Dino Mon: ‘Tendremos seis años para construir confianza’

Las reformas al sistema de seguridad social, aprobadas tras meses de intensos debates, protestas y negociaciones, han situado a Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social (CSS), en el centro del debate sobre la seguridad social que desata pasiones.

En un conversatorio con periodistas del grupo editorial GESE, que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, Mon compartió sus reflexiones sobre el agotador proceso, los desafíos enfrentados y sus sentimientos tras la aprobación de la ley. No ocultó el desgaste emocional y físico, expresando con una mezcla de cansancio y determinación: “He trabajado mucho y he trabajado por mi país. Nunca hubiera pensado que este puesto iba a ser tan complicado”.

A pesar de las críticas y ataques personales, Mon insistió en su intención de mejorar las condiciones de los panameños: “Si yo estoy en este puesto es para mejorar las condiciones de todo mundo, no para hacer daño”. La reforma, que abarca cambios en el sistema de pensiones y la gestión de la CSS, fue descrita por Mon como “una ley que beneficia a todos”, aunque reconoció la dificultad de comunicar sus beneficios a la población, admitiendo que “nos toca a todos los responsables, primero yo y todos los del gobierno, hacerle entender esto a todo el país”, consciente de la desconfianza hacia el sistema.

Mon fue enfático al afirmar que no habrá aumento en la edad de jubilación “ni hoy ni mañana ni en seis años”, a menos que una futura Asamblea decida lo contrario. Sin embargo, esta postura contrasta con su recomendación técnica de incrementar la edad de jubilación para garantizar la sostenibilidad del sistema: “Yo como técnico presenté que debe incrementarse la edad de jubilación y creo que no me equivoqué”.

La discusión sobre la edad de jubilación fue uno de los puntos más polémicos de la reforma. Mon, quien defendió inicialmente su incremento, aceptó la decisión final de la Asamblea: “Yo creo que la edad de jubilación se tenía que haber subido”, admitiendo que en una democracia las decisiones se toman por consenso: “Tengo que aceptar, me guste o no, lo que se definió en la Asamblea”.

Al preguntársele si esto era simplemente “patear la pelota”, como en gobiernos anteriores, desvinculó al Ejecutivo de la decisión: “Si se pateó la pelota en seis años, no la pateó el Ejecutivo, la pateó la Asamblea de Diputados de este país”. La ley establece una revisión en seis años sobre el incremento de la edad de jubilación, un tema crucial para la sostenibilidad del sistema. “Si al final de seis años Dino Mon tenía la razón y hay que incrementar la edad de jubilación, y no se incrementa el aporte de los $966 millones más los fondos que tenemos, nos duran 35 años y a los 35 años se quebró”, advirtió.

Explicó que su postura técnica inicial era clara: el aumento de la edad de jubilación era necesario para la viabilidad a largo plazo. Sin embargo, la Asamblea priorizó “la paz social” y pospuso la decisión, algo que Mon respeta, aunque no comparte del todo: “Se logró el 75 % de lo que debía lograrse con la nueva ley”, reconociendo que ese 75 % representa lo factible en este momento.

Uno de los mayores desafíos, según el director, ha sido la falta de confianza en el sistema: “Hay tanta falta de confianza que, aunque todos digan que hay que incrementar la edad de jubilación, no lo quieren creer”. Para abordar esto, la reforma incluye un período de seis años para “construir confianza”, durante el cual se espera que la CSS mejore su gestión y transforme el sistema de salud. “La gente va a sentir que la Caja cambió y que esa confianza se está recuperando en los seis años que vienen”, afirmó, y reconoce que la confianza se construye con resultados tangibles: “En la medida en que yo transforme el sistema de salud, la gente va a sentir que la Caja cambió”.

En sus declaraciones, Mon afirmó que el sistema de beneficio definido solidario “se acabó. Caput, murió” en 2005. Según él, este sistema “sobrepagaba pensiones” y no contaba con financiamiento adecuado debido a una esperanza de vida mayor de lo previsto. “El sistema solidario pagaba pensiones por 12 años, pero la gente vivía 22 o 27 años después de jubilarse”, explicó. Esta brecha hizo insostenible el sistema. Sin embargo, esta narrativa de la “muerte irreversible” del sistema solidario podría obviar la posibilidad de reformas internas para fortalecerlo, en lugar de descartarlo.

