Del discurso a la acción, el reto en la lucha anticorrupción

La corrupción socava las democracias, la gobernabilidad, las instituciones y la sociedad en su conjunto. Todas las organizaciones o instituciones que tienen un rol fundamental en la lucha contra la corrupción, lo saben. El desafío es cambiar del discurso a los hechos, y de paso, la conducta tanto de servidores públicos como de quienes los corrompen.

Ayer, en el Día Internacional contra la Corrupción, se desarrolló un acto en las instalaciones de la Procuraduría Nacional de Administración al que asistieron el procurador encargado de la Nación, Javier Caraballo; el ministro de Seguridad, Juan Pino; el jefe de misión estadounidense, Stewart Tuttle, y la directora de la Autoridad Nacional de Acceso a la Información (Antai), Elisa Fernández.

Uno de los casos más emblemáticos que ha puesto en jaque a las fiscalías anticorrupción de Latinoamérica, se refiere a los sobornos de la constructora Odebrecht. Investigación que en Panamá se encuentra a la espera de que el Juzgado Tercero Liquidador fije fecha de audiencia preliminar. Lograr condenas será la prueba de fuego para el sistema y para la sociedad.

Mientras esto ocurre, la justicia estadounidense ya logró la culpabilidad de Luis Enrique Martinelli, uno de los supuestos lobistas que facilitaba agilizar la tramitología gubernamental a cambio de coimas y adjudicación de nuevos proyectos, por el delito de conspirar para lavar dinero. Parte de este dinero corrió por el sistema financiero estadounidense. Además, se espera la extradición de su hermano Ricardo Alberto Martinelli, acusado de los mismos cargos. No obstante los avances del norte en esta materia, el procurador encargado indicó que de ser necesario la fiscalía solicitará asistencias judiciales al norte. “Es poca la información que hay hasta el momento”, puntualizó Caraballo.

El jefe de misión estadounidense prefirió no ampliar si en la acusación contra los Martinelli Linares hay más exfuncionarios involucrados, tanto de la administración Juan Carlos Varela (2014-2019), como de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Caraballo afronta casos de supuesta corrupción en casa. Cuatro de sus fiscales especiales que luchaban contra la corrupción han sido denunciados por supuestamente participar en una red que junto a otros exfuncionarios de jerarquía de la administración de Varela, presionaron a los indiciados para que mencionaran los nombres de sus adversarios políticos a cambio de exoneraciones en la investigación.

Al respecto hay dos denuncias, pero aún con resultados incipientes. Caraballo analiza si tratarlas de forma separada o acumularlas, pues debe revisar si las acusaciones son similares, indicó.

En otros casos de corrupción, Caraballo indicó que se logró la imputación de dos particulares en el caso de la vacunación clandestina.

Transparentar la gestión pública, en la apertura de datos e información, así como la profesionalización del servidor público son básicas para evitar la corrupción. La directora de Antai enfatizó esto último, la ética y transparencia en la actuación de los funcionarios. Dijo que este año, más de 81 mil servidores públicos han culminado el curso de la academia de ética, de los 104 mil que se hallan en capacitación.

Fernández mencionó que ha presentado cinco proyectos de ley dirigidos a combatir este flagelo, la tentación universal que enfrentan las sociedades, para la que hay que crear barreras y fortalecer la institucionalidad.

No obstante, para luchar contra la corrupción no bastan las buenas intenciones y nuevas leyes, sino dotar a las instituciones de los recursos necesarios para implementarlas y poder detectar prácticas corruptas.

Por su parte, el ministro Pino recordó el rol preventivo y sancionatorio que está en la agenda de seguridad.

Una forma de combatir las prácticas corruptas es a través de la inteligencia, crear una ruta a corto y mediano plazo que permita desarticular las amenazas contra la soberanía, en cuanto al campo de seguridad. Pino recordó que se han presentado al Ministerio Público a servidores públicos señalados en posibles actos de corrupción.

Añadió que para identificar las conductas corruptas cuenta con unidades especializadas que trabajan con el Ministerio Público a fin de neutralizar y procesar las redes de lavado de dinero, como blancos importantes a nivel nacional e internacional.

Esto, añadió, a través de la Unidad de Investigación Sensitiva Financiera y la División de Blanqueo de Capitales y el Centro Operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, además de otras instituciones intervinientes y el apoyo financiero de la embajada de Estados Unidos.

Uno de los puntos débiles en las investigaciones judiciales ha sido lograr condenas por blanqueo de capitales que involucren redes de sociedades anónimas o asistencias judiciales al exterior.

Pino insistió en el proyecto de ley de extinción de dominio que se encuentra en la Asamblea Nacional a espera de debate, cuyo objetivo es desarrollar un marco normativo dirigido contra los bienes de origen a fin de recuperar los bienes ilícitos a favor del Estado. “Con esto se construye un mecanismo de generación de ingresos, no solo para reforzar la lucha contra la delincuencia, sino para resarcir el daño causado a la sociedad”, indicó.

Para reforzar la capacitación y labor de los investigadores, Caraballo recordó la creación de la comisión de la Fuerza de Tarea Conjunta creada con el apoyo y fuerza técnica de la embajada de Estados Unidos en Panamá, que ha permitido en poco tiempo concretar la aprehensión provisional de varios millones de dólares provenientes del blanqueo de capitales.