El delito no se denuncia por falta de confianza

El nivel de desconfianza de la población en las autoridades encargadas de prevenir, investigar los delitos, e impartir justicia ha motivado a la ciudadanía a tratar de resolver los conflictos por su propia vía y a no dar parte a las autoridades de los hechos delictivos.

‘La certeza del castigo es algo utópico, lejano para la víctima que considera que no hay garantía de que el culpable pueda ir a la cárcel o pague por la falta', expresa Severino Mejía exviceministro de Seguridad y coordinador del Observatorio de Amenazas Asimétricas de la Universidad de Panamá.

Es en la justicia donde debe estar la mano dura, dice el entrevistado, ‘en el sentido de que se tiene la idea de que la Policía es quien impone la mano dura -de hecho la tiene- pero en realidad es la justicia quien debe enviar un mensaje de certeza en el castigo, por eso es que la gente opta por no denunciar', dice.

Lo inquietante es que quienes se animan a dar parte a las autoridades del hecho delictivo salen descontentos.

La más reciente encuesta de victimización realizada por el Sistema Integral de Estadísticas Criminales (SIEC) publicada la semana pasada, indica que en todas las entidades a las que el ciudadano se acercó para denunciar, la mayoría no tuvo una experiencia satisfactoria: el 52% que se acercó al Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público salió insatisfecho después de haber puesto su denuncia, el 57% sintió lo mismo cuando salió del Juzgado Nocturno, el 64% cuando abandonó la Corregiduría, el 67% de la Dirección de Investigación Judicial y el 68% cuando se retiró de la Policía Nacional.

El sabor de boca que quedó en los denunciantes es que la autoridad ‘no hizo lo suficiente' 73%, o que no se interesaron en su problema 47%, que no encontraron o detuvieron al autor 33%.

En un Estado de Derecho, en la que la justicia, que debe ser el protector del ciudadano, no funciona o no cuenta con la confianza de la población es riesgoso.

‘El Estado está fallando', asegura Mejía.

La consecuencia de lo anterior se deja ver en el aumento de personas que se animan a usar la violencia ante una injusticia.

La encuesta de victimización del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio divulgada en marzo pasado, revela una tendencia alarmante.

El 76% de los encuestados dijo que utilizaría la violencia ante una injusticia. En el 2014, menos de la mitad de los encuestados (49%) dijeron que se animaría a emplear dicha medida. Si la familia está en riesgo un 67% estará dispuesto a hacer justicia por su propia forma, dos años antes a esta misma pregunta respondió afirmativamente el 43%.

‘Decir que la gente esté dispuesta a defender sus bienes es normal. Obviamente que el nivel delincuencial tiende a aumentar, todavía estamos a tiempo para recuperar el terreno', expresó el abogado y exdirector de la Policía Nacional Osvaldo Fernández.

Añade que el tema de la confianza en el gobierno va más allá de la seguridad. ‘Es salud, educación, es alarmante que 60 mil estudiantes de escuelas privadas migraron a escuelas públicas y que la vida sube de 3 o 4 veces, pero los servicios no mejoran a pesar del pago de impuestos', manifiesta Fernández.

En el 2013, el índice de victimización de ésta misma encuesta fue del 16%, y el 2010 fue 10%. Es decir, en un período de 4 años, el nivel de victimización aumentó en 90%.

A esto podemos añadir otro ingrediente. El Segundo Tribunal de Justicia reveló que en el 2016, de 166 casos penales ocurridos en el primer Distrito, solo 43 veredictos fueron condenatorios (con jurado). El resto, 119 absolutorios. Un año antes las cosas no eran muy distintas, de 115 casos, solo 21 recibieron condena, y luego, en 92 casos los responsables fueron absueltos.

CENTRALIZAR CIFRAS

La planificación de políticas públicas requiere de un sistema científico de datos comparables con los años.

‘Hay muchos elementos que nos indican que quien debe llevar estos conteos es una sola organización, pero en este país todo mundo quiere hacer su propia república y nos encontramos que a la hora de hacer planes y análisis los números son tan diferentes que los organismos internacionales no saben en qué confiar', indica Severino Mejía.

El criterio de Mejía es que el SIEC debe ser el encargado de aglutinar la información que recogen las corregidurías, la Policía, el Ministerio Público y Medicina Legal. ‘Centralizarlo sería lo más óptimo para hacer comparaciones y no encontrarnos al final del día con un abanico de cifras que producen confusión', exclama.

Lo que provoca esta diversidad de números es que al hacer una evaluación científica quien la realiza no tiene claro qué datos son los reales.

Luego, los números se enfrentan a otro factor: el político, que inevitablemente se mezcla con la seguridad.

‘A los gobiernos de turno no les conviene que las cifras delincuenciales se disparen, y una forma de atenuarlas es disimularlas de acuerdo al criterio de quien esté de turno', refiere Mejía.

Un claro ejemplo de lo anterior es el manejo que han dado a las cifras de delitos de alto impacto los ministros de seguridad en turno.

En el 2014, la cifra oficial registrada en este renglón fue de 65 mil delitos.

El Ministerio de Seguridad (Minseg) reportó que en el año 2016 se registraron 35 mil faltas de esa naturaleza, como hurto, robo con violencia, disparo con arma de fuego, riñas, homicidios empleando arma blanca, violencia doméstica y lesiones personales, entre las que más afectan a la ciudadanía.

Lo curioso es que en una entrevista que concedió a este diario el actual viceministro de Seguridad no logró explicar las razones por las que hubo una disminución de 30 mil delitos en esta administración.

Las cifras contrastan dramáticamente con la encuesta de victimización, que reflejan que (entre julio de 2015 y junio de 2016), 630,739 personas fueron víctimas de un delito. De ellas, el 85.8% no lo denunció a la autoridad. Pero el resto, es decir, 81 mil delitos sí lo hicieron, sin embargo, esa cantidad no se refleja en las cifras oficiales.

La reciente encuesta efectuada por el Ministerio de Seguridad y el SIEC, debe ser una herramienta científica para empezar a implementar políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que tengan como blanco prevenir el delito.

AMENAZAS

Crimen organizado, el mayor generador de violencia

Panamá, por su cercanía geográfica con Colombia, no solo es la boca del embudo del gran exportador de droga hacia Estados Unidos, sino que es un punto estratégico de reexportación primaria que mueve la droga proveniente de Colombia vía Centroamérica, México y detino final Estados Unidos.

Severino Mejía, coordinador del Observatorio de Amenazas Asimétricas de la Universidad de Panamá, habla con propiedad sobre el tema. Considera que el principal generador de violencia en el país es el crimen organizado. Un ejemplo claro lo refleja el triángulo del norte, conformado por Honduras, El Salvador y Guatemala quienes se pelean el deshonroso primer lugar en mayor número de asesinatos. Crímenes motivados por la presencia de organizaciones narcotraficantes extranjeras como el cartel de Sinaloa y los Zetas que han convertido a los países en mención en sus bases operativas en la región.

Mejía añade que las oportunidades que representan las debilidades institucionales y la capacidad de corromper a las autoridades, ha propiciado que estas organizaciones operen con total impunidad.

Las elevadas tasas de homicidios en algunos países de Latinoamérica se deben, según el profesor Mejía, a dos factores: la historia de violencia que ha marcado a los últimos 15 a 20 años y, en segundo lugar, la combinación del crimen organizado y del crimen común.

‘Aún cuando las cifras de homicidios en Panamá reflejan una tendencia a la baja, no significa que la violencia per se haya disminuido, todo lo contrario, es mucho mayor producto de los intereses que están en el medio y cuyas controversias no se dilucidan ante una árbitro o juez sino por conducto de la fuerza letal, claro mensaje de una fuerza poderosa, capaz de todo para asegurar su predominio control territorial', concluye Mejía.