¿Es el estallido social de noviembre 23, un antes y un después para el 2024?

La política construye y desarrolla relaciones institucionales de poder. También constituye relaciones sociales mediante las cuales se intenta incidir o modificar estructuras dominantes de poder. Sin embargo, serán la prácticas político-culturales como acciones del orden político dominante, y las de los movimientos sociales, las que se enfrentaron en “noviembre 23”, generando un espacio antagónico de relaciones de fuerza. Campo de conflicto que construye una gravísima fractura que disloca la relación de organicidad, entre la gestión y comunicación del orden político existente, y la sociedad civil.

Una primera caracterización de la coyuntura “noviembre 23” es la gravísima pérdida de conducción política por parte del gobierno del presidente Nito Cortizo. Pérdida de conducción, por cuanto se produce un quiebre de credibilidad entre el gobierno y la sociedad (civil); disminución del ascendiente de legitimidad, frente a un descrédito casi irreparable. Además de una fuerte reducción en su capacidad de maniobra política frente al estallido social. Todos los activos de un gobierno en caída.

Esta desacumulación en márgenes o límites críticos, es lo que en cierta tradición politológica se puede denominar, como una crisis en la “dirección intelectual y moral de la sociedad”. Estamos hablando de una pérdida del consentimiento que la ciudadanía les entrega a los gobernantes para ejercer un mandato en nombre del “pueblo”. Esta desafección seguirá alcanzando y profundizando la imagen crítica de las instituciones del dominio político. Especialmente las que el régimen presidencialista—ejecutivo y asamblea legislativa—, tienen frente a segmentos importantes de la sociedad civil.

También importa en la coyuntura, el frontal asedio que de manera masiva diversos actores y regiones realizaron, contra un conjunto de prácticas políticas “naturalizadas” por el régimen presidencialista y su bloque orgánico de poder. Prácticas institucionales que de forma laboriosa han construido por 30 años, en torno a una institucionalidad de corrupción e impunidad.

El 2023 es un año prelectoral que desborda en hechos y acontecimientos, y definen un perfil de prácticas políticas marcadas por el clientelismo y la corrupción. Estas tienen a su vez como características, el ser realizadas en negación a las buenas prácticas institucionales, en abierta desvergüenza e impunidad. Entre muchos acontecimientos que caracterizan la tendencia 2023, destacan entre otros:

-La inclusión de dos expresidentes dentro de una lista en EE. UU. como corruptos significativos;

-La aprobación de una ley de incentivos turísticos que benefician con exoneraciones a un sector empresarial turístico e inmobiliario;

-auxilios económicos del IFARHU (74.7 millones) a hijos y familiares de prominentes figuras de la burocracia política y alianza del gobierno;

-detección de la desaparición de 19 mil dosis de fentanilo en la Caja Seguro Social, 5 meses después;

-el asesinato del presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, y temas de narcopolítica;

-desembolsos millonarios al 62% de juntas comunales del PRD, de la denominada “descentralización paralela”;

-desembolso en cuatro meses por parte del gobierno de 5 millones de balboas en propaganda, a 226 comentaristas para promover acciones de gobierno y bondades de la actividad minera;

-20 octubre, diputados aprueban contrato minero en 72 horas. Cortizo la sanciona y sale en Gaceta oficial, pese a que el Procurador de la administración habría advertido sobre inconstitucionalidad del contrato; y MICI pidió que se reservara sus opiniones;

-28 noviembre, Corte declara inconstitucional contrato minero.

-Una gravísima pérdida de conducción política por parte del gobierno del presidente Nito Cortizo. Pérdida de conducción por cuanto se ha producido un quiebre de credibilidad entre el gobierno y la sociedad (civil), una pérdida de legitimidad. Por ende, una fuerte reducción en su capacidad de maniobras políticas frente a una sociedad civil movilizada

-Un quiebre en el dominio político cultural hegemónico, que ha puesto en la primera línea de las movilizaciones sociales las banderas de la defensa del medio ambiente; y a la ecología y a la integridad territorial, como orientación política.

Si no fuera por “noviembre 23”, el gobierno de Cortizo se hubiera hundido en la irrelevancia política. Sin embargo, por ser un año de “extremos políticos”, es que es imposible eludir su inexistencia. El 2023 se distingue por el encadenamiento de acciones de clientelismo y corrupción abierta, brevemente arriba reseñados; y la acción colectiva de masas que durante poco más de un mes, movilizó a segmentos estratégicos de la sociedad panameña contra la corrupción y el enclave minero.

El estallido social movilizó primero frente al contrato, una combinación variable de acciones contra la minera. Escalando finalmente contra la minería como herramienta enajenante de crecimiento económico. Sin embargo, es la masiva movilización en asedio al orden político que comanda el bloque comercial financiero, más la burocracia política del gobierno y de partidos al ejecutar una acción abiertamente antinacional, la que abre una crisis orgánica de proporciones y saca al gobierno de Cortizo de su irrelevancia política.

No se pude comprender la coyuntura de noviembre 23, si no se visibiliza la emergencia de nuevos actores sociales, que más allá del mundo del trabajo, de las comunidades, de los pueblos originarios y de los campesinos productores, se movilizaron por la defensa del territorio y del entorno ecológico. Actores que ocuparon espacios públicos con características masivas. Estos nuevos actores constituidos en heterogéneos movimientos sociales, que desde la sociedad civil asediaron de manera enérgica el orden político, expresan la emergencia de nuevos actores sociales: jóvenes, ambientalistas, comunidades organizadas.

La crisis de dirección política del orden dominante tiene su contraparte: la existencia de una multiplicidad de conducciones de la política en la cual emergen una pluralidad de actores que ocupan un espacio político al descubierto de la sociedad civil. Constituyen una multiplicidad de actores en la que se yuxtaponen distintos intereses, malestares y hartazgos.

Lo que se nos presenta como evidente en esta eclosión social de grandes magnitudes, es la articulación que tiene la cuestión ecológico-ambiental, con la cuestión nacional a través de la integridad y la defensa los recursos naturales de la nación. Ese es el eje principal y transversal, que atraviesa otras problemáticas más particulares (empleo decente, servicios básicos, exclusión social y regional, conectividad, etc.), pero que se sienten representadas en este eje de ecología y nación.

1. No se pude discernir la actual coyuntura, si el análisis no escala en la caracterización de los rasgos que organizan la estructura transitista de la formación económico social panameña.

2. La desigualdad social, marginalidad y exclusión, implican grandes agravios a la vida política, social, cultural y biológica de quienes la padecen.

3. Los agravios solo son soportables, si están mediados por una cultura conformista que transciende a las diversas colectividades, como concepción dominante y hegemónica. Hace crisis como concepción ideológica, cuando es incapaz de legitimar fuertes contradicciones y exclusiones.

4. La institucionalidad del régimen presidencialista y demás componentes del orden político, pese a las grandes deficiencias estructurales en la gestión política (corrupción—clientelismo), pueden todavía procesar y contener conflictos hasta el “límite de la estabilidad social”.

5. Lo anterior puede generar la falsa conciencia que es posible ejercer el poder con más de lo mismo, y de espaldas a las necesidades del país. Será entonces una gestión política en los límites de otro estallido social.

El autor es Sociólogo. Académico de la Universidad de Panamá