Frente Anticorrupción reclama investigar a magistrados de la Corte

La pasividad en el desarrollo de los procesos judiciales contra el expresidente Ricardo Ricardo, ha tomado otro giro. La tesis de la existencia de dinero de por medio entra en escena.

El Frente Nacional contra la Corrupción se atrevió a solicitar formalmente, mediante una nota a la Corte Suprema que ordene una auditoría forense a las cuentas bancarias de los magistrados Jerónimo Mejía, Harry Díaz y Oydén Ortega, quienes están al frente de las investigaciones.

Ortega es fiscal del proceso por las irregularidades en la compra de la comida deshidratada; Díaz de los pinchazos telefónicos y Mejía funge como juez de garantías de este último caso.

En una carta dirigida a José Ayú Prado, presidente de la Corte, con fecha del 12 de marzo, el Frente Anticorrupción deja sentada su preocupación por las recientes notas periodísticas que hablan de un posible delito de corrupción que menciona a los magistrados por el orden de $6 millones.

Aunque no lo dice directamente, Enrique Montenegro, secretario general del grupo, se hace eco de glosas y caricaturas que afirman que Mejía, Díaz y Ortega habrían recibido esa millonaria suma de dinero para 'dormir' los procesos contra Martinelli.

En la petición formal, además de las cuentas, reclama una auditoría forense a las compañías donde tengan derecho a firma y los bienes de propiedad.

También se hace mención de las innumerables denuncias que han hecho los magistrados Camilo Pérez, Adán Arnulfo Arjona y recientemente el propio Díaz sobre coimas en el alto tribunal y venta de fallos.

Montenegro incluso recordó que Martinelli, investigado como diputado del Parlamento Centroamericano, en una ocasión señaló que cuenta con $50 millones para su defensa.

‘Hecho que sumado a lo anterior y que debe ser de su conocimiento se inicie una investigación interna', alegó.

SUSTENTO DE SOLICITUD

El Frente Anticorrupción sustenta su petición en los artículos 1994 y 1995 del Código Judicial, referentes a denunciar un delito y ponerlo en conocimiento del funcionario. al momento que se tenga conocimiento.

Montenegro expresó que en el evento que la investigación arroje los elementos indiciarios del delito, el presidente Ayú Prado queda obligado a presentar la denuncia ante la Asamblea Nacional para que se investigue.

REACCIONES

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá afirma que todo aquel que tenga un señalamiento debe hacerlo por los canales institucionales.

La agrupación manifiesta que una vez presentada una denuncia, le corresponde a la Asamblea Nacional aclarar si existe sustento o no para abrir un proceso.

‘Lo sano es que quien haga señalamientos, no los realice en los medios sin acudir a la presentación de una denuncia formal', expuso Juan Carlos Araúz, presidente encargado del gremio.

El jurista agregó que hay que exigir que las denuncias en debida forma sean las que activen los mecanismos de investigación.

El abogado Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, comparte la preocupación por los hechos que envuelven a los magistrados, pero considera que no es procedente solicitar al presidente de la Corte debido a que las investigaciones contra magistrados le competen a la Asamblea.

Lee sostiene que las auditorías que hace el Órgano Judicial, no tienen que ver con cuentas bancarias. ‘La denuncia es de un posible delito y esto es competencia de la Asamblea', enfatizó.

Alfonso Fraguela, presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), opinó que si hay pruebas que se abran los procesos legales en contra de los magistrados, así podrían hacer el inventario de bienes.

‘Si en ese inventario de bienes superan lo que se pueda adquirir con los ingresos producto de su salario, entonces se activarían las banderas rojas de que hay algo'.

En tanto, el abogado Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, no ve mayor éxito en lo fructífero de la solicitud, aunque considera viable el tema de las auditorías cuando se nota que la justicia no avanza en los términos y como lo define la normativa.

Eso, a su juicio, levanta sospechas de que pudiesen ‘existir situaciones'.

Troncoso expresó que la fiscalización debe ser para todos los magistrados, para el beneficio de la justicia y los procesos que se siguen.

Martinelli, quien está autoexiliado en Miami, Estados Unidos, desde el 28 de enero de 2015, tiene siete procesos en la Corte, pero solo tres expedientes están abiertos.

Para el defensor del exmandatario Carlos Carrillo, aunque la solicitud parte de una ‘base falsa', a Martinelli se le ha sometido a dos procesos distintos sin hacer imputación o darle el derecho a defensa en una audiencia de imputación.

‘Hablar de que están dormidos los casos está fuera de contexto', sostuvo Carrillo.

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PINCHAZOS TELEFÓNICOS

Es el caso contra Martinelli que más ha avanzado

El juez Jerónimo Mejía solicitó el viernes a la Cancillería iniciar los trámites para la extradición de Martinelli.

La decisión se toma casi tres meses después de la aprobación de su detención.