Violencia doméstica, un fenómeno poco estudiado

El ‘Plan Nacional contra la Violencia Doméstica y Políticas de Convivencia Ciudadana', lanzado por el Estado panameño en 2004, debía ser implementado entre ese año y el 2014. Dicho escrito contemplaba como parte de sus objetivos la reducción en un 30% de los casos de violencia doméstica en todos los distritos de la República de Panamá, además de la creación de un Sistema Único de Registro y Análisis, los cuales, al día de hoy, están lejos de concretarse. Aunque el problema de la violencia doméstica ha adquirido mayor visibilidad en nuestra sociedad y se han logrado ciertos avances en esta materia, como la Ley 38 de 2001 o la ley que tipifica el femicidio y la violencia contra la mujer de 2013, las estadísticas del Ministerio Público evidencian que aún es un problema latente.

Así, entre 2007 y 2017 se reportaron en promedio unas 17,000 denuncias anuales por violencia doméstica, siendo su principal víctima la mujer. Para ilustrar esta última afirmación, en 2016, de acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, se reportaron 19,711 casos, de los cuales 9,423 aparecen tipificados dentro del artículo 200 del Código Penal. De esta última cifra, el 91% de los casos tiene como sujeto pasivo de la violencia doméstica a la mujer.

Elaine Bressan, psiquiatra forense y coordinadora nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), asegura que en el país estamos ‘bastante faltos de estudios sobre violencia doméstica'. Ello supone que nuestra comprensión del fenómeno de la violencia doméstica para el caso específico de Panamá tiene serias limitaciones, pues nos hace depender de estudios de casos particulares de otros países o de perspectivas muy generales que organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales producen.

Si bien estudios realizados en otras latitudes proporcionan una perspectiva base importante para abordar el problema, ante la ausencia de estudios que proporcionen datos específicos del contexto panameño, dichas perspectivas y sus compromisos teóricos e ideológicos se convierten en asunciones sugerentes cuya pertinencia situacional deviene indeterminable.

Investigadores-activistascomprometidos intelectual, política e ideológicamente con el tema de la violencia doméstica han realizado algunas investigaciones, como la de Urania Ungo, profesora de la Universidad de Panamá, titulada ‘Femicidio en Panamá 2000-2006', el cual ofrece algunas perspectivas sobre cómo entender, cómo se percibe y presenta el problema de la violencia doméstica en los medios de comunicación.

También está el trabajo de la psicóloga Kathina Melo, quien llevó a cabo la investigación ‘Estudio de la personalidad y efectos de la psicoterapia en dos casos de mujeres víctimas de violencia doméstica'. Sin embargo, ambos documentos tienen la limitación de enfocarse sólo en las víctimas, dejando de lado al agresor y algunos factores contextuales de los actores involucrados en los actos de abuso.

Como resultado, las políticas públicas establecidas por el Estado panameño carecen de un fundamento científico que exponga y examine a profundidad los factores que contribuyen a la aparición del abuso doméstico, afectando su efectividad.

RAÍZ DEL PROBLEMA, POR DETERMINAR

Y es que para caracterizar el problema de la violencia doméstica y plantear sus soluciones, como señala Bressan, es importante identificar los llamados ‘factores de riesgo', ya que cada manifestación de violencia doméstica tiene los propios.

‘Los datos o la obtención de información por sí sola no resuelven el problema, hay que hacer un análisis correlativo para examinar los hechos y las consecuencias posibles. Y esto, no se ha hecho de forma adecuada',

CARLOS SMITH

INSTITUTO DE SALUD MENTAL DE PANAMÁ

Estos ‘factores' se encuentran circunscritos específicamente a la relación de pareja, como muestra una escala diseñada en el País Vasco (España) brindada por la psiquiatra del IMLCF, uno de los documentos foráneos base para los modelos panameños con los que se evalúa la violencia doméstica. Cabe resaltar que dicha escala no pondera otras variables contextuales.

