Defensoría abre dos quejas por caso de isla Boná

La Defensoría del Pueblo abrió dos quejas administrativas relacionados con el proyecto petroterminal en isla Boná, que pertenece al Municipio de Taboga, en el golfo de Panamá. La entidad se une, además, a las voces que piden a la Asamblea Nacional aprobar el proyecto de ley que crea la zona como área protegida.

La primera queja, abierta el pasado 11 de abril, es de oficio en contra de la Alcaldía de Taboga por la posible vulneración al derecho a un ambiente sano y la segunda es contra el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) por la posible violación al derecho de petición.

“La Defensoría se encuentra atenta frente a los acontecimientos relativos al proyecto para la construcción de una petroterminal en isla Boná, (...) debido a que la misma pudiese constituir una amenaza al derecho humano a un ambiente sano de las comunidades potencialmente afectadas”, consideró la entidad en un comunicado.

En la nota de prensa, agrega, que es “evidente el desconocimiento del derecho de petición” ante la falta de repuesta a una solicitud formal presentada por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) el pasado 1 de marzo de 2019 al MiAmbiente.

La Defenosoría “está vigilante” que los principios de transparencia en la gestión pública y acceso a la información se respeten durante todo el proceso, señala la nota.

La entidad también consideró la necesidad de que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley que declara a isla Boná como área protegida, en la categoría de Refugio de Vida Silvestre, para que se cumpla con la garantía constitucional de prevenir la contaminación del ambiente, mantener el equilibrio ecológico y evitar la destrucción del ecosistemas.

La Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional prohijó, el pasado martes, el proyecto de ley que crea el área protegida. A pesar de que los diputados se comprometieron a discutir el proyecto en primer debate al día siguiente, es decir ayer miércoles, no se incluyó en la agenda y solo quedan tres días de sesiones ordinarias.

Sin embargo, los ambientalistas no se quedarán con los brazos cruzados. Hoy tienen previsto ir a la Presidencia para solicitar que la isla Boná sea declarada área protegida, a través de un Decreto Ejecutivo.

La empresa Bona Pacific Corp firmó un contrato de arrendamiento de 34.7 hectáreas dentro de la isla Boná con la Alcaldía de Taboga y ha defendido el proyecto alegando, entre otras cosas, que no representa daños ambientales.