Fiscalía avanza en investigación sobre supuesto abuso a menor

Un equipo multidisciplinario compuesto por fiscales, especialistas y peritos del Ministerio Público (MP) están reuniendo pruebas relacionadas con el presunto delito contra la libertad e integridad sexual de una diputada juvenil.

Este caso ha generado indignación y preocupación en la sociedad panameña, dado su impacto en un evento significativo para la vida política y educativa del país: la Asamblea Juvenil, que se desarrolló desde el 11 de septiembre y reunió a 142 estudiantes de todo el país.

La denuncia se presentó el 19 de septiembre, pero solo salió a la luz pública el 24 del mismo mes.

En un comunicado, el MP precisa que cumpliendo con los protocolos y la debida diligencia que exige la investigación del caso, han sido recopilados elementos relacionados con el tratamiento médico recibido por la víctima, la evaluación psicológica de la Unidad de Protección de Víctimas, la entrevista detallada recibida a la adolescente, a los médicos tratantes (psiquiatras y paidosiquiatras), al cuerpo docente presente durante el evento.

Así como al equipo auxiliar médico asignado, a los responsables de la seguridad del evento, y algunos de los diputados juveniles participantes.

Además se ha recolectado evidencia digital, practicado inspecciones oculares e incluso tuvo lugar la evaluación médico forense de la adolescente.

“Todas estas diligencias están encaminadas a preservar la evidencia y los datos jurídicamente relevantes, para determinar científicamente si el colapso sufrido por la adolescente está o no relacionado con la presunta comisión de un delito contra la libertad e integridad sexual”, aseguró el MP en el comunicado.

Simultáneamente, el Ministerio de Educación (Meduca), en un comunicado de prensa, solicitó conocer “lo más pronto posible el desenlace de la investigación que desarrolla el MP y que se definan las responsabilidades de lo que ocurrió”.

La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, se refirió a este asunto y señaló que “necesitamos conocer prontamente los resultados de la investigación y que las autoridades definan la responsabilidad de la supuesta situación y poder hacer valer la ley, que es lo más importante”.

La jefa de la cartera educativa agregó que “repudiamos todo acto que vulnere la condición de nuestros estudiantes menores de edad, inclusive mayores de edad. Hemos estado muy pendientes de esos temas”.

En el caso de Asamblea Juvenil, espacio en el que se denunció el hecho, son 27 docentes que fueron como tutores del evento (uno por cada circuito electoral) y alrededor de 40 agentes de seguridad, personal de coordinación de la Asamblea de Participación Ciudadana.

Los educadores que fueron parte de la actividad ya dieron sus declaraciones al MP, detalló el Meduca.

En paralelo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ha recordado la vigencia de las regulaciones y normativas destinadas a proteger los derechos de los niños y adolescentes en Panamá.

La Senniaf lamentó los hechos recientemente publicados sobre un supuesto delito contra la libertad y la integridad sexual.

La institución hizo del conocimiento público que están vigentes, sin perjuicio de otras, las regulaciones y normas en favor de los derechos de los niños y adolescentes.

El artículo 210 de la Ley 285 de 15 de febrero de 2022 establece que la violación de la confidencialidad del proceso será sancionado con multa de $1.000 a 5.000 al medio de comunicación social que publique o divulgue total o parcialmente, sin la debida autorización del juez o fiscal de la causa, el nombre o cualquier dato personal, familiar o de otra índole, imágenes, fotografías, actos o documentos que permitan la identificación del niño o adolescente que se encuentre involucrado o relacionado en un proceso judicial, administrativo o cualquier otra situación que vulnere sus derechos.

Esta sanción se extiende a la publicación, reproducción, exposición, venta o utilización, independientemente de sus fines, de imágenes o fotografías de niños y adolescentes para ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones y que sean de carácter delictivo o riñan con la moral y las buenas costumbres.

Esta sanción se mantiene aun cuando se cuente con autorización de los padres, tutores o guardadores del niño o adolescente, en cuyo caso ellos se harán acreedores a igual sanción.

La Senniaf instó a la comunidad en general, usuarios de redes sociales, medios de comunicación convencional y digital, familias y profesionales de distintas áreas, de abstenerse de divulgar los datos de niños y adolescentes que estén siendo objeto de un proceso en instancias judiciales, administrativas o de otra índole. En todo caso, presentar las quejas o planteamientos específicos ante las instancias correspondientes.