Uno de los factores de riesgo que aumenta las probabilidades de que ocurra el abuso doméstico (o la violencia en general), según la mencionada escala, es el consumo abusivo de alcohol y/o drogas. No obstante, el doctor Carlos Smith, del Instituto de Salud Mental de Panamá, aclaró a La Estrella de Panamá , que para el caso panameño hace falta un estudio que vincule el alcoholismo y drogadicción con los casos de violencia doméstica.

Una de las pocas investigaciones que hace esta vinculación es la realizada por Aida Selles de Palacios y Gabriel Gutiérrez, del Instituto de Criminología (IC), titulada ‘Origen y dinámica de la violencia intrafamiliar', que recoge estadísticas de casos de violencia doméstica entre 2009 y 2011 que revelan que los índices de abuso doméstico más altos tienen lugar los fines de semana, estando la mayoría de los casos reportados asociados al consumo de alcohol.

OTROS FACTORES DE RIESGO

La edad de las víctimas es un factor que debe ser considerado, según señala el estudio de Palacios y Gutiérrez apoyándose en cifras del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). Los autores señalan que, para el año 2012, el 78.5% de las mujeres víctimas de violencia doméstica tienen un rango de edad de 20 a 30 años. No obstante, según las propias cifras del Inamu, el rango de edad donde se presentaron la mayoría de los casos está entre los 30 a 44 años. Es decir, la investigación del IC presenta algunas conclusiones que no se desprenden de los datos que el propio estudio utiliza.

LA VIOLENCIA EN CIFRAS

La mujer es la principal víctima en estos casos:

Entre 2007 y 2017 se reportaron en promedio unas 17,000 denuncias anuales.

En 2016, según el MP, de 9,423 casos el 91% tiene como sujeto pasivo de la violencia a la mujer.

En tanto, el profesor de Economía de la UP Juan Jované establece que se debe considerar los factores económicos a la hora de tratar este fenómeno, como la desigualdad en el acceso al empleo e igual remuneración para el mismo trabajo, independientemente del género. Agrega el economista que las variables culturales no son independientes de la forma en que se insertan los diversos actores en el mercado laboral y en la economía en general, por lo que es importante tomar en cuenta otros factores al momento de comprender las causas de este fenómeno.

De acuerdo con Jované, el Informe de Pobreza Multidimensional de 2017 es un esfuerzo para comprender y tratar estos males, pero no es suficiente. En efecto, una ojeada a dicho documento revela que la variable de género no se encuentra contemplada.

DIVULGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Por su parte, la secretaria general del Inamu, Jacqueline Candanedo Cáceres, interpreta el aumento de las denuncias como el resultado de la labor que ha realizado su institución y otras organizaciones para empoderar a las mujeres.

Cáceres revela que desde el 2015 su institución ha establecido centros de atención en las diez provincias del país, así como en las comarcas Emberá y Ngäbe. Agrega que si bien no son una ‘entidad de denuncia', sí ayudan a las víctimas a reconocer si son objeto de violencia doméstica y les ofrecen orientación para que puedan poner la denuncia ante el Ministerio Público.

La experta también recuerda el esfuerzo conjunto que ha puesto en marcha el Comité Nacional contra la Violencia en las Mujeres, adscrito al Inamu, una entidad encargada de ofrecer asesoría, seguimiento y fiscalización de las políticas públicas en los casos de violencia que afecte a las mujeres.

Sin embargo, Cáceres reconoce que la actual legislación cuenta con falencias, como el hecho de que no existe un programa de intervención de salud para tratar al agresor, el cual suele ser sometido a medidas disciplinarias punitivas, en menoscabo de medidas de carácter terapéutico que podrían arrojar mayores detalles sobre las características, tanto psicológicas como socioeconómicas, de los actores involucrados en esta problemática.

A futuro es importante la realización de estudios en los que se exhiban no solo las características de los agresores y las víctimas, sino que tomen en consideración elementos demográficos como el estatus socioeconómico, grado de escolaridad, lugar de residencia y niveles de estrés a los que están sometidos los involucrados, entre otros. Sin duda, ello requerirá un esfuerzo coordinado de diversas instituciones que hasta ahora han trabajado de manera disgregante.