Fiscalía descartó uso de módulos usados en hospital Panamá Solidario

La vista fiscal que ordenó el archivo de la investigación contra el contrato y construcción del hospital modular de Albrook “Panamá Solidario” por no encontrar delito alguno, descartó el uso de módulos usados en su construcción. Los registros de las importaciones y las inspecciones visuales llevaron a la fiscal Anilú Batista a certificar que la empresa Smartbrix Centroamérica cumplió con todos los requisitos que se le exigieron, como certificaciones, material nuevo, experiencia y el precio más bajo. Ello incluye el cierre y archivo de la queja administrativa por el supuesto rechazo de la donación de un hospital de campaña por parte de China.

La Fiscalía Anticorrupción hizo énfasis en que pudo certificar que todos los módulos instalados en este hospital son nuevos y que no hubo irregularidades entre las ofertas competidoras, resultando ser la más baja la presentada por SmartBrix: $6,9 millones.

Batista fue contundente en determinar que todas las publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en la contratación de SmartBrix, representada por Nitesh Mayani Harani, fueron descartadas en la investigación de oficio que incluyó una serie de inspecciones sobre el hospital y las bodegas de la empresa, información oficial aduanera, certificaciones de técnicos y la Contraloría, y de entrevistas con cada persona mencionada en el caso. La vista fiscal dejó claro que la oferta de SmartBrix fue la más baja, ante las ofertas de Turmaks de $16,9 millones y la de VA Project Hopsa por $9,9 millones.

La investigación hizo referencia al informe técnico del Ministerio de Obras Públicas, suscrito por el ministro Rafael Sabonge y el director de mantenimiento de la entidad, Rolando Lay, que sustenta que SmartBrix contaba con todos los requisitos exigidos en la contratación, “se ajustaba a los lineamientos requeridos, sustento de los equipos, herramientas, materiales, y personal calificado necesario para la ejecución de los trabajos, con mejor propuesta económica y cumplimiento del plazo solicitado”.

“Observamos de las importaciones registradas por la Dirección General de Aduanas que la empresa SmartBrix mantenía suficiente material importado nuevo procedente de China, es decir, en inventario contaban con suficientes estructuras modulares nuevas para hacer frente al proyecto para el cual fue contratado”. Ello fue confirmado en una inspección al hospital en donde se constató que todos los módulos instalados fueron nuevos.

“En la inspección visual del hospital integrado Panamá Solidario se pudo evidenciar que los módulos empleados en la ejecución del proyecto son insumos nuevos y no se visualizó el uso de insumos que no reunieran esta condición. La superficie de los laterales o paredes muestra que no han sido tratados para su reutilización, mantienen su aspecto de fábrica. Las estructuras utilizadas corresponden a módulos nuevos ensamblados por piezas y no se trata de contenedores reutilizados”, señaló la fiscal Batista en su vista fiscal que ordena el archivo de la investigación.

Aclaró que el material de Costa Rica que expusieron algunos medios de comunicación no fue utilizado ni empleado para la construcción del hospital Panamá Solidario o hospital modular como se le conoce.

“Existe un cúmulo de elementos como las entrevistas y las bitácoras donde consta que los materiales fueron recibidos conforme y con una apariencia nueva; además la propia Contraloría determinó que la obra hospital Panamá Solidario se encontraba dentro de un margen de ganancia aceptable por debajo del tope medio del análisis de costo”, recalcó la Fiscalía Anticorrupción.

Señaló que todos estos elementos la llevaron a concluir que los hechos que fueron publicados por medios noticiosos y que activaron de manera oficiosa el inicio de esta investigación, no se ajustan a la realidad que consta dentro de la carpeta, y más bien se determina que el delito de peculado “no se configuró”.

La fiscal Batista explicó que el peculado es el comportamiento delictual que requiere para su composición de la existencia de una sustracción o malversación de efectos o caudales públicos, respectos de los cuales el funcionario ejerce actos de autoridad; y resulta que en el presente caso se desprende de los elementos de convicción reunidos, “que tal comportamiento no ocurrió y tampoco se evidencia una incorrecta administración pública de algún servidor público a reportar”.

La Fiscalía Anticorrupción también descartó cualquier delito penal vinculado al permiso de ocupación y permiso de construcción del hospital Panamá Solidario, ya que al tratarse de una obra de carácter temporal, se le dio tratamiento de seguridad contra incendios conforme a normas internacionales explicadas por funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Ante estos elementos recabados, la fiscal anticorrupción tomó la decisión fiscal de archivar la investigación contra la contratación y construcción del hospital Panamá Solidario, “toda vez que los hechos de conocimiento por el Ministerio Público no constituyen delito”.