Extractivismo Minero, Explosión Popular y Conciencia Social

Introducción: Estructura y superestructura para entender la explosión popular

Luego que la Corte Suprema de Justicia declaró “Inconstitucional toda la ley 406”, las luchas sociales siguen fluyendo, ahora bajo una especie de calma relativa, que ofrece estabilidad política al sistema social. Empero, desde la perspectiva histórica social crítica, hay lecciones que merecen hacerse conscientes, luego de la reciente explosión popular experimentada a propósito de la actividad minera metálica de cielo abierto. Discutiré aquí dos de esas enseñanzas.

Lección 1:

El extractivismo minero opera bajo el modelo colonial/racista

A nivel mundial, los grupos sociales provenientes de las colonias o excolonias son considerados de menor jerarquía que las que provienen de las metrópolis, aún de sus propias clases subalternas. Esta jerarquización auténticamente racista utiliza argumentos de todo tipo, no solamente el del color de la piel, sino el sexo de las personas, el origen social y hasta su identidad nacional.

De aquí se comprende por qué en América Latina las empresas extractivistas no cumplen con las normas establecidas en nuestros países, ni siquiera del respeto de nuestras soberanías, tal como sí lo hacen en sus metrópolis. Es por eso por lo que la Minera Panamá se dio el lujo de extraer nuestros minerales, y repartir ganancias por casi tres mil millones de dólares en el último trienio y no aportar ni un centavo a nuestro tesoro público. Igualmente, mentirnos en que contrataba a siete mil empleados panameños, cuando las cifras oficiales no dan para sustentar ni la mitad de tal cuantía; las evidencias apuntan a la contratación de contingentes provenientes de países orientales.

La fracción de clase (pro) minera (Ver Esquema 1), se ha revelado entre las mayores portadoras del modelo colonial/racista. Así, no admiten que los representantes de las clases subalternas hagan presencia activa en el organismo que se encargue de darle control y seguimiento al proceso de cierre de la mina.

Lección 2:

Las clases relacionadas en el mismo campo de la estructura extractivista muestran conductas con mayores niveles de consciencia que el resto de las clases o fracciones de clase.

Alrededor del año 1997, el Frente Santeño se opone con movilización popular, al proyecto minero de Cerro Quema entre los distritos de Tonosí y Macaracas. Diez años después, los distritos de Soná y Las Palmas son escenario. de acciones de “calle” contra la concesión dada a una minera metálica: Una marcha de más de mil personas y el “cierre” de la entrada al poblado. El Consejo Municipal de Soná, emitió el Acuerdo número 41 de 10 de agosto de 2007, que declara al distrito: “Territorio libre de exploración y explotación de minerales, basado en que esta es una región de interés social, económico, ecológico y turístico”.

Igual hicieron los del distrito de Las Palmas. Las protestas masivas, obligaron a que el viceministro del MICI del gobierno “perredista” de la época, firmara un acuerdo en el que el gobierno se comprometía a suspender la concesión, a esto sobrevino su incumplimiento poco después. (https://mapa.conflictosmineros.net). Cabe agregar, que el diputado de este circuito electoral propuso un proyecto de ley en el mismo tenor que el de sus coterráneos sonaeños, aunque no prosperó.

En estos mismos días, indígenas manifestaron su rechazo contra los proyectos mineros que se pretendían realizar en Cerro Pelado (Comarca Ngabe-Buglé). El 21 de agosto de 2007, los miembros del Comité en Contra de las Exploraciones Mineras del distrito de Soná, en la provincia de Veraguas y el de Petaquilla, de Colón, se concentraron junto con la representación de pueblos originarios en las instalaciones de la escuela de la comunidad de Viguí (https://burica.wordpress.com/).

En el año 2008, pequeños productores agrarios agrupados en organizaciones ambientalistas, junto a unos mil indígenas Ngabes, realizaron una protesta en Chiriquí oriente. En el año 2010 y 2011, son conocidos los enfrentamientos entre estos grupos originarios y la administración Martinelli, por idénticas razones: Rechazo al extractivismo minero en todas sus formas.

Los hechos sociológicos

Se deduce de lo antes descrito, varios hechos sociológicos. En primer término, la explosión social que se dio con el tema del contrato ley minero contaba con una acumulación de acciones legales y manifestaciones públicas desatendidas por los gobiernos de toda la década de 1990 hasta fecha reciente. ¿Se esperaba que nunca fueran a reaccionar de la manera que lo hicieron este año? Nótese que ya los grupos de Azuero, Veraguas y Chiriquí estaban “duchos” en acciones de cierres, en los mismos sitios donde lo hicieron este año.

En segundo lugar, en todos estos casos se ha tratado de dos sectores de la clase productora agraria, sean de la pequeña y mediana propiedad campesina o parcelaria, sea de la pequeña producción campesina de propiedades comarcales. Los representantes de corregimientos que declararon a Soná y Las Palmas, “libres de minería metálica”, eran de partidos diversos, pero la clase social les es común.

El diputado que aun siendo en ese momento del partido de Martinelli—quien es parte de la fracción empresarial que apuesta por la megaminería—, así como los agrupados en las asociaciones ambientalistas y los integrantes de la coordinadora campesina (muchos de ellos posteriormente parte de los “guerreros del mar” o “lancheros de Donoso”) de distritos vecinos de Minera Panamá, les es común su pertenencia a la clase que entra directamente en relación material con los empresarios extractivistas, donde la lucha por el agua y la posesión territorial agraria marcan las contradicciones más crudas.

Cuadro 1. Sectores y fracciones de clases sociales intervinientes en la coyuntura octubre-noviembre 2023

Fuente: Elaboración del autor, 2023.

A manera de conclusión:

Niveles de conciencia social

Así, teniendo de referencia el Esquema 1, aparte de los asalariados organizados en SUNTRACS y en el Sindicato minero (STM) de Convergencia sindical, de los(as) líderes(as) de todos los niveles de las asociaciones magisteriales y de sindicatos de Asalariados de empresas privadas, pocos tenían más clara la visión de la lucha que los pequeños productores agrarios parcelarios no indígenas y propietarios agrarios y jornaleros Ngabes.

Mientras todos estos plantean su lucha por la erradicación de la actividad minera metálica en Panamá, el resto de las clases subalternas, incluyendo cierta parte de sus intelectuales pertenecientes a las capas medias, dirigieron sus golpes al contrato minero. Prácticamente son los mismos que pretenden que el movimiento agote sus energías en el ataque a los intelectuales títeres, es decir, al servicio de las fracciones de clases por mineras, en vez de luchar contra estas, que son realmente los titiriteros en esta coyuntura. La tarea de darle a los títeres una lección política y judicial no se niega; pero para esto no hay que desgastar al movimiento.

¿Qué otros sectores o fracciones de clases estuvieron involucradas en esta coyuntura además de los mencionados? La fracción de la clase dominante que no ve en la megaminería su propio desarrollo, con voceros que en la coyuntura se pusieron convenientemente del lado de las clases subalternas. No obstante, se trata de la fracción con mayor poder en el bloque histórico de dominación, lo que dio cierto margen a una leve fisura en el bloque histórico, resuelta favorablemente para este por sus intelectuales en la Corte Suprema de Justicia (Ver Esquema 1).

El autor es Sociólogo. Académico e investigador de la Universidad de Panamá.