Ascensos a civiles en entes policiales

El ministro de Seguridad Pública designado, Rodolfo Aguilera, deberá investigar los últimos ascensos en el Sistema de Protección Institucional (SPI) y la Policía Nacional (PN).

‘Nombraron a empleados de Ricamar (empresa propiedad del presidente de la República, Ricardo Martinelli), como subalternos en el SPI, y ahora son mayores’, señala Severino Mejía, exviceministro de Gobierno.

Situaciones similares ocurrieron en el Ministerio de Seguridad Pública.

Mejía citó que el ministro de esta cartera, José Raúl Mulino, tiene dos choferes, civiles, que ahora ostentan los rangos de mayor y subcomisionado.

‘Esto debe llamar la atención. En los últimos 23 años, ningún gobierno se tomó la tarea de nombrar amigos que no pasaron por formación de academia ni cumplían con los requisitos para desempeñar estas funciones’, agregó.

El también docente universitario mencionó que hay uniformados que han escalado en poco tiempo, dos años, cuando regularmente este proceso tarda cinco años y depende, entre otros requisitos, de cursos y de la antigüedad.

‘Escalar en rangos en la Fuerza Pública lleva una serie de requisitos. Es una falta de respeto nombrar y luego asignar un rango para que esas personas se jubilen con esos salarios.

Este exabrupto’, recomienda el exmilitar Mejía, lo debe investigar una comisión interna en estas instituciones.

Si la investigación concluye en que no tenían los méritos para recibir estos ascensos, a las unidades promovidas se les devuelve a sus posiciones anteriores. A los civiles se les quita el rango que se les otorgó, concluye Mejía.

Oswaldo Fernández, exdirector de la PN, explicó que los ascensos se contemplan en dos disposiciones: la Ley 18 de 1997 y el reglamento de la institución.

La Ley dispone que una comisión de evaluación tendrá la tarea de decidir estas promociones.

La normativa legal, subraya Fernández, faculta al presidente y ministro a ascender a los uniformados.