Farmacias demandarán ilegalidad del descuento de 30% en los medicamentos

La Unión Nacional dePropietarios de Farmacias (Unprofa), que aglutina a unas 450 negocios y emplea a 5 mil colaboradores, interpondrá ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, una demanda para que se declare ilegal el Decreto Nª 17 y la Resolución 82, que establecen un descuento de 30% a los medicamentos y que debe ser asumido por los laboratorios fabricantes, los distribuidores y las farmacias.

La acción, que será impulsada por abogados propietarios de farmacias, hoy, solicita que una vez admitida sean suspendidos los efectos del Decreto N° 17 y la Resolución 82. Así lo dio a conocer Orlando Pérez, presidente de Unprofa.

El pasado 10 de agosto, el presidente Laurentino Cortizo firmó el Decreto Ejecutivo que obligó a las farmacias a disminuir el precio de los medicamentos en un 30%, para  atender reclamos de la población por el alto precio de los fármacos.

La norma regula 159 moléculas de medicamentos —en las que pueden encontrarse hasta 12 diferentes marcas de ibuprofeno, andolipina, entre otros— que representarían unos 800 productos.

El 90% de los laboratorios fabricantes de medicamentos han mostrado indiferencia a la solicitud de las farmacias de efectuar el 30% de descuento al inventario existente previo a la implementación del Decreto Ejecutivo N° 17.

Pérez explicó que aunque en una reunión, los distribuidores habían reconocido que la respuesta de los laboratorios fabricantes había sido “más rápido de lo que esperaban”, las farmacias  no han recibido formalmente la confirmación de que se les aplicará el descuento del 30% al inventario previo a la implementación del Decreto N°17. “El proceso ha sido muy lento”, detalló el gremialista.

Hizo un llamado a los laboratorios fabricantes a agilizar el proceso y evitar que los pacientes se queden sin sus medicamentos.

Las farmacias están manteniendo en “cuarentena”, es decir, fuera de la venta al público los medicamentos de los fabricantes que no han respondido a los distribuidores si realizarán el descuento de 30% al inventario de las farmacias previo a la implementación de la norma gubernamental panameña.

Agregó que se estima que actualmente existe un inventario de $5 mil en medicamentos en cada una de las farmacias de la agrupación, que están fuera de la venta al público.

Los farmaceutas comprenden que la mayoría de los laboratorios fabricantes no tienen su sede en el país y que por esto puede haber retraso su respuesta. Pero temen que se produzca una desabastecimiento de medicinas.

Adicional al 30%, las farmacias están obligadas, por ley, a descontar un 20% extra a los jubilados.

Para aliviar las cargas de estos establecimientos, la semana pasada se aprobó que la Dirección General de Ingresos (DGI) encabece una subcomisión que defina las alternativas para que se les reconozca el descuento del 20% por ley otorgado a los jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Otra de las facilidades que se están otorgando a las farmacias es la posibilidad de poder importar de manera paralela los medicamentos.

La propuesta de reformas a la Ley 24 de 1963 fue presentada por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre y la directora de Farmacias y Drogas, Elvia Lau.

Las farmacias, sin embargo, enfrentan grandes desafíos para convertirse en importadores de medicamentos y abaratar los costos a los consumidores.

Las pequeñas farmacias no cuentan con los recursos para comprar grandes cantidades de medicamentos a loslaboratorios fabricantes.

“Nos toca organizarnos para comprar la cantidad que pidan los fabricantes; empezaremos un proceso de reorganización para importar en colectivo y poner un precio razonable de distribución y así llegue a las farmacias con precios accesibles para conservar la calidad y eficacia”, dijo Pérez.

Los distribuidores de medicamentos, sin embargo, temen que la importación paralela traiga consigo productos falsos y que los fabricantes de medicamentos de alta calidad abandonen el mercado panameño.

De acuerdo con una fuente del sector comercial, los fabricantes registran los productos, lo explican a las autoridades sanitarias y  a los médicos. Además, realizan estudios clínicos y recogen y destruyen los que están vencidos.  Pero, por otro lado, las autoridades dejarán que otros importadores no autorizados ni certificados por los laboratorios fabricantes introduzcan medicamentos de otras partes del mundo, que supuestamente  son  de las mismas marcas, pero cuyas ventas no pasan por sus subsidiarias.  Y, en caso de cualquier inconveniente, falta de calidad y seguridad, los laboratorios fabricantes no aceptarán que se les haga responsables.

Los laboratorios fabricantes, sin embargo, son responsables de las medicinas caras en Panamá.

La Estrella de Panamá determinó que los laboratorios fabricantes (Bayer, Sandoz, Mega Labs, Sanofi, Unilever, Abbott, Pfizer y Merck, por mencionar algunos), imponen los precios de los medicamentos a las casas distribuidoras que, a su vez, los venden a las farmacias privadas y al Estado, obteniendo márgenes de ganancias razonables.

Un medicamento que el laboratorio fabricante extranjero ofrece al distribuidor en $40.11, el distribuidor puede venderlo ala farmacia privada en $52.10, con un margen de ganancia aproximado de 23%.

Este porcentaje es sin los descuentos que los distribuidores realizan a las farmacias privadas que pueden oscilar entre 5% y 15%. La farmacia privada, a su vez, vende ese mismo medicamento a $71.75, lo que significa un margen de ganancia aproximado de 27%, a sabiendas de que puede modificarse por el descuento del 20% que reciben los jubilados y personas de la tercera edad. No obstante, ese mismo medicamento tiene un costo de $39.10 en las farmacias colombianas.