La democracia delegativa como orden político del transitismo extractivista

Un reciente informe del Banco Mundial destaca lo siguiente: “Panamá es un país pequeño de unos 4,4 millones habitantes que se ha beneficiado de un crecimiento económico constante, pero la pobreza y la desigualdad de ingresos han sido persistentes, afectando en mayor proporción a los territorios indígenas, rurales y a las poblaciones afro panameñas”. Y agregamos también, aquellos sectores sociales poblacionales que cubren las vastas áreas de la marginalidad urbana nacional (Panorama General del BM: 04/10/23).

Parece difícil explicar, pese a las ventajas comparativas (posición geográfica) y competitivas (plataforma de servicios trasnacionales) de este país, cómo puede ser tan desigual, social y regionalmente. Esta paradoja entre crecimiento y desigualdad se puede ilustrar, entre otras, desde las dos provincias que constituyen el corazón del transitismo histórico, y que concentran aproximadamente el 86.6% de todo el PIB nacional. Panamá: 68.8% y Colón:17.8%.

A su vez, dos de sus principales ciudades, más el distrito de San Miguelito, aglutinan aproximadamente el 74% de la población de la República al 2020. Qué decir de la tasa de informalidad cercana al 50% aprox. en el país, que equivale a 737,922 trabajadores de una PEA de 1,533,373 (excluye al sector agrícola)

Distinguir la génesis estructural de un problema —la modalidad de crecimiento—, de las consecuencias sociales del mismo, es clave para entender el desajuste económico y político que tenemos. Esto se observa, como hemos ilustrado, en la fuerte fractura que el crecimiento transitista ha producido en el país. “Transitismo” que, como rasgo estructural, es una modalidad de organización económico social histórica, con predominancia comercial y financiera, orientada a la exportación de bienes y servicios.

Esta forma de organización económica ha servido y sirve, como un complemento dependiente de diferentes intereses económicos de carácter trasnacional. Sin embargo, en esta etapa de “reprimarizacion” de la globalización neoliberal (estímulos a actividades agrícolas, mineras y forestales), el extractivismo en acoplamiento a la forma transitista de la economía, funciona como una actividad que profundiza de forma ampliada la acumulación y transferencia al exterior recursos y capitales; a la par que desplaza comunidades y arrasa con bosques y riquezas naturales.

Según Gudynas (biólogo Uruguay) el extractivismo consta de cuatro etapas. “Primera, la colonial con gran dependencia de las metrópolis. La segunda con la aparición de maquinaria industrial básica (finales del XVIII, XIX y principios del XX). Una tercera fase de megaminería basada en el avance tecnológico y desarrollo de los productos químicos con gran consumo de energía, y una última fase de esquilmación ilimitada de la tierra para obtener la apropiación deseada”. (Gudynas, E.:2014).

Acorde con lo anterior está la actual institucionalidad política, que emerge de la invasión militar del 89. Institucionalidad que es parte del conflicto político de hoy. Este conflicto que fractura las posibilidades de participación ciudadana solo es posible analizarlo en la relación de sus tres componentes:

el régimen político de carácter presidencialista;

el sistema de partidos, como una red que unifica a una burocracia política parasitaria;

una cultura política fundada en el clientelismo y la corrupción.

Estos atributos definen lo que Guillermo O'Donnell (politólogo argentino) denomina “democracias delegativas”. Democracias que se caracterizan por una restricción del espacio público; negación y manipulación persistente del Estado de Derecho; y una maraña de tecnicismos que hacen casi imposible demandar transparencia y rendición de cuentas. Es la relación “presidencialismo—partidocracia—clientelismo”, como vínculo político primordial entre Estado-sociedad, la que configura el obstáculo fundamental de la participación plena entre los ciudadanos y el Estado.

Este bloque de poder conservador en lo político, y neoliberal en lo económico –restaurado por la invasión norteamericana de 1989—, descansa en un sistema político organizado por un régimen político de partidos, cuya burocracia política tiene como estrategia fundamental, administrar: el transitismo económico, el parasitismo político forjado y administrado por un sistema de corrupción y clientela generalizada; y a una cooptada base social popular.

Es importante tener claridad, que la naturaleza de las distintas formas estatales en América Latina se constituye, a partir del carácter de las relaciones que asumen con la matriz económica, según cada sociedad. Es esta relación que hace visible la esencia de los distintos bloques de poder, la que determina según cada caso histórico, el orden político; y las formas de resolución de las contradicciones políticas, sociales y económicas.

El carácter del bloque de poder en Panamá hay que encontrarlos en la matriz transitista de una economía de servicios, subordinada a estímulos de la inversión privada extranjera; también, en el papel del Estado posinvasión cuyas políticas neoliberales de 30 años han configurado una cultura estatal en las políticas públicas de intervención focalizada, diseñadas para la contención de la pobreza y la desigualdad creciente.

Desde la perspectiva histórica, nuestro historiador Ricaurte Soler sostenía, que, en la dialéctica de las clases sociales, una clase dominante en lo económico-social y hegemónica en lo político, podía actuar como clase nacional, en una etapa del complejo proceso de construcción estatal nacional; y funcionar en el papel de clase antinacional, en una etapa posterior. Esta última condición ha sido tendencialmente, el caso de nuestra burguesía comercial y financiera desde la construcción de la República hasta nuestros días, si es que podemos extremar el análisis, y considerarla como clase nacional en 1903.

Sin embargo, este Bloque de Poder que se ha beneficiado de manera concentrada y excluyente de la condición transitista de país, ha sido incapaz de diversificar la economía en actividades productivas que generen integración regional. Bloque de poder que a la par de medrar históricamente de las ventajas comparativas geográficas del país; también sirvió, de plataforma social a una división del trabajo internacional que construyó, la hiper- especialización comercial y financiera de nuestra economía.

La economía transitista como rasgo estructural, está en la base de la desigualdad social y la informalidad extrema que se padece el país, pese a tasas de crecimiento en alza. Sin embargo, funciona como complemento al orden económico social, el bloque histórico de poder constituido por alianzas entre clases y grupos sociales.

Este Bloque de poder histórico articula a las fracciones organizadas de la clase comercial financiera oligopólica y dominante (cámaras empresariales); a sectores subordinados en actividades de dirección y soporte administrativo de naturaleza tecnocrática y profesional; y a un componente social popular, concentrado en actividades manuales de carácter formal e informal, mayormente empobrecido y despolitizado.

Sin embargo, todo lo anterior sería nada como orden dominante, si no se sirve de tres soportes esenciales: el régimen presidencialista; el sistema político de aparatos de partidos; y una degradada cultura política, como elementos cruciales en la edificación y funcionamiento de una democracia delegativa, que sirve al dominio y perpetuación del bloque de poder dominante.

La fuerte polarización que el transitismo-extractivismo ha generado en la sociedad panameña –al igual que el estallido social de julio del 22 –, tienen extrema importancia analítica. Ya que ponen en evidencia, la naturaleza de los factores de exclusión social y política que padece la ciudadanía, a la hora de participar y tomar decisiones cruciales para la convivencia y futuro del país.

El autor es sociólogo. Docente e investigador de la Universidad de Panamá.

Pensamiento Social (PESOC) está conformado por un grupo de profesionales de las Ciencias Sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.