Empresarios piden a las autoridades proteger propiedad privada en Coclé

Empresarios de la provincia de Coclé urgen a las autoridades a proteger sus inversiones.

El esfuerzo de estos emprendedores está siendo afectado, por “la actitud de algunos residentes de Río Hato, que se han dado a la tarea de hurtar tanto los plantones de limón persa, como las crías de cabra, materiales e insumos, utilizados en las granjas”, detallan.

En respuesta a estos actos, los inversionistas han enviado sendas notas con denuncias tanto al alcalde de Antón, Erick Domínguez, como a la jueza de Paz de Río Hato, Elizabeth Jiménez, la subcomisionada Liliana López, jefa de la zona policial de Coclé, inclusive al diputado Melchor Herrera. A la fecha y, pese a las múltiples quejas, no han recibido respuesta. Alegan que siguen siendo “víctimas de actos hostiles, hurtos e invasión de la propiedad privada”.

Los afectados son empresarios que adquirieron 33 hectáreas de terreno en Río Hato con el propósito de desarrollar proyectos agrícolas como la siembra de limón persa, un producto muy cotizado tanto a nivel nacional como internacional, también el desarrollo de pequeñas granjas para criar ganado caprino.

Tienen, también la intención de hacer producir la tierra y crear empleos que beneficien a la comunidad, y es por eso por lo que desde hace más de nueve años titularon las tierras en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), y se han dedicado a desarrollarlas. No obstante, denuncian que son víctimas de vandalismo, acoso y hurto, pero sobre todo se quejan de la indiferencia de las autoridades que están llamadas a garantizar la propiedad privada y los bienes de los ciudadanos.

En una reciente nota, firmada por los ciudadanos Moosa Rawat e Irma Chong, en representación del grupo, se quejan de las constantes anomalías que se vienen suscitando en su propiedad.

El empresario Aram Cisneros, al igual que sus colegas, insiste que se respete la zona.

Cisneros cuestiona la inacción de la jueza de Paz y pide control para que no se sigan “cometiendo delitos contra el medio ambiente, por extracción ilegal de arena de la quebrada Guabino”.