Fianza de cumplimiento, la otra preocupación de los ambientales por la mina de Donoso

La fianza de cumplimiento de la empresa Minera Panamá por la mina de cobre en Donoso, Colón, se suma a las inquietudes de los ambientalistas. El documento vence el próximo 7 de marzo y hasta el momento desconocen si el gobierno ha solicitado la renovación.

Esta y otras inquietudes fueron expuestas durante una conferencia del comité panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que la integra varias organizaciones no gubernamentales del país como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Fundación para la Protección del Mar (Promar), la Asociación Adopta Bosques Panamá (ADOPTA) y el Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA). Todas aglutinadas en el movimiento Panamá vale mas sin minería.

A pesar de que el próximo 7 de marzo vence la fianza de cumplimiento para el cierre, post cierre y causas imprevistas por la suma de $108 millones, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) o el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) han emitido resoluciones o instrucciones para hacer exigible la fianza, denunciaron los ambientalistas en la conferencia de prensa.

El gobierno debe exigir a la empresa Minera Panamá la renovación de la fianza de cumplimiento porque de lo contrario no habrá garantías para el cumplimiento del plan de cierre de la mina, explicó Joana Ábrego, abogada de CIAM.

Las organizaciones ambientales alertaron sobre “incumplimientos y omisiones” del gobierno sobre el proceso de cierre de la mina de cobre en Donoso, después de dos meses y medio del fallo de inconstitucionalidad contra la Ley 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Cuestionaron la ausencia de las auditorias necesarias y la fata de transparencia. En conferencia de prensa, como en el plan de acción del cierre de la mina, el gobierno prometió tomar decisiones responsables, inclusivas y participativas sobre el cierre de la mina, sin embargo, desde entonces la tónica ha sido una “extrema hermeticidad sobre el contenido de las medidas adoptadas con respecto al proyecto”. Los ambientalistas recordaron que el comité panameño de la UICN solicitó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el pasado 28 de diciembre, información sobre las disposiciones jurídicas, comunicaciones y acciones tomadas para el cierre de la mina, pero hasta la fecha no ha recibido repuesta.

Además cuestionaron que el plan de recuperación ambiental y abandono del proyecto fue presentado en el 2011 y nunca fue actualizado, como tampoco contiene medidas para el cierre inesperado del proyecto como lo exige la legislación ambiental.

La UICN también se quejó que el gobierno, a pesar de haber reconocido la urgencia de las auditorias y las medidas de preservación en el sitio no ha emitido órdenes específicas para qe estas se realicen y ha dejado a criterio de la empresa todas las decisiones y acciones del área.

“Las auditorias son fundamentales para complementar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y servir de base para la defensa del Estado de los arbitrajes anunciados por la empresa”, recalcó la organización ambiental.

Recordó que las medidas de preservación son impostergables para proteger a las comunidades y a la naturaleza del riesgo de deslave de la instalación de manejo de relave. El muro de contención de la instalación era constantemente reforzado con materiales extraídos del yacimiento que ya no se están generando por lo que las autoridades deben ordenar con qué materiales y procedimiento debe darse el mantenimiento necesario.

La organización ambiental se quejó, además, de que hasta el momento no se ha definido ningún mecanismo para la participación ciudadana en ninguna de las etapas estratégicas del plan de cierre dela mina.