Fiscalía: 'Varela y Lasso realizaron acciones para dar apariencia de legalidad a dinero obtenido de forma ilícita'

La Fiscalía Especial Anticorrupción desbarató el argumento del expresidente Juan Carlos Varela sobre la versión de que los aportes que recibió de la constructora Odebrecht tenían carácter de donación, y no de coimas, como concluyó la fiscalía. De acuerdo con el criterio del Ministerio Público, el dinero que entró a las cuentas del colectivo y los cheques que recibió Varela, a título personal, fueron triangulados de la caja clandestina de la constructora a través de la Fundación Don James, por tanto, son de procedencia ilícita. Sin olvidar que dicho financiamiento ofrecía un trato preferencial a Odebrecht para beneficiarse de millonarias obras durante el gobierno panameñista.

Tras haber sido imputado por el delito de blanqueo de capitales, el expresidente acudió a la fiscalía en diferentes oportunidades. Se declaró inocente de los cargos en su contra; defendió que el dinero que financió los gastos de su campaña política en 2009 y 2014 procedían de una empresa constituida en el país; que ignoraba que estos provenían de una contabilidad clandestina; que no se benefició personalmente de estos, y en cambio, se emplearon para hacer pagos atrasados, obras sociales, sufragar gastos del colectivo, y negó tener vínculos con Olivio Rodrigues, el principal ordenante y controlador de las sociedades anónimas que empleó la constructora para hacer pagos ilícitos. Varela también alegó a su favor que el dinero recibido de Odebrecht, a través de la Fundación Don James, cuyo beneficiario final era el recolector de fondos del partido, Jaime Lasso, fue reportado al Tribunal Electoral

No obstante, la fiscalía tiene una lectura muy distinta a la que relató Varela. En documentos de la vista fiscal a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá, el Ministerio Público concluyó que debido a la mezcla de fondos ilícitos en el circuito financiero para obtener un disfraz de legitimidad, utilizando operaciones como retiros y transferencias de fondos; la constitución de empresas de fachada; la estructura comercial pantalla; la doble contabilidad, entre otras, se acredita un delito pluriofensivo o de ofensa compleja.

Luego de comparar los recibos aportados por Varela, la fiscalía realizó un análisis de las cuentas bancarias y créditos recibidos de la banca local para sufragar los gastos de campaña y concluyó que Juan Carlos Varela y Jaime Lasso realizaron acciones encaminadas a dar apariencia de legalidad a dinero obtenido de forma ilícita. Para tal fin, se triangularon fondos de Lasso hacia Varela, ya que provenían de Odebrecht a través de las sociedades Kllienfield Services, Innovation Research, Tident Intertrading ordenados por Olivio Rodrigues, alias Gigolino o Gigo. Se evidencia que el dinero se recibió mediante pagos a las sociedades Poseidon Enterprises; V Tech; Fundación Don James; BV Tech Group, las cuales, según declaraciones de Vinicius Vega, otro operador financiero de Odebrecht, se constituyeron a través de contratos ficticios para superar las fases de cumplimiento bancario.

El Ministerio Público acreditó que, de estas cuatro sociedades anónimas, emanaron $10 millones a las offshore en control de Jaime Lasso (beneficiario final), y de ahí se distribuyeron al candidato, quien a su vez repartió el dinero para pagar a la banca local las diversas líneas de crédito extendidas a su favor.

Esto sumado lateralmente por los pagos efectuados a proveedores locales y extranjeros, todos financiados con el dinero que provenía de la caja 2 de la constructora.

Con esto, la intención final de la constructora era obtener un trato preferencial con aportes que iniciaron en 2009 y se extendieron a 2014. Los datos fueron corroborados por la empresa que detalló al Ministerio Público, por ejemplo, la ruta del dinero, originada por el ordenante Gigolino a un primer beneficiario, Perching Llc y luego al beneficiario final, Fundación Don James, por la suma de $300 mil, dividido en dos fases, la primera de $150 mil el 30 de diciembre de 2008 y la segunda por el mismo monto el 25 de febrero de 2009.

La fiscalía acreditó en la investigación que Jaime Lasso recibió fondos de la caja 2 de la constructora para cubrir los gastos de campañas políticas, entre los que se especificaron pagos de artículos promocionales para fines electorales, al igual que los fondos destinados al precandidato a la vicepresidencia del país, que algunos fueron reportados posteriormente al Tribunal Electoral, pero adjudicados a la Fundación Don James. Hecho que daba una apariencia lícita del dinero que se recibió de la contabilidad paralela de la constructora, no obstante, la plata no solo se empleó para lo anterior, sino que también se depositó en cuentas de uso personal de Varela y familiares.

Según la nota emitida por el colectivo el 11 de marzo de 2020 a la fiscalía, era de conocimiento el origen de los fondos, en especial aquellos que provenían de la gestión de Lasso y Carlos Duboy, recaudadores, que concretaban el apoyo financiero.

En cuanto a los cheques a nombre propio del entonces candidato, la fiscalía registró uno fechado el 30 de abril de 2009 por $25 mil, otro de la misma fecha, pero de $70 mil. El 25 de abril de 2009 Varela, quien también fungía como representante legal del partido, recibió otro cheque por $25 mil y el 21 de mayo del mismo año, uno más por $50 mil. Dinero que se originó de los fondos que solicitó Lasso a André Rabello, superintendente de la constructora en Panamá, el 17 de febrero, y que este extendió por $700 mil en diferentes partidas a la cuenta de la Fundación Don James. En total, a nombre propio, Varela recibió $170 mil de la constructora en forma triangulada a través de la Fundación Don James.

Varela dijo en sus descargos que los aportes efectuados a la campaña política en su gran mayoría eran reportados al Tribunal Electoral (TE) y las contribuciones de Jaime Lasso y su padre totalizaron $1,029,326. Añadió que el resto del dinero se empleó para pagos que hizo Lasso a los proveedores para cubrir las facturas de la campaña y artículos de los proyectos sociales por un monto de $5 millones. A esto se sumó el pago por $2 millones en 2014 que se debían a un proveedor de Asia. Lasso aportó directamente a través de Don James $586,826, mientras que Carlos Duboy, por medio de la empresa familiar Strategic Management, hizo un aporte a finales de 2008 por $10 mil que se depositó a la cuenta política del partido y se informó al TE.

En cuanto a las cifras no reportadas al TE, Varela defendió que estos informes se hicieron con base en el calendario electoral que establece la entidad.

Si bien es cierto que el Tribunal Electoral permite el financiamiento proveniente de las personas naturales y jurídicas que ejerzan actividades económicas dentro de Panamá, la fiscalía consideró que el dinero provenía de sociedades abiertas en el extranjero que no ejercían actividades económicas en el país y pertenecían a la caja 2. Además, señaló que las transferencias internacionales están prohibidas en este aspecto. Aunado a lo anterior, es obligación que el donante realice los aportes en forma directa, sin intermediarios.

En cuanto a que Varela dijo haber cumplido con el reporte de los aportes de la constructora, desacreditando en sus descargos cualquier delito penal, la fiscalía reiteró la prohibición de intermediarios para este efecto y de recibir dinero de empresas extranjeras. En ese sentido, queda claro por qué las transferencias de dinero no fueron registradas en el TE como dinero proveniente de Klienfeld Services o Innovation Research, así como tampoco fueron reportados todos los fondos recibidos a través de Jaime Lasso.

Por lo anterior, según la fiscalía, Varela no puede pretender deslindarse de responsabilidad sobre el origen de los fondos, siendo representante legal del colectivo.

En otra indagatoria, Varela dijo que no sabía que la empresa de su familia, Varela Hermanos, hubiese hecho contratos relativos a la compra de materia prima como botellas, etiquetas y otros con las empresas BK Rekhatex Ltd; Taishan Rongfeng Printing Plastic y Taishan Boafeng Plastic and Hardware, aunque admitió que la primera fue proveedora del partido en artículos promocionales que se repartieron entre los candidatos en mayo de 2014.

No obstante, al realizar el análisis de la documentación que Varela presentó a la fiscalía, esta detectó inconsistencias en los recibos, tanto en las fechas como en el nombre de los contribuyentes y los montos establecidos.

También observó que dentro de la documentación remitida al TE, a través de nota fechada 24 de junio de 2020, en la que se reportó el origen de las contribuciones privadas de Varela para la campaña de 2009 y 2014, solo se notificaron las provenientes de Jaime Lasso y la Fundación Don James por un monto de $341,826.

El TE, por su parte, envió a la fiscalía la documentación referente a la empresa BK Rekhatex con base en la relación comercial que sostuvo con el Partido Panameñista.

Además, la fiscalía recogió las contribuciones efectuadas por Carretero Internacional, empresa con la que el Panameñismo firmó un contrato de distribución de productos de carácter electoral por un periodo de dos años y un monto de $3,6 millones.

Algunos de estos pagos los hizo Lasso de manera directa a la cuenta Jiu Shun, y otros fueron pagados a cuentas locales mediante cheques.

Varela presentó un informe en el que solamente logró explicar algunos aportes recibidos de Lasso, pero al momento de sustentarlo, solo mencionó los cheques recibidos y el estado de cuenta. Si bien es cierto que hay un depósito con el mismo monto, según la fiscalía, en el informe no se aprecia información relacionada a los ingresos recibidos. Por tal razón, a criterio de la fiscalía, no logró sustentar los aportes que fueron hechos hacia la sociedad Jiu Shun y Corporación Logística del Caribe por parte de Lasso para temas de la campaña política, como tampoco transacciones realizadas por Don James por $107,375 a cuentas locales. La fiscalía también resaltó que no se presentaron facturas o documentos contables que sustentaran el uso que dio Varela a los fondos asignados a la campaña en los periodos 2009-2013 y de 2011 a 2012.

La fiscalía consideró que el político no logró justificar financieramente los fondos que ingresaron a las arcas del colectivo cuando fungió como vicepresidente y la empresa constructora se beneficiaba con la adjudicación de contratos de obras públicas.

En este sentido, las conductas presentadas por Varela y Lasso encajan en la descripción de los elementos que deben cumplir una acción para acreditarse como blanqueo de capitales, recibir, depositar, negociar o convertir dinero en títulos o valores y otros recursos.

En los documentos que la fiscalía logró conseguir de los bancos, encontró que en una de las cuentas bancarias de Varela destinada a gastos personales, mantuvo entre 2009 y 2014 depósitos bancarios que superaron los $11,5 millones. En otra con fines para gastos de la campaña política y gastos personales mantuvo depósitos por $2,360,526 durante 2009 a 2011. En una tercera cuenta, de la cual la fiscalía obtuvo información, perfilada para el manejo operativo, mantuvo depósitos por un monto de $1,311,352 durante 2008-2014.

Las evidencias retratan todas las etapas del blanqueo de capitales, por lo que para el Ministerio Público no cabe duda del delito imputado, y que existe un nexo entre el producto ilícito y las conductas de ocultamiento que describe el tipo penal. Este vínculo se ubicó al disponer la recepción de los beneficios prohibidos a través de terceras personas como las empresas offshore creadas fuera del país, potenciando así el ocultamiento y la evasión de las consecuencias jurídicas.

De acuerdo con lo anterior, la fiscalía estima que cuenta con todas las formalidades exigidas por el artículo 2219 del Código Judicial para imputar cargos de blanqueo de capitales y existen suficientes medios probatorios que vinculan a Varela y Jaime Lasso con este delito.