Ex contralor Federico Humbert, a audiencia penal por presunto abuso de autoridad

El excontralor de la República, Federico Humbert deberá comparecer este 2 de junio al Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, a la audiencia de afectación de derechos, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público en perjuicio del empresario Mario Martinelli.

La audiencia fue reprogramada para el 2 de junio debido a que el pasado martes 24 de mayo se suspendió el acto penal ya que el abogado, Carlos Muñoz Pope, apoderado de Humbert, no recibió de forma efectiva la notificación judicial. 

Humbert, junto a su apoderado legal, deberán asistir a la sala 5 del Sistema Penal Acusatorio para responder a la querella penal interpuesta por el abogado Iván Castillo, quien alega que el exfuncionario durante su gestión suspendió de forma arbitraria los pagos de subsidios a unas sociedades que eran propiedad de Martinelli.

Castillo explicó que su cliente había solicitado el reconocimiento del subsidio contenido en la Ley 107 de noviembre de 2013, pero que ese derecho fue desconocido por el entonces contralor, quien acusó a su representado de incurrir en un presunto peculado.  

Según Castillo, la Ley 107 buscaba apoyar al productor de arroz con un incentivo de dos balboas a quien generara una producción de 100 quintales, porque se requería contar con una seguridad alimentaria.

“Arbitrariamente (Humbert) lo vinculó a un delito. Cuando Tole Rice Land Co, propiedad de Mario Martinelli, solo hizo solicitar el reconocimiento dispuesto en la ley, pero que el entonces contralor Humbert había alegado que la petición estaría vinculada a la venta de arroz pilado. Mal podría vender ese arroz que no estaba pilado al gobierno. Ahí estriba la arbitrariedad”, enfatizó Castillo.

Agregó que la decisión del ex contralor afectó los intereses de su cliente y que eso será demostrado en derecho durante la audiencia penal que se celebrará en la sala de audiencia del Sistema Penal Acusatorio.

El jurista también cuestionó al Ministerio Público por sostener que este caso prescribió, y planteó que esa institución debe conocer que en situaciones donde se afectan los intereses del Estado la acción penal es imprescriptible. "Se afectó al Estado y a mi representado", dijo Castillo.