes. La gestión del agua de Panamá, si bien robusta en número de leyes, carece del elemento de interacción entre la institucionalidad y el resto de los actores de la sociedad panameña.

Una acción colectiva es una acción conjunta intencional, marcada por el proyecto explícito de los protagonistas de movilizarse concertadamente. Esta acción conjunta se desarrolla con una lógica de reivindicación y defensa de un interés material o de una causa (agua potable, por ejemplo). Por su parte, los movimientos sociales comprenden las acciones concertadas en torno a una causa que promueve establecer un nuevo orden de vida o enfrentar los desafíos locales que implican modificaciones al mundo de la vida de las comunidades. (Almeida, 2020, Tarrow, 2013)

Mientras las acciones colectivas son efímeras y localistas, los movimientos sociales expresan estructuras, temporalidad, un agravio bien definido, al igual que un adversario; y cuentan con un repertorio de acciones colectivas y marcos que permiten la cohesión entre sus integrantes.

La distribución y el control del agua durante los últimos años ha generado diversas acciones colectivas en Panamá que van desde las protestas demandando el acceso para el consumo humano reportadas en medios de comunicación nacionales, hasta las acciones que llevan las comunidades donde se represan los ríos para la generación de electricidad o aquellas motivadas por la contaminación de fuentes hídricas.

También existen, aunque pocos, movimientos sociales comunitarios, campesinos e indígenas y ambientalistas, que no sólo enfatizan la lucha por el agua como condición necesaria para la supervivencia de la humanidad; sino que sus acciones también están dirigidas por la representación que hacen de sus propias formas de vidas, incluyendo sus propios significados y símbolos.

La Tabla No 1 muestra las acciones colectivas relacionadas con el agua registradas en medios de comunicación social en Panamá (incluyendo redes sociales), del 2020 al marzo de 2023. A pesar del contexto pandémico, los años 2021 y 2022 mostraron constancia en las acciones colectivas por este tema; a tres meses del 2023 se presenta un claro aumento en el número de movilizaciones.

Como es de esperarse, la Provincia de Panamá Oeste reporta el mayor número de acciones, seguida por Panamá y Colón; es decir, las áreas con mayor densidad poblacional expresan mayor conflictividad por el acceso al agua. Los registros noticiosos muestran que la concentración de estos conflictos se localiza principalmente en las áreas periféricas a los centros urbanos de estas provincias, que, a su vez, son las áreas que suelen reportar los mayores índices de pobreza urbana.

Para lograr que toda la población tenga acceso al agua para el consumo humano, la agricultura y demás actividades productivas, el agua debe pasar por estar en “espacios socialmente aceptados”, donde todos los actores de la sociedad panameña participen en la creación de las políticas públicas que guíen el uso, distribución y cuidado de esta.

Ese espacio socialmente aceptado requiere de una gestión desde la gobernanza que implica una forma nueva y diferente de gobernar: caracterizada por la interacción entre una pluralidad de actores, las relaciones horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder público y el resto de los actores que integran la sociedad panameña. Y es que no solo se trata de pensar en la distribución del agua, sino en el cuidado efectivo de cada cuenca que integran las 52 existentes en el país, e incluso lo que éstas significan para algunos grupos poblacionales.

El autor es Sociólogo. Docente e investigador de la Universidad de Panamá