La reforma actual se centra en el sistema mixto, presentado como la solución en 2005, pero que, según Mon, “no generaba las pensiones que tenía que generar para darle dignidad al que se retiraba”. La mejora propuesta se basa en reintegrar el 5 % que antes se destinaba a un fondo solidario y añadir un 4 % de interés sobre lo adeudado. Según el director, esto incrementará las pensiones del sistema mixto en 50 %, lo que suena prometedor, pero deja interrogantes sobre cómo se garantizará este rendimiento del 4 % y si será suficiente para compensar los bajos salarios.

Mon insistió en que “no hay que ser físico cuántico para entender” el aumento de la pensión, simplificando una realidad económica compleja. El impacto real dependerá de factores como la trayectoria salarial individual, la inflación y el rendimiento de las inversiones de los fondos de pensiones. La desconexión entre la promesa de mejores pensiones a través de cuentas individuales hecha en 2005 y la realidad posterior genera escepticismo sobre las promesas actuales.

El director de la CSS abordó los modelos de pensiones en América Latina, Y mencionó ejemplos como Chile, Uruguay, El Salvador, México y la República Dominicana como éxitos de sistemas de cuentas individuales. Su insistencia en que “cada país tiene que buscar el que realmente le calce” como justificación para no adoptar elementos de solidaridad presentes en otros modelos exitosos, como el sueco, resulta conveniente, pero poco convincente. La negativa a considerar alternativas que incorporen mecanismos de redistribución y protección social podría perpetuar las desigualdades existentes en Panamá. Mon argumenta que el sistema solidario no es viable para el país, salvo que pague pensiones por debajo del 40 % y no del 60 %, como es la aspiración del sector de los trabajadores.

Dijo que la CSS está implementando un sistema digital para que los empleados denuncien a sus patronos de manera confidencial si no reciben sus fichas. “Antes no se denunciaba por miedo a que se les botara”, asegura. “Ahora, con solo mandar mi caja digital, hemos agarrado cualquier cantidad de gente en el acto”.

Uno de los aspectos más controversiales de la reforma es el cambio en la gobernanza de la CSS. De acuerdo con Mon, la nueva ley otorga a la junta directiva un “poder absoluto para establecer sus reglamentos”, eliminando la necesidad de aprobación de los 27 gremios sectoriales. Justificó este cambio al argumentar que el sistema anterior era inoperante por la falta de acuerdo entre los gremios, que impedía la implementación de medidas necesarias. “Como nunca se pusieron de acuerdo los 27 gremios, nunca se pudo hacer un reglamento ni siquiera de protocolo de atención”, explicó.

Sin embargo, esta centralización del poder en la junta directiva no está exenta de riesgos. Si bien asegura que este cambio permitirá mayor eficiencia, también abre la puerta a una posible concentración de poder y disminución de la representación de los trabajadores. La eliminación del poder de veto de los gremios sectoriales podría tener consecuencias negativas para el diálogo social y la protección de los derechos laborales, especialmente sin mecanismos claros para garantizar decisiones equilibradas y transparentes.

Mon destacó que la nueva ley incluye un proceso de rendición de cuentas que abarca desde la junta directiva hasta el director general, lo que debería garantizar mayor responsabilidad. Sin embargo, la efectividad dependerá de la transparencia y la existencia de mecanismos independientes de supervisión. “Ahora todas esas cosas se eliminan porque la junta directiva, a través de su director general, puede automáticamente tomar las funciones reglamentarias pertinentes para hacer que el servidor público cumpla con el objetivo de servir al asegurado”, aclaró.

Se prevé la contratación de una empresa externa para evaluar la carga de trabajo y las necesidades de personal, buscando optimizar la eficiencia. Mon hizo hincapié en que este proceso será clave para eliminar la “grasa” en la institución y asegurar el uso eficiente de los recursos.

Es consciente de que la reforma no es una solución definitiva, pero cree que es un paso importante. “Si esta reforma es una curita o no, eso lo define la comisión tripartita en seis años”, asegura. “Puede pasar de todo en seis años”.

A pesar de las críticas, Mon se mantiene optimista: “Yo estoy como panameño convencido de que esta es la mejor decisión”, afirma. “No porque la haya dado el gobierno, sino porque, efectivamente, yo puse mi grano de arena aquí y le puse mi sello